El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Marbella, Gonzalo Dívar, en imagen de archivo saliendo de los Juzgados. FOTO/ J.C. VILLANUEVA
El titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Marbella, Gonzalo Dívar, ha fijado el próximo miércoles como fin del plazo que ha otorgado al propietario de la cadena de restaurantes La Pesquera, Ramón Mesas, para depositar el total de la fianza decretada, 350.000 euros, por presunto fraude fiscal. Como ya adelantó este viernes Marbella Confidencial el magistrado permitió salir en libertad al conocido hostelero tras depositar 50.000 euros, según fuentes cercanas al caso.
Este medio digital ha intentado, sin éxito, conocer si la fiscal del caso ha dado su visto bueno a tal decisión, o por el contrario ha mostrado algún tipo de discrepancia con el fraccionamiento, una vez que la representante del Ministerio Fiscal partía de una petición de 500.000 euros de fianza, que primero fue rebajada a 400.000 y finalmente se fijó en 350.000 euros.
El hecho de que Gonzalo Dívar, sobrino del expresidente del CGPJ Carlos Dívar, haya decretado desde el principio el secreto de las actuaciones impide conocer más detalles, puesto que no hay información de fuentes oficiales del TSJA. Tampoco ha sido posible conocer la versión de Mesas y sus abogados para contrastar el pago aplazado de la fianza, al haberse negado a hacer declaraciones sobre este extremo a su salida de la sede judicial este viernes.
El empresario Ramón Mesas, propietario de La Pesquera (centro) al quedar en libertad bajo fianza este viernes, acompañado de sus abogados. Foto /MARBELLA IMAGEN
Otras fuentes judiciales consultadas han asegurado que no es un procedimiento habitual el que se ha empleado por parte de Dívar, aunque hay ocasiones en que se permite al detenido salir bajo fianza, sin depositar cantidad alguna, y se le otorga un plazo de unos días para abonar la cantidad que se fije.
Por poner un ejemplo distinto a lo que ha ocurrido con Mesas, cabe recordar que en el ‘caso Malaya’ el entonces instructor, Migue Ángel Torres, decretó la prisión eludible bajo fianza de 500.000 euros para el empresario José Miguel Villarroya Villar, acusado de sobornar al exalcalde Julián Muñoz, y hasta que no reunió la cantidad fijada no pudo salir de la prisión de Alhaurín de la Torre.
