El exconcejal de IU Marbella Enrique Monterroso (drcha) en imagen de archivo junto al actual edil de la misma formación Miguel Díaz. FOTO/ marbellaconfidencial.es
El que fuera concejal de Izquierda Unida entre 2007 y 2015, Enrique Monterroso, aportó el pasado martes diversa documentación ante el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Marbella, Gonzalo Dívar, que investiga una supuesta falsificación de documentos relacionados con la aprobación del PGOU en julio de 2009, hechos por los que la Fiscalía denunció a la exalcaldesa del municipio, Ángeles Muñoz, así como al vicesecretario del Consistorio, Javier de las Cuevas.
Según han precisado a Marbella Confidencial fuentes jurídicas, Monterroso aportó ante el juez instructor una copia DVD del 12 de junio de 2009, que le fue entregada a cada uno de los concejales con anterioridad a la aprobación inicial del PGOU en Pleno. De hecho, como ya es sabido, el entonces edil de la federación de izquierdas fue uno de los dos concejales que votaron en contra del nuevo Plan General. El otro era Juan Luis Mena, en aquel momento del PSOE, como independiente (no afiliado).
El exedil ha confirmado a este medio digital que se presentó el lunes ante el juez “sin el CD”, porque en su citación no constaba petición de documentación alguna, por lo que le dieron dos días de plazo para aportarla. El martes 11 de octubre volvió a la sede judicial ya con la documentación digital en mano.
“Me pidieron el CD, que realmente es un DVD, conteniendo la documentación elaborada por el equipo redactor del PGOU con fecha 12 de junio de 2009 y entregada a los concejales antes del pleno del 29 de julio de ese año”, ha recalcado Monterroso, quien asegura que en dicho soporte digital “las lindes estaban bien y son las que luego se cambiaron en el pleno”.
De hecho, el exmunícipe recuerda que en la Comisión de Urbanismo del 27 de julio de 2009, dos días antes de la citada sesión plenaria, “no nos informaron de las modificaciones que luego no figuraron en el acta de pleno” cuya falsedad se investiga ahora.
Antes de que concluyera la Comisión de Urbanismo del 27 de julio Monterroso insistió, “tal y como consta en el acta”, en que no se podía celebrar el pleno “sin esa documentación en nuestras manos”, a lo que no hubo respuesta del equipo de gobierno, según su versión.
Declaración de Carola Herrero ante el fiscal
El que fuera también coordinador local de IU en Marbella cree que, al parecer, en la declaración testifical de Carola Herrero ante el fiscal, la arquitecta habría asegurado al ministerio público que “existen dos PGOU, uno del 12 de junio y el segundo que se dibuja horas antes de la celebración del pleno del 29 de julio”.
Monterroso sostiene que el fiscal preguntó a Herrero si tenía el documento del llamado “primer PGOU” del 12 de junio de 2009 y ella respondió que se lo había entregado un concejal. De tales hechos “cree Carola Herrero que nace mi citación” para acudir ante el juez, supone el exedil de IU.
Así pues, los documentos aportados por Monterroso al juez son los que no coinciden con lo que, posteriormente, se llevaron al pleno del 29 de julio, de ahí que se investigue la presunta falsedad del acta de dicha sesión plenaria, si se compara con el vídeo que muestra la intervención del vicesecretario municipal. De hecho, la línea de defensa de la exalcaldesa y actual portavoz adjunta del PP en el Senado se centra en negar con rotuntidad cualquier atisbo de falsificación de planos del PGOU. Sin embargo, Muñoz no niega de la misma forma la falsificación del acta plenaria.
En contra de lo que se suponía el magistrado no tomó declaración al exmunícipe de IU. Fuentes judiciales han aclarado que Dívar está a la espera de analizar documentación solicitada a distintos organismos, como la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella, antes de proceder a recibir testimonio de testigos como Monterroso, la bogada denunciante, Cristina Falkenberg, o el imputado (ahora investigado) funcionario municipal ya mencionado.
Los intereses de la familia de Ángeles Muñoz en el deslinde
Otra diligencia que ordenó el juez fue solicitar a la televisión privada local M95 una copia del vídeo de la sesión completa del pleno celebrado en el Ayuntamiento de Marbella el 29 de julio de 2009. Una copia fue aportada y ratificada en Fiscalía por la testigo Carola Herrero, arquitecta de profesión y miembro de la plataforma contra el deslinde entre los términos municipales entre Marbella y Benahavís. Una operación urbanística que, según los denunciantes, beneficiaba a terrenos propiedad de la alcaldesa y su familia en el conocido como ‘Cerro del Colorado’. Suelos que pasaban de ser rústicos en Marbella a urbanizables en suelo benahavileño.
Como ya desveló Marbella Confidencial, tras una investigación periodística publicada el 21 de mayo de 2015, cuatro de los cinco recursos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el archivo del expediente de deslinde –decretado por la Junta de Andalucía– tienen relación con el entorno más cercano de la exalcaldesa de Marbella. Así pues, el interés de las sociedades participadas por el marido y el cuñado de Ángeles Muñoz en los suelos es evidente.
El conocido abogado marbellí Juan Luis Balmaseda, hasta hace pocas fechas administrador único de una sociedad de la alcaldesa y su marido –propietaria de la mansión donde residen– está relacionado con tres de los cinco recursos interpuestos por la vía de lo contencioso administrativo, por dos mercantiles y la comunidad de propietarios Vega del Colorado, en Benahavís.
Los recursos ante el TSJA
Al margen de los cuatro recurrentes vinculados al entorno más cercano de Ángeles Muñoz el quinto es el propio Ayuntamiento de Benahavís, por razones obvias, raro sería que estuviera conforme con que Marbella no le entregue 170.000 metros que reclama para sí. Pero la conclusión más inmediata es que ningún particular o empresa que no esté bajo la órbita de la exalcaldesa marbellí y su marido ha recurrido. Esta circunstancia arroja más luz sobre los grandes intereses inmobiliarios que el matrimonio Broberg-Muñoz tiene en la zona.
Lars Broberg y su hermano Jim hubieran podido edificar en la zona afectada por esta polémica once villas de lujo más de las previstas inicialmente en el Plan Parcial amparado por el Ayuntamiento de Benahavís, en caso de haberse consumado el ‘regalo’ de suelos de Marbella a municipio vecino, a cambio de terrenos sin valor alguno. Todo ello gracias a la gran protesta vecina de la plataforma antidoslinde.
Portavoces del citado colectivo vecinal cifraron en más de 30 millones de euros el beneficio que los Broberg hubieran obtenido, de haberse consumado el deslinde entre ambos municipios.
