El fiscal jefe de Marbella, Julio Martínez Carazo, sólo investigó poco menos del 10% de los fondos públicos del Ayuntamiento de Marbella que recibió la trama empresarial sueca que el juez García Castellón considera una “tapadera”, para el blanqueo del narcotráfico, y a la que están vinculados Lars Broberg, marido de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, así como un hijastro de ésta, Joaquín Peter Broberg. Entre la casi treintena de procesados también figura un agente de la Policía Local que fue escolta personal de la también senadora del Partido Popular.
Como viene informando Marbella Confidencial en las últimas semanas el Ministerio Público abrió diligencias previas de investigación en 2017, a raíz de una denuncia del PSOE, por un contrato menor con Construcciones Codecosol S.L. que ascendía a 60.000 euros. Tras recabar información de la propia alcaldesa, por escrito, Martínez Carazo archivó el asunto al no apreciar indicios de los delitos de prevaricación, fraude en la contratación y tráfico de influencias, entre otros delitos.
Ahora, tras conocerse el monto total de la suma conseguida por el administrador de Codecosol, el empresario sueco Nils Fisher, también procesado por el citado magistrado en la Audiencia Nacional, al considerarle un “testaferro” del hijastro de la alcaldesa, el gobierno municipal marbellí pretende hacer creer que Fiscalía abrió una investigación por todas las contrataciones y el asunto “se archivó”. Así lo comunicó este martes el exedil de Obras del PP Javier García, ahora teniente alcalde, en rueda de prensa. Nada más lejos de la realidad en lo que afecta a los cuatro contratos restantes, no denunciados ante el fiscal marbellí.