El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Marbella, Félix Romero, que a su vez representa al equipo de gobierno conformado también por OSP, ha anunciado este lunes que el Ejecutivo que preside Ángeles Muñoz estudiará el fallo de la sentencia, en la vía penal, que afecta a la concesión del parking vinculado al excomisario José Manuel Villarejo, para verificar si es factible la retirada de la misma.
La reacción de Romero se ha producido durante la rueda de prensa que ha ofrecido tras la junta de gobierno local semanal. El también primer teniente de alcalde marbellí se mostraba el pasado sábado, en declaraciones al diario La Opinión de Málaga, bastante escéptico en cuanto a que se pudiera retirar la citada concesión a la empresa Autocobermar S.L., en caso de basarse en las actividades presuntamente delictivas de Villarejo, actualmente en prisión provisional y cuyo hijo es el administrador y propietario de la citada mercantil.
Tras recordarle Marbella Confidencial a Romero que existe un procedimiento penal, ya sentenciado, en base al que se juzgó a la exalcaldesa Marisol Yagüe (GIL) y a otros exediles de su gobierno por presuntos delitos relacionados con la concesión de dicho parking, el portavoz del PP ha contestado lo siguiente: “Yo esa sentencia la voy buscar, porque es pública, y si tenemos constancia de que se puede revisar la concesión, que no haya la menor duda, pero tenemos que cumplir siempre con la legalidad dentro del Estado de Derecho”.
VÍDEO.- El portavoz del @PPMarbellaSP en el @Ayto_Marbella, @_FelixRomero, asegura que averiguarán el fallo de la sentencia por la concesión irregular del parking vinculado al comisario Villarejo en #Marbella https://t.co/VLWYLVoClQ
— marbellaconfidencial (@marbellaconfi) October 22, 2018
Romero ha añadido que “si en el proceso que se llevó adelante se ha incumplido con la legalidad y eso además consta en sentencia, evidentemente, como todos comprenderán, si se puede resolver la situación de un parking que es de titularidad municipal evidentemente lo haremos”, ha dejado claro el brazo derecho de la alcaldesa.
“Cualquier concesión se tiene que retirar con arreglo a un criterio objetivo que esté dentro de legalidad, o como consecuencia de una adjudicación que pueda ser irregular”, ha querido aclarar el edil conservador.
Sobre sus declaraciones al rotativo malagueño del pasado sábado, Romero ha matizado que “el hecho de que haya una relación entre un señor que ha tenido una actuación muy dudosa, e incluso ha sido condenado por algún tribunal, ese hecho no garantiza que se pueda revisar y retirar una determinada concesión”, ha zanjado.
Como ya informó Marbella Confidencial el pasado lunes, tras pedir IU que se revisara la concesión, fue el diario El Mundo en 2005 el medio de comunicación que desveló esta adjudicación irregular del citado aparcamiento, otorgado a una sociedad propiedad del exinspector de Obras del Ayuntamiento Antonio Codías.
La sociedad Autocobermar se constituyó el 17 de julio de 2002 y tuvo como socios al citado Codías, así como a Francisco Javier López Crespo. Según los datos recabados por Marbella Confidencial en el Registro Mercantil, en agosto de 2011 la sociedad pasó a ser de un socio único: Club Exclusivo de Negocios y Transacciones S.L., domiciliada en la Torre Picasso, donde el comisario Villarejo tenía su principal despacho en Madrid. La conexión con su hijo de nuevo es evidente, porque en Club Exclusivo de Negocios figura como administrador único José Manuel Villarejo Gil.
Cabe recordar que el exedil del GIL Alberto García Muñoz, ya como edil opositor, presentó una querella ante la Fiscalía de Málaga contra la comisión de gobierno que presidía Yagüe por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. La entonces titular del Juzgado de Instrucción 1 de Marbella, Carmen Rodríguez Medel, conocida ahora por el llamado ‘caso master’ citó como imputados a Yagüe y los siguientes tenientes de alcalde: Isabel García Marcos, Carlos Fernández y Pedro Pérez ‘Chotis; el tránsfuga del PSOE José Jaén y los entonces ediles gilistas Victoriano Rodríguez, Carmen Revilla, Rafael Calleja y Tomás Reñones.
Se da la circunstancia de que el llamado ‘caso Autocobermar’ es una de las causas que se declararon prescritas en el proceso de extradición que se lleva a cabo sobre el prófugo del ‘caso Malaya’ Carlos Fernández. Fue en septiembre de 2017 cuando el Juzgado de Instrucción 1 de Marbella declaró, mediante un auto la prescripción para Fernández, si bien el juicio oral se habría celebrado contra el resto de acusados, incluido Antonio Codías y el exsecretario municipal Leopoldo Barrantes. A los delitos inicialmente denunciados por García Muñoz el juez sumó los de fraude, falsedad e información privilegiada a la hora de adjudicar la concesión del parking, a cuyo concurso no se presentó nadie más.