El portavoz de equipo de gobierno del PP en Marbella, Félix Romero, este lunes en rueda de prensa. FOTO/ CABANILLAS
“El Ministerio Fiscal acuerda mostrar su conformidad al archivo provisional de una porción importante de ese procedimiento judicial”. El portavoz del equipo de gobierno del PP en Marbella, Félix Romero, ha destacado esta vertiente del proceso penal que la fiscal pretende trasladar al Tribunal Supremo para que sea investigada allí (imputada) la alcaldesa, Ángeles Muñoz, en su condición de aforada, como senadora, por la contratación irregular de una decena de altos cargos bajo sus gobiernos entre 2007 y 2015.
Así pues, el primer teniente de alcalde se ha aferrado este lunes, tras la habitual junta de gobierno local, a lo más positivo que, dentro de su contundencia, pueden recoger los 49 folios del escrito de la acusación pública, que pide archivar determinadas imputaciones sobre una serie de encausados. Sin embargo, la fiscal Isabel Cabrera aprecia indicios de los presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación y malversación de caudales públicos en la persona de Muñoz y llega a decir que la alcaldesa actuó “en concierto” con el resto de investigados que se mantienen en el procedimiento, de ahí que considere relevante la elevación del caso al Supremo.
No obstante, Romero, al ser preguntado por Marbella Confidencial en rueda de prensa, ha dicho que desde el Ejecutivo local “no hacemos a fecha de hoy ninguna valoración sobre lo que es un proceso en marcha, que entendemos que dejará las cosas en su sitio y reflejará la realidad de que aquí no se ha cometido ningún delito”.
Sobre la tesis a la que se aferra Romero, lo cierto es que la Fiscalía pide que se archiven todas las imputaciones (prevaricación, fraude en la contratación y malversación de caudales públicos) sobre dos de los encausados: David Díaz Muñoz y Emilio García Alario.
En el caso de Juan María Carrasco, la fiscal asegura que no existen indicios de prevaricación en su persona. Por lo que respecta a la exdirectora de RTV Marbella Alicia Aguilar, periodista, al igual que Cristina González, que la sistuyó temporalmente en el cargo y luego recaló en el Palacio de Congresos, la acusación pública aboga por retirarles los cargos de fraude y malversación.
La fiscal cifra en más de 300.000 euros el perjuicio patrimonial al Ayuntamiento en sueldos
Romero no ha valorado el hecho de que el Ministerio Público aprecie un posible perjuicio patrimonial de más de 300.000 euros a las arcas municipales en la contratación de varias de estas personas que, finalmente, han permanecido en su mayoría en el Consistorio. El total
El veterano político, llamado siempre a ser el sucesor natural de Ángeles Muñoz en la Alcaldía ante cualquier contingencia judicial que le costara a la regidora su inhabilitación en los tribunales, ha pretendido en todo momento rodear de normalidad el paso dado por la Fiscalía en un “procedimiento que estaba próximo a concluir”.
De las palabras de Romero, abogado de profesión y conocedor del llamado ‘caso altos cargos’, se ha podido saber que este procedimiento que arrancó en 2017, tras una denuncia del exalcalde socialista Pepe Bernal, “estaba próximo a concluir”. En este punto, el edil del PP ha dado a conocer que la petición de la fiscal se enmarca dentro de las diligencias rutinarias que se producen a la conclusión de unas actuaciones de esta índole: “las defensas piden el archivo y la Fiscalía acusa”.
En su escrito del pasado 29 de junio, notificado a las partes el 9 de julio, la citada fiscal sostiene que “lejos de cumplir con la legalidad vigente, con conocimiento de los intervinientes, las contrataciones se efectuaron de forma totalmente arbitraria, sin que existiera procedimiento alguno para las mismas, omitiéndose la transparencia y la publicidad de la convocatoria y sus bases, vulnerándose por tanto los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad para el acceso al empleo público”.
“Son hitos de procedimientos judiciales, la semana pasada se produjo otro hito que fue el archivo de otro procedimiento”, ha señalado Romero en relación al sobreseimiento de la denuncia por supuesto ‘enchufismo’ en la delegación de Limpieza, decretado por el titular del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, Sergio Ruiz Martín.
Con su argumentario habitual en este tipo de ocasiones, el portavoz del PP ha dicho que el equipo de gobierno “tiene muy claro que siempre ha procurado, por todos sus medios, y siempre ha realizado todas sus actividades en el marco de la legalidad“, ha dicho sobre las contrataciones que pone en cuestión la fiscal, “porque aquí no se ha cometido ningún delito”.
