El titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Marbella, Gonzalo Dívar, tiene ya su sobre su mesa, tras caer en reparto por parte del Decanato, la denuncia del fiscal de área, Julio Martínez Carazo, contra el vicesecretario municipal del Ayuntamiento, Javier de las Cuevas, y la exalcaldesa de la ciudad y actual portavoz adjunta del PP en el Senado, Ángeles Muñoz, en relación con la presunta falsificación de 22 planos del PGOU de 2010, hechos denunciados en primer término por una plataforma contraria al deslinde entre Marbella y Benahavís que la exregidora conservadora intentó promover, sin éxito, cuando gobernaba el Consistorio marbellí.
Distintas fuentes jurídicas consultadas por Marbella Confidencial han confirmado que la denuncia recayó en la citada sede judicial, si bien coinciden al afirmar que el juez Dívar no ha incoado aún diligencias previas, porque está “estudiando y analizando” toda la documentación recibida antes de dar el primero paso y pronunciarse al respeto, aclaran.
La complejidad del sumario, que motivó los once meses de pesquisas de la Fiscalía, incluida la prórroga de seis meses que decretó la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, justifican que Dívar se haya tomado su tiempo, si se tiene en cuenta, además, la presencia de una aforada como denunciada, Ángeles Muñoz. De hecho, será el titular del Juzgado 3 marbellí quien se verá en la obligación de remitir al Supremo todo lo relativo a la actual portavoz adjunta del PP en la Cámara Alta si, como es previsible, corrobora los indicios de delito apreciados por el fiscal Martínez Carazo.
La exalcaldesa otorga un poder general para pleitos al bufete Guerrero Abogados para representarla
Otro extremo que ha podido confirmar este digital apunta a que Ángeles Muñoz ya ha otorgado un poder general para pleitos al conocido bufete Guerrero Abogados, radicado en Marbella y que regenta Salvador Guerrero. Nada más conocer la denuncia del fiscal contra ella la senadora conservadora acudió a la notaría de Rafael Requena Cabo, su notario de cabecera, para otorgar un poder general para pleitos al citado bufete. De hecho, la también presidenta local del PP acudió ante el fedatario público acompañada de la edil y diputada provincial Kika Caracuel, abogada de profesión.
Las fuentes consultadas han precisado que sería Salvador Guerrero Palomares, hijo del fundador del despacho y conocido penalista quien asumiría personalmente la representación legal de Ángeles Muñoz en el caso de que, finalmente, el Supremo solicite su suplicatorio al Senado y comiencen a instruirse diligencias contra ella, como aforada, tras la hipotética decisión de la Sala Segunda del alto tribunal.
Cabe recordar que en Guerrero Abogados también desarrolla su labor como letrado el que fuera jefe de la asesoría jurídica externa del Ayuntamiento de Marbella, en tiempos del PP, Enrique Sánchez, miembro del Comité Ejecutivo local de esta formación política.
Por otro lado, el portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Marbella, Javier Porcuna, ha confirmado este martes en rueda de prensa que el tripartito que preside José Bernal estudia ahora la personación de la administración local como acusación en la causa penal que se abra, “para defender los intereses de todos los ciudadanos”.