El PP consuma el golpe estatutario en la Mancomunidad Occidental La mayoría conservadora aprueba el cambio para que cada municipio esté representado de forma acorde con su población ;Sólo con ser la lista más votada en grandes municipios, sin gobernarlos, el PP se asegura el control del organismo ;La oposición (PSOE, IU y ASM) anuncia que acudirá a los tribunales ;El secretario del ente supramunicipal se pronunció en contra ;Los populares esgrimen un informe jurídico de un asesor de Diputación en comisión de servicioLa mayoría conservadora aprueba el cambio para que cada municipio esté representado de forma acorde con su población ;Sólo con ser la lista más votada en grandes municipios, sin gobernarlos, el PP se asegura el control del organismo ;La oposición (PSOE, IU y ASM) anuncia que acudirá a los tribunales ;El secretario del ente supramunicipal se pronunció en contra ;Los populares esgrimen un informe jurídico de un asesor de Diputación en comisión de servicio

 

Los representantes del PP votando este lunes el cambio de estatutos en Mancomunidad

Los representantes del PP votando este lunes el cambio de estatutos en Mancomunidad 

No ha habido sorpresas. La modificación de los estatutos que ansiaba el PP en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental se ha consumado este lunes, a ocho meses de las próximas elecciones municipales, gracias a la mayoría con que cuenta el partido gobernante en el ente supramunicipal.

El portavoz de los conservadores y vicepresidente del organismo, Félix Romero, ha defendido la modificación de estatutos, “al primar ahora los criterios de población. Un ciudadano, un voto”. La representación de cada ayuntamiento será acorde a la población que tenga, en lugar de los dos vocales con que contaba hasta ahora cada uno de los once municipios.

Esta modificación estatutaria propiciará un giro de 180 grados en cuanto a representación de cada municipio. Al primar los de mayor peso poblacional, tales como Marbella, Mijas, Torremolinos y Fuengirola- alcaldías que ostenta actualmente el PP- los conservadores se asegurarían tener mayor representación que PSOE e IU, aunque perdieran el gobierno municipal en las citada localidades. De hecho,  contarían con más vocales que sus rivales con sólo ser la lista más votada, algo que se prevé bastante probable.

La oposición en el ente que preside Margarita del Cid ha expresado su rechazo, al tiempo que ha anunciado que acudirá a los tribunales. Tanto PSOE como IU y la ASM (cogobernante en Manilva) han votado en contra. Los municipios perjudicados especialmente son Casares, Ojén , Istán y Manilva. Todos ellos tienen una gran tradición de alcaldes de izquierda, tanto del PSOE como de IU. Benahavís, feudo tradicional del PP, también sale muy perjudicado. Su alcalde, José Antonio Mena, no ha roto la disciplina de voto. Sin embargo, fuentes populares sostienen que el regidor no está nada satisfecho pero lo acata.

El portavoz del grupo socialista y alcalde de Ojén, José Antonio Gómez, ha expuesto que la medida unilateral “dinamita la Mancomunidad y la convierte en un organismo de partidos políticos”. Ha esgrimido el informe desfavorable del secretario de Mancomunidad. Pese a ello, el PP se acoge a un informe encargado expresamente a un cargo en la Diputación de Málga, que autoriza el cambio estatutario.

Al término de la sesión, el secretario de Política Institucional del PSOE-A y portavoz en Diputación, Francisco Conejo, ha querido dejar claro ante los periodistas que “en ningún momento” los habilitados nacionales del ente que preside Elías Bendodo (PP) se han pronunciado mediante informes sobre la citada modificación estatutaria.

Conejo sostiene que el jurista que ha elaborado el informe al que se acoge el PP es una persona “en comisión de servicio, nombrada por el presidente de la Diputación”, por lo que los socialistas aseguran que se trata de “un informe a medida”. De hecho, según el dirigente socialista, el contrato laboral de este abogado elegido por los populares “depende directamente del presidente Bendodo”.

Tanto PSOE como IU y ASM ya han anunciado que si el PP no da marcha atrás acudirán a los tribunales para denunciar la modificación estatutaria. De hecho, sus servicios jurídicos estudian ya si optarán por la vía  penal, o de lo contencioso-administrativo.

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