Imagen de la escolta brindada por la Policía Local de Marbella al miembro del PSOE que se casaba. Foto mostrada por el PP en rueda de prensa
El fiscal jefe del área de Marbella, Julio Martínez Carazo, ha decidido remitir a los Juzgados de Instrucción de la localidad,–para su reparto y la consiguiente apertura de diligencias previas– la denuncia que interpuso a finales de julio el Partido Popular por el uso irregular de la unidad a caballo de la Policía Local durante la boda civil de un miembro de la lista electoral del PSOE en los últimos comicios municipales. Así lo ha dado a conocer este viernes el concejal y parlamentario ‘popular’ Félix Romero, al mostrar en rueda de prensa el decreto del citado representante del Ministerio Público. Se trata del mismo fiscal que investiga la presunta falsificación del PGOU y ha denunciado a la exalcaldesa Ángeles Muñoz.
En el escrito de Carazo, de dos folios de extensión y fechado el pasado 4 de agosto, pocos días después de recibir la denuncia del PP el 25 de julio, se expone la denuncia del PP, no sólo dirigida contra el todavía jefe de la Policía Local, José Andrés Montoya, como inicialmente informó Romero, sino también contra el alcalde, José Bernal, “al que incumbe la Jefatura de la Policía Local”, y el delegado de Seguridad Ciudadana, Javier Porcuna.
Tras presentarse la denuncia en Fiscalía, el citado edil conservador aseguró, tal y como recogió Marbella Confidencial, que se denunciaban presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. Cabe recordar que el jefe policial siempre ha asumido la total responsabilidad de los hechos, al menos eso es lo que trasladaron a los medios de comunicación tanto Bernal como Porcuna.
El fiscal insta a los Juzgados de Instrucción a que abran “diligencias de investigación penal” para aclarar las circunstancias en las que se desarrolló la boda. Si los hechos son “constitutivos de ilícito penal”, Carazo pide que se remitan, junto a su decreto, al Juzgado Decano de Marbella para que un Juzgado de Instrucción abra y practique “las diligencias que se estimen procedentes”.
La investigación judicial, ha señalado el edil, tendrá que “delimitar” quiénes son los responsables de la participación de los policías a caballo en un acto privado, en qué se concreta esa responsabilidad y qué supuestos delitos habrían podido cometer.
“La denuncia que habíamos presentado ha sido estimada por la Fiscalía en el sentido de solicitar que se abra la correspondiente investigación penal como consecuencia de la denuncia. Todas las explicaciones que nadie nos ha querido dar sobre esta cuestión, a partir de ahora se tendrán que dar en el correspondiente Juzgado de Instrucción”, ha explicado Romero.
El decreto señala que la denuncia del PP contempla el hecho de que el cónyuge de la boda, Daniel García Andreo, formaba parte de la lista electoral del PSOE “que encabezaba el hoy Alcalde” y de que cinco agentes de la Policía Local, dos de ellos a caballo, formaban la “escolta de gala” del séquito nupcial, evento que, según recoge el escrito, “no debiera exceder de la escolta privada”. El uso de recursos municipales en cuestiones ajenas al funcionamiento del Ayuntamiento, ha apuntado Romero, podría conllevar una presunta malversación impropia de caudal público.
El PP también apuntó en la denuncia que dos vehículos de la comitiva nupcial utilizaron un estacionamiento de carga y descarga de mercancías próximo al Ayuntamiento en contra de la normativa municipal, sin disponer de ninguna autorización y “prevaliéndose de la condición de autoridad para favorecerlo”. La falta de un decreto dictado en fecha para utilizar el estacionamiento de carga y descarga podría originar una presunta comisión de un delito de prevaricación, según el edil.
Una actuación “chusca” y propia del gilismo
Romero, exconcejal de Seguridad Ciudadana, ha asegurado que es “prematuro” solicitar responsabilidades políticas, y que el PP opta por aclarar los hechos “desde un planteamiento jurídico” ya que el Equipo de Gobierno, según el edil, no se caracteriza por asumir ninguna responsabilidad. “Desde que accedió al Gobierno, su planteamiento ha sido no hacer nada y echar la culpa de todo al anterior Equipo de Gobierno. La responsabilidad no es una seña de este Equipo de Gobierno”, ha agregado.
Romero ha calificado de “chusco y propio de la era GIL” el uso “privativo” que, según él, hizo el Ayuntamiento para “dar más boato a la boda de un militante del PSOE”.
“Era una barbaridad volver a reiterar una imagen propia de la época GIL y muy grave que se emplearan los recursos públicos de todos los vecinos de Marbella en interés de los representantes del PSOE. Es importante que los vecinos sepan que, en el supuesto de que se usen de forma ilegítima los recursos del Ayuntamiento, aquí hay un grupo político que lo denunciará, y penalmente si es necesario”, ha concluido.
