“En treinta y dos años de ejercicio en la carrera fiscal nunca había visto nada igual”. Quien así se expresa es el veterano fiscal de Málaga Javier Torres, acusador público en el juicio de la llamada trama municipal del PA de Marbella, después de que doce de los catorce testigos que incriminaban al principal acusado, Pedro Pérez ‘Chotis’, se hayan retractado durante la vista oral, a pesar de haberle acusado durante la instrucción sobre presuntas coacciones para que se afiliaran al Partido Andalucista, a cambio de renovar sus contratos en el Consistorio marbellí en 2005.
El ministerio público solicita para el exlugarteniente del prófugo Carlos Fernández un total de 6 años y 10 meses de cárcel, así como 6 años de inhabilitación absoluta por los delitos de coacciones y malversación de caudales públicos, en lugar de los 7 años de privación de libertad que pedía inicialmente.
Un contrato ficticio a su padrastro en el Ayuntamiento
A ‘Chotis’ se le acusa, además, de contratar a su padrastro Luis Jiménez Labajos, carpintero de profesión (también acusado) y simular con él un contrato por unos servicios que nunca se prestaron. Se trataba, asegura el fiscal, de “concertarse” para crear un perjuicio a las arcas municipales.
El fiscal Torres ha retirado la acusación inicial por apropiación indebida que pesaba sobre Antonio Fernández Gámez, hermano del delincuente prófugo a raíz del ‘caso Malaya’ y convicto Carlos Fernández, ya condenado en sentencia firme por apropiarse de 80.000 euros de las nóminas de los jugadores del club municipal marbellí Unión Deportiva San Pedro.
Los hechos juzgados desde la semana pasada en la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga fueron denunciados por el exagente de la Policía Local de Marbella Cristóbal Toro, ya fallecido, a raíz de una serie de informaciones publicadas por este periodista en EL MUNDO de Málaga, a partir del 2 de septiembre de 2005.
La denuncia de Cristóbal Toro en Fiscalía
Toro denunció a ‘Chotis’ y a Fernández, pero este último, al estar fugado, no se ha sentado en el banquillo ni se dirige acusación alguna contra él. La defensa de Pedro Pérez, representado por el penalista José María Vázquez, quien ya representó al exedil del PA en el juicio por el ‘caso Malaya’, pide para él la libre absolución.
La acusación pública ha modificado este martes sus conclusiones iniciales, al rebajar de doce a dos el número de delitos de coacciones por los que acusa al exedil andalucista. Uno de los delitos citados es consumado y el otro tiene la categoría de “intentado”. Solicita dos años y cinco meses en un caso y un año y cinco meses en el otro.
De forma alternativa el ministerio fiscal considera que podríamos estar ante un delito que señala a una autoridad o funcionario público quien, a sabiendas, impide a una persona el ejercicio de de otros derechos cívicos. Por tal motivo, en este caso Torres solicita que se impongan 4 años y 10 meses de inhabilitación para cargo público por ambos delitos.
Las declaraciones testificases de este martes, ambas propuestas por la defensas de ‘Chotis’, han estado centradas en todo momento en denostar y echar por tierra la versión de la principal testigo de la acusación. Se trata de María Belén Rivas, quien junto a otro testigo ha corroborado en todo momento que fue coaccionada para afiliarse al PA y así renovar su contrato. Ella no se afilió, pero el otro testigo de cargo sí lo hizo, tal y como ha recordado el fiscal.
El fiscal nunca había visto retractarse a tantos testigos en 32 años
El fiscal ha mostrado su sorpresa ante el hecho de que hayan acudido al juicio testigos de la defensa, “llamados a última hora”, que nunca declararon durante la instrucción, que se ha prolongado durante casi diez años.
En algunos momentos el ministerio público ha llegado a preguntar a la exsecretaria personal de ‘Chotis’ si había preparado previamente su declaración, a lo que ha contestado que no.
Al acusador público también le ha llamado la atención que tanto la testigo favorable al exedil del PA, como el exvocal de la Comisión Gestora Florentino Rodríguez arremetieran contra la testigo Belén Rivas por ser “floja”, o no hacer bien su trabajo, además de sugerir que podía tener animadversión hacia el acusado porque no se le hizo un contrato indefinido.
Sin embargo, cuando ambos testigos de la defensa han sido preguntados si recordaban el rendimiento laboral de otros testigos que ya se han retractado, así como si habían tenido problemas, ambos no recordaban nada.
Se da la circunstancia de que Florentino Rodríguez fue uno de los dos vocales designados por el Partido Andalucista cuando Pedro Pérez ‘Chotis’ era secretario provincial, para que representaran a la formación en la Comisión Gestora creada tras la disolución del Consistorio marbellí, en abril de 2006, tras la llamada ‘operación Malaya’.
El “atolladero” del que no sabía cómo salir la testigo Rocío Cardeña
Especialmente significativo ha sido el caso –expuesto por el fiscal Javier Torres– de la testigo Rocío Cardeña, hermana del edil y secretario general Manuel Cardeña: “esta señora a duras penas ha podio salir del atolladero en el que se ha metido cuando se ha desdicho de su declaración en instrucción”, en la que incriminó claramente a ‘Chotis’.
Es público y notorio que cuando gobernó el Partido Popular en Marbella, con Ángeles Muñoz al frente (2007-2015) la entonces alcaldesa no sólo no apartó a Pedro Pérez ‘Chotis’ de su puesto, al frente de caudales públicos, tras varias condenas firmes por delitos urbanísticos y la primera de la dos en ‘Malaya’, sino que le asignó un plus de productividad como coordinador del área de Instalaciones Deportivas.