El concejal de Obras, Javier García (drcha) al llegar este miércoles a declarar como testigo, acompañado del asesor jurídico municipal, Enrique Sánchez.
El inspector del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella que alertó de numerosas irregularidades en la construcción del club de playa Funky Buddha, Manuel del Río, ha ratificado este miércoles ante el juez instructor del caso todos sus informes, realizados entre febrero y julio pasados. De hecho, en el marco de su declaración como testigo ha insistido en que debió dictarse “un precinto de libro” sobre las obras que no paralizó en su momento el edil del ramo, Pablo Moro, principal imputado, tras la denuncia que interpuso el PSOE marbellí.
Según consta en la declaración de Del Río, a preguntas del titular del Juzgado de Instrucción 1, Miguel Ángel Gómez Torres, el funcionario municipal ha corroborado que apreció irregularidades en el expediente de restablecimiento de la legalidad. Se trataba de terrenos “de especial protección, parque litoral”, por lo que procedía acordar el precinto.
“Si no se para voluntariamente hay que pararlo forzosamente”, ha enfatizado el testigo. Dicho precinto “es de libro conforme a la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía) y se tenía que haber dictado”, ha insistido el inspector que fue trasladado de su puesto en octubre y luego repuesto, vía decreto, por la alcaldesa, Ángeles Muñoz, al interpretarse su cese como una medida de represalia en el seno de los sindicatos municipales.
En contraposición a la versión judicial de Moro ante el juez, sobre que no ordenó paralizar las obras porque necesitaba más información y eran legalizables, el principal testigo sostiene lo contrario. Dada su experiencia como inspector de Urbanismo, Del Río considera que una vez constatada la ejecución de unas obras sin licencia municipal se adopta, como medida cautelar, “la inmediata paralización, con independencia de que resulte o no posteriormente legalizable”.
El funcionario municipal constató que las obras de ejecución de la enorme piscina, que no era desmontable sino excavada en la tierra, no contaban con licencia. Tampoco la tenía la edificación de “unos 200 metros cuadrados”.
El informe del letrado de Urbanismo para denunciar en Fiscalía
Especialmente relevante ha sido también la declaración testifical del letrado adscrito a Urbanismo Alejandro de Roa. Tal y como adelantó este medio digital fue él quien elaboró un informe en el que consideraba necesario denunciar los hechos ante la Fiscalía. Nunca se hizo.
De Roa, al ser preguntado por el juez si Moro hizo “dejación de sus funciones”, al no firmar los borradores de decreto en los que se imponían las multas coercitivas a Adventure Beach S.L., conforme a los informes jurídicos emitidos por él, ha respondido que “las resoluciones se deben firmar, que supone que sí”, según el acta de su declaración.
Escueta declaración del edil de Obras
Por lo que respecta a la declaración del concejal de Obras, Javier García, que ha comparecido como testigo, el asesor jurídico municipal y abogado defensor de Moro, Enrique Sánchez, ha asegurado, en declaraciones a marbellaconfidencial, que “solo ha durado cinco minutos”.
Durante un receso de los interrogatorios, Sánchez ha aclarado que García estaba sustituyendo al edil de Urbanismo–durante quince días de julio– y que cuando llegaron los borradores de decreto para paralizar las obras “llamó a Pablo [Moro] y él le dijo que lo dejara para su vuelta de vacaciones”. El testimonio aportado por el letrado municipal coincide con el acta de la declaración de García, de poco más de un folio.
El director general de Urbanismo
Por lo que respecta al director general de Urbanismo, Mario Ruiz, declarante en calidad de testigo, Sánchez ha concretado que el citado cargo de confianza de la alcaldesa, como así se ha descrito él en su declaración, “no había tramitado el expediente y no había nada ahí”.
En la declaración judicial de Ruiz éste ha asegurado que los decretos de otorgamiento de licencias de obras “nunca” pasan por su mesa, “ya que es una competencia delegada de la alcaldesa a favor del concejal delegado de Urbanismo”, reza el texto.
Tampoco recuerda haber pasado a Moro ningún decreto sobre Adventure Beach (empresa que explota el Funky Buddha), así como que “ha conocido el asunto a posteriori”.
El director general de Urbanismo de Marbella, Mario Ruiz, tras declarar este miércoles como testigo
La Guardia Civil apreció delitos e informó a Fiscalía
Uno de los dos agentes del Seprona de la Guardia Civil que han testificado ha hecho constar ante el juez que apreciaron indicios de un delito contra la ordenación del territorio y remitieron las actuaciones a la Fiscalía de Medio Ambiente. Según fuentes jurídicas consultadas, no consta que el Ministerio Público abriese diligencia alguna.
La inspectora que sustituyó a Del Río por enfermedad, Guadalupe Delgado, también ha ratificado los informes en los que apreció irregularidades en las obras, al incumplirse la orden de paralización del 30 de abril. Llevó a cabo un total de cuatro visitas y cada vez que iba al Funky Buddha había actividad.
Testimonio del arquitecto Enrique Arrabal
Por último, ha prestado declaración el arquitecto jefe de Disciplina Urbanística, Enrique Arrabal. Este veterano funcionario considera “no habitual” que no se firmaran los borradores y decretos de paralización de obras que eludió Moro. Desconoce por qué no los firmó y, por el contrario,sí lo hizo finalmente el 30 de abril.
Este jueves declarará como imputado el representante legal de Adventure Beach S.L., Enrique Cueto, por presuntos delitos de desobediencia y contra la ordenación del territorio.
