El concejal de Urbanismo, Pablo Moro, poniéndose su casco de moto al salir de los Juzgados de Marbella tras declarar como imputado. FOTO/marbellaconfidencial.es
El teniente de alcalde delegado de Urbanismo, Pablo Moro, está cada vez más cerca del banquillo de los acusados para enfrentarse al juicio oral. El juez instructor del ‘caso Funky Buddha’, Miguel Ángel Gómez Torres, ha concluido la instrucción y procesa al edil por el delito de prevaricación por omisión. Sobresee los cargos por cohecho y contra la ordenación del territorio que figuraban en la denuncia inicial del PSOE de Marbella.
En la resolución judicial –de doce folios de extensión– a la que ha tenido acceso este medio digital, se concretan los indicios racionales de criminalidad que han aparecido a lo largo de la instrucción.
“(…) Todas estas irregularidades constituyen indicios suficientes de delito, debiéndose acordar la prosecución de las actuaciones contra el imputado Pablo Moro Nieto por los trámites del procedimiento abreviado. Éste, en cuanto autoridad municipal urbanística competente que tenía delegadas las funciones en la materia (acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 14 de junio de 2011, según se encabeza en todos los decretos), tenía la obligación de firmar los decretos analizados de incoación y ampliación del expediente de restablecimiento de la legalidad y de paralización de las obras y reiteración de la paralización y de imposición de multas coercitivas examinados, de conformidad con los arts.181 y ss. de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y de los arts.37 y ss. del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (…)”
Sin embargo, prosigue el juez, “sin justificación alguna ajustada al ordenamiento jurídico, hizo manifiesta y arbitraria dejación de su competencia y devolvió sistemáticamente sin firmar los sucesivos borradores de decreto que se le iban pasando desde los servicios municipales de disciplina urbanística (…)”
Los hechos relatados por el magistrado podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa, en comisión por omisión, previsto y penado en el artículo 404 del Código Penal.
El juez ha dado traslado de este auto, que no es firme, a todas las partes como paso previo a la apertura de juicio oral. El fiscal y las acusaciones tendrán que emitir ahora sus escritos de calificación.
Se enfrentaría a penas de entre 7 y 10 años de inhabilitación
El equipo de gobierno del PP ha vendido como un triunfo el citado auto judicial, tras el sobreseimiento de los delitos de cohecho y prevaricación. Lo cierto es que la alcaldesa, Ángeles Muñoz, sigue teniendo una patata caliente en sus filas. A pocas semanas de las elecciones municipales del 24 de mayo la calificación del fiscal podría estar lista. Moro se podría enfrentar a penas de entre 7 y 10 años de inhabilitación para cargo, o empleo público.
Cabe recordar que el edil de Urbanismo es funcionario de carrera, como administrativo del hotel Escuela Bellamar que el Ministerio de Empleo tiene en Marbella. La regidora siempre ha defendido a su subordinado, hasta el punto de que llegó a justificar su actuación, al no paralizar las obras del club de playa en que “actuó siguiendo el interés general” para la creación de puestos de trabajo en el local durante la temporada estival.
A tenor de la línea seguida por Muñoz sería toda una sorpresa que la cabeza de lista del PP no incluyera de nuevo en su lista electoral a Pablo Moro. La cuestión es saber qué puesto le asigna y si habrá renovación en la candidatura. Pronto lo sabremos.
