La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, junto al juez Gonzalo Dívar y el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, José Eduardo Díaz, en diciembre de 2022. Foto/ Twitter de Ángeles Muñoz
El titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Marbella, Gonzalo Dívar, ha admitido una nueva querella contra la alcaldesa, Ángeles Muñoz, así como contra el primer teniente de alcalde, Félix Romero, y dos responsables de la discoteca Opium. Se trata del establecimiento que está entre los patrocinadores del coche de Fórmula E de Christian Broberg Muñoz, uno de los dos hijos de la regidora del PP.
Según la querella interpuesta por un vecino que reside muy cerca de este local nocturno, cuyo contenido ha avanzado este domingo elDiario.es y a la que ha tenido acceso Marbella Confidencial, fue en octubre de 2021 cuando se denunciaron los presuntos delitos de prevaricación administrativa, contra el medio ambiente y lesiones en relación con la gestión de Opium, así como los permisos y licencias otorgados por el Ayuntamiento.
El denunciante asegura interponer “las acciones penales que correspondan contra los funcionarios municipales responsables de las licencias y autorizaciones concedidas al establecimiento OPIUM, cuyos datos se desconocen actualmente, y contra todas aquellas personas que en la fase de instrucción del procedimiento aparezcan como coautoras, cómplices, o encubridoras de los mencionados delitos”, reza la querella de 16 folios de extensión.
Fue el 9 de febrero de 2023 cuando Dívar dictó un auto, de dos folios de extensión y que también obra en poder de este medio digital, mediante el que procedía a admitir a trámite la querella contra la sociedad que explota el local nocturno, Adventure Beach S.L.; la alcaldesa, Ángeles Muñoz Uriol, y el concejal delegado de Industria, Félix Romero Moreno, a su vez portavoz del equipo de gobierno y primer teniente de alcalde.
Ya el 2 de marzo del presente año, en el marco de las diligencias previas 2282/2021, el juez instructor dicta una providencia en la que da traslado de la querella y cita como “querellados” a Javier Bordás de Togores y Enrique Cueto Torres, al ser administradores solidarios de la mercantil Adventure Beach S.L., para el próximo 12 de abril.
Por el momento, en las actuaciones judiciales a las que ha tenido acceso este medio de comunicación, no consta aún citación alguna contra el edil Félix Romero. Cabe recordar que en caso de que el juez Dívar apreciase el más mínimo indicio racional de delito en la persona de Ángeles Muñoz el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Marbella debería inhibirse, ante el Tribunal Supremo, al ser ella senadora y tener, por tanto, la condición de aforada.
La querella refleja que el citado establecimiento logró en 2014 una licencia de apertura. En 2017 se data la existencia de un decreto de “restaurante para ocho personas” y luego, con el transcurso de los años, los propietarios del local –según los hechos denunciados– “ejercen una actividad distinta para la que tiene licencia impunemente, sin ningún tipo de control real por parte de Ayuntamiento, que permite y alienta con esta permisividad y con la concesión de autorizaciones que contravienen la normativa la situación de ilegalidad en la que actúan”.
Se detalla, además, la actividad de “música en directo”, en el marco de lo que a todas luces funciona como una discoteca nocturna, con un auditorio cuya licencia también es cuestionada por los vecinos de la zona. El denunciante sostiene que se “incumple toda la normativa existente sobre contaminación acústica”, de ahí el presunto delito de lesiones, por ruidos y molestias causadas, que se refleja en la querella.
Imagen de parte del club de playa de Opium. Foto/ Marbella Confidencial
La discoteca Opium, al borde de la antigua carretera nacional 340, convertida en un famoso club de playa, fue noticia el verano pasado a nivel nacional porque allí se produjo un tiroteo. Aquella noche se encontraba en las instalaciones Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón, nieto del rey emérito y cuarto en la línea de sucesión al trono. De ahí que el suceso tuviera mayor repercusión mediática. Tras el incidente de julio de 2022 el Consistorio marbellí revocó la licencia de restaurante, si bien la querella es de 2021.
La foto principal que ilustra esta información, en la que aparece la alcaldesa junto al juez Dívar y el concejal de Seguridad Ciudadana, José Eduardo Díaz, fue publicada por la regidora en su cuenta personal de Twitter el 3 de diciembre de 2022. Fue tomada en el bazar navideño de Cáritas. Sin embargo, unas cuantas horas después de subirla a la citada red social la también senadora borró el tuit y, por consiguiente, la citada instantánea.
Cuarto caso que instruye Dívar que afecta a la alcaldesa
A la izquierda de la imagen el fiscal jefe de Área de Marbella, Julio Martínez Carazo, a la derecha el juez Gonzalo Dívar. FOTOS/MARBELLA CONFIDENCIAL
Esta querella supone el cuarto caso en la vía penal –su competencia– que instruye el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Marbella, Gonzalo Dívar, relacionado con la gestión de Ángeles Muñoz como alcaldesa. Las tres denuncias anteriores fueron archivadas por el magistrado, el más veterano de los jueces de instrucción en la ciudad.
Cabe recordar que el llamado ‘caso deslindes’ en el que se investigó si la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, había hecho modificaciones de lindes para, supuestamente, beneficiar a su familia y a ella misma, en terrenos propios, fue archivado en 2010 por Dívar. Se trató de una denuncia del entonces edil socialista independiente (no afiliado) Javier de Luis.
En septiembre de 2018 Dívar archivó el llamado ‘caso PGOU’, frente al criterio del fiscal adscrito a la causa, Julio Martínez Carazo, denunciante de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, senadora y aforada, que apreciaba un presunto delito de falsedad documental en el acta del pleno de julio de 2009 que supuso la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Dívar dictó un auto de sobreseimiento provisional el 3 de septiembre de 2018. El magistrado volvía a reiterar que no apreciaba indicios de delito en la actuación de la regidora marbellí, en contra de lo que venía sosteniendo el ministerio público.
También en septiembre de 2018 el grupo municipal del PSOE en Marbella, liderado por el exalcalde Pepe Bernal, actual portavoz y candidato, enviaba al Supremo una querella contra Muñoz por el ‘caso PGOU’. El citado tribunal designó como ponente al conocido juez Pablo Llarena. Las actuaciones también se archivaron.
Seis meses antes, el 28 de marzo de 2018 la Audiencia de Málaga había ordenado a Dívar reabrir el ‘caso PGOU’ para investigar un posible delito de falsedad en documento por imprudencia grave, en la persona de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, después de que lo archivara, en octubre de 2017. El archivo se produjo sin haber tomado declaración a una serie de testigos propuestos tanto por la Fiscalía como por el PSOE, personado como acusación particular.
En abril de 2018 el fiscal jefe de Marbella, Julio Martínez Carazo, solicitaba al juez Dívar que enviara el ‘caso PGOU’ al Supremo por la condición de aforada de Ángeles Muñoz.
Tercer caso archivado
En enero de 2021 Gonzalo Dívar, sobrino del expresidente del CGPJ y del Supremo Carlos Dívar, archivaba el último de los grandes casos que ha instruido vinculados a la gestión de la actual alcaldesa de Marbella. Lo hizo frente al criterio del fiscal jefe de la ciudad, Julio Martínez Carazo. Se trató del llamado ‘caso altos cargos’.
Se investigó una decena de contratos de alta dirección de cargos del Partido Popular, formalizados durante los gobiernos de la alcaldesa Ángeles Muñoz entre 2007 y 2015. En julio de 2020 la Fiscalía llegó a solicitar a Dívar la imputación ante el Supremo de Ángeles Muñoz.
