Imagen del Pleno de Marbella este viernes, presidido por la edil del PP Kika Caracuel. FOTO/ MC
Los grupos municipales de PP, OSP, PSOE e IU han aprobado en el pleno de marzo iniciar acciones jurídicas contra la resolución en la que la Tesorería General de la Seguridad Social anula el acuerdo con el Ayuntamiento para liquidar en un plazo de 40 años a un tipo de interés del 1 por ciento la deuda que el Consistorio generó bajo los gobiernos del GIL. El grupo municipal de Costa del Sol Sí Puede se ha abstenido.
La TGSS reclama también los cerca de 15 millones de euros que ha ingresado el Ayuntamiento procedentes de casos judiciales por corrupción con sentencia firme, entre ellos, los12 millones aportados por la Audiencia Provincial de Málaga procedentes de la responsabilidad civil a la que fue condenado el exasesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, y cuya entrega supuso la fotografá objeto de polemica entre la alcaldesa, Ángeles Muñoz, y el magistrado José Godino.
La alcaldesa, que ha defendido la propuesta, ha destacado el “esfuerzo” que El Ayuntamiento ha realizado durante los años pasados para reducir el agujero de 280 millones de euros -190 euros de deuda con la Seguridad Social y 90, con Hacienda- que dejaron los gobiernos gilistas.
Además, ha acusado al Gobierno central de actuar “con una deslealtad impropia de una administración” y ha asegurado que “llegaremos hasta donde tengamos que llegar para que Marbella pueda seguir recibiendo los bienes y derechos económicos que legítimamente le corresponden”.
“Conmigo de alcaldesa, El Ayuntamiento defenderá como lo ha hecho siempre los intereses que legítimamente le corresponden a Marbella. El dinero que se pueda recuperar de todo ese saqueo se tiene que quedar en la ciudad y ninguna administración, por hostilidad o por atropello, se lo tiene que arrebatar”, ha añadido.
Una fotografía con un marco legal de cartón
La oposición ha acusado a Muñoz de poner en riesgo el acuerdo tras “meter la pata hasta el pescuezo” al hacerse, antes de la entrada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado, la fotografía con el cheque los 12 millones de euros de dinero procedente de responsabilidades civiles del exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento, Juan Antonio Roca.
El portavoz del PSOE José Bernal ha acusado a la regidora de “protagonizar la fotografía más cara de la Historia” y de “precipitarse” al recoger el cheque “y buscar la promoción personal y no mirar por el interés general de los vecinos”.
“Si se hubiera esperado a la aprobación de los presupuestos, solo unos días después, no se hubiera producido tal reclamación”, ha agregado Bernal.
El grupo municipal socialista no ha presentado, como había anunciado esta semana, la enmienda para solicitar al Equipo de Gobierno que entregue a la Seguridad Social los 12 millones y luego recurra en los tribunales la resolución de este organismo estatal. Fuentes socialistas han asegurado a Marbella Confidencial que, técnicamente, no se podía presentar la alegación ya que hubiera supuesto someter el decreto de la regidora a referendo.
Para el concejal de IU, Miguel Díaz, Muñoz recibió el cheque para “hacerse una fotografía con un marco legal de cartón que se ha caído”. “La alcaldesa actuó con falta de diligencia ante una actuación de justicia tan importante para Marbella”, ha agregado.
Según la edil de CSSP, Victoria Mendiola, ha señalado que la probabilidad de que la Justicia dé la razón al Ayuntamiento es “prácticamente nula” y ha lamentado que Muñoz quiera que el Consistorio emprenda acciones judiciales “para anotarse un tanto electoralista y tapar su pésima gestión”.
La TGSS alega en la notificación que remitió al Ayuntamiento para comunicarle que deja sin efecto el fraccionamiento del pago de la deuda que la entrega de los 12 millones se produjo “con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma normativa producida por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018″.
Los gobiernos de GIL dejaron una deuda de unos 500 millones de euros, de los que 280 se debían a la Seguridad Social y con Hacienda.
283 nuevas plazas en Limpieza
PP, PSOE y OSP han aprobado, con la abstención de IU y la oposición de CSSP, la creación de 283 plazas de distintas categorías vinculadas al área de Limpieza y Residuos Sólidos Urbanos “para dar respuesta a las necesidades del municipio y seguir con los niveles más que óptimos de servicio público”, ha indicado el concejal del Personal, Baldomero León.
“Así damos cumplimiento a sentencias que obligan a la creación de esos puestos y, por otra, damos estabilidad a contratos fijos-discontinuos que se venían haciendo de forma sistemática. Estas plazas están dotadas presupuestariamente y su creación gozan de los informes favorables”, ha agregado.
En otro orden de cosas, se ha aprobado instar al Ministerio de Fomento a que legalice la situación del edificio que albergará la futura sede del Palacio de Justicia ya que, según ha explicado la concejala de Ordenación del Territorio, María Francisca Caracuel, se ve afectado por la línea de edificación de la autovía A-7.
Además, se ha dado luz verde a una solicitud para que el Ministerio de Educación y Cultura ceda dos torres vigías para que el Ayuntamiento asuma su conservación y otra para ceder a la Junta de Andalucía una parcela en la zona norte del municipio para la construcción de un centro de salud.
