El exprimer teniente de alcalde del GIL en Marbella Pedro Román, uno de los principales condenados en el ‘caso Malaya’ y conocido en su día como ‘la sonrisa del régimen’ se beneficiaría de la operación que el Ayuntamiento gobernado por PP y OSP pretende llevar a cabo para adquirir, mediante un convenio de expropiación, en principio por 2,8 millones de euros –cifra que podría aumentar sensiblemente a la hora de la tasación global– el edificio donde se asienta actualmente la delegación de Urbanismo, actuación desvelada por Marbella Confidencial la pasada semana.
Distintas fuentes de la Agencia Tributaria consultadas por este medio de comunicación en los últimos días coinciden al señalar que el Ayuntamiento de Marbella debería notificar a Hacienda, así como al tribunal de ‘Malaya’, sus intenciones de adquirir bienes que, en teoría pertenecen a Román, a efectos de la pieza de ejecución de sentencia que sigue su curso para que el exedil del GIL abone multas y demás responsabilidades pendientes.
Como ya es sabido varias instancias judiciales consiguieron, años atrás, levantar el velo societario que ocultaba diversas propiedades del que fuera brazo derecho de Jesús Gil en el Ayuntamiento de Marbella, Pedro Román, condenado a cuatro años y seis meses de prisión, así como al pago de un total de nueve millones de euros: 7 de ellos por blanqueo de capitales y 2 por delito fiscal.
En 2016 La Sala Tercera del Tribunal Supremo redujo de 56,5 millones de euros a 14,6 millones la condena económica al exteniente de alcalde de Marbella Pedro Román Zurdo por los perjuicios contables causados al Ayuntamiento en la etapa 1994-1998, en la que tuvo a Jesús Gil como mandatario.
Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal de Cuentas lograron embargar, de forma preventiva, 41 propiedades del exprimer teniente de alcalde. De ellas, 19 estaban ocultas a nombre de Nuevos Aires 2002 S.L. Se trata de pisos, garajes y locales comerciales en el edificio citado.
El capital social de Nuevos Aires 2002 S.L. que consta en el Registro Mercantil supera los 6 millones de euros. En marzo de 2011 tuvo lugar una ampliación de capital por valor de 1.180.000 euros.
Así pues, de consumarse la operación mediante la que el Consistorio marbellí se haría con las cuatro plantas restantes del polémico edificio, actualmente fuera de ordenación urbanística, tras la anulación del PGOU de 2010, Román sería uno de los beneficiarios junto al socio mayoritario de Nuevos Aires 2002 S.L., el conocido constructor Bonifacio Solís (principal adjudicatario de obra pública durante los mandatos de Ángeles Muñoz entre 2007 y 2015) y el alcalde de Estepona, José María García Urbano.
Por lo que respecta al tercer socio oficial de la citada mercantil, el prófugo Juan Hoffmann, no es más que un hombre de paja que representa los intereses de Pedro Román. De hecho, fuentes cercanas al tribunal de ‘Malaya’, consultadas por Marbella Confidencial, han asegurado que Hoffmann, a diferencia del resto de socios, solamente posee participaciones (como testaferro de Román), pero no inmuebles.
En contra de lo que trascendió en diversos medios de comunicación, Hoffmann no se encuentra huido en Alemania, circunstancia que las fuentes consultadas atribuyeron en enero de 2018 a una “confusión” con otra persona del mismo nombre. De hecho, otras fuentes cercanas a esta investigación apuntan a Brasil como posible paradero del letrado hispano alemán, debido a lazos familiares que mantiene allí. La Policía española tiene constancia de que este abogado hispano-alemán atravesó la frontera entre Brasil y Paraguay.
Al margen de la pena privativa de libertad, Hoffmann fue condenado al pago de una multa de cerca de 17 millones de euros por el delito de blanqueo de capitales cometido; 814.634 euros por el delito fiscal, así como al abono de más de 200.000 euros, en concepto de responsabilidad civil.
Hoffmann fue el testaferro de Román, a través de contratos de fiducia en Suiza (mediante la sociedad helvética Veram A.G. en el caso de los inmuebles que posee en Nuevos Aires) para ocultar parte de su patrimonio. Dichos bienes podrían servir para resarcir al Ayuntamiento como perjudicado, en los numerosos procedimientos judiciales en los que Román ha sido condenado en el Tribunal de Cuentas.
Se da la circunstancia añadida de que los peritos de la Agencia Tributaria ya ratificaron durante el juicio oral por la trama de corrupción municipal marbellí que Román, entre los años 2003 y 2005, no cumplió con liquidaciones tributarias que suman más de 2,4 millones de euros referentes a las sociedades Mola 15, Fink 2010, Marbella Airways y Nuevos Aires 2002. En todas menos en Mola 15 aparece Hoffmann como presidente, administrador único, o socio fundador.
En enero de 2018, cuando este medio digital publicó una investigación periodística que permitió determinar la continuidad de la relación societaria entre García Urbano y Hoffmann, el empresario Bonifacio Solís reconoció que tanto él como García Urbano recurrieron ante los tribunales los embargos cautelares de fincas que decretaron el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, al considerar que se trataba de bienes ocultos de Pedro Román a través de testaferros y sociedades.
Los socios de Hoffmann ganaron los recursos y los embargos sobre el edificio de Nuevos Aires se levantaron, lo que les beneficia pero va en contra de los intereses que perseguía el Ayuntamiento de Marbella, más concretamente el exasesor jurídico municipal bajo mandato del PP, Enrique Sánchez, para resarcir a las arcas públicas en lo que a Román se refiere.
Al margen de la pena privativa de libertad, Hoffmann fue condenado al pago de una multa de cerca de 17 millones de euros por el delito de blanqueo de capitales cometido; 814.634 euros por el delito fiscal, así como al abono de más de 200.000 euros, en concepto de responsabilidad civil.