Lo que en un principio el equipo de gobierno tripartito calificó como “un error” y “un resbalón”, por lo que pidió disculpas, ha acabado en la mesa del fiscal jefe del destacamento de Marbella, Julio Martínez Carazo. El concejal del PP Félix Romero ha confirmado este miércoles, en rueda de prensa, que su grupo municipal ya ha formalizado la denuncia por el uso indebido de agentes de la Policía Local y caballos durante la celebración de la boda de un integrante del PSOE marbellí.
A preguntas de los periodistas, Romero ha concretado que la acción penal va firmada por los trece concejales de la formación conservadora, con Ángeles Muñoz al frente. Al contrario que ene otras denuncias interpuestas por los ‘populares’ en los tribunales, donde firman uno, o dos ediles.
El que fuera portavoz del equipo de gobierno de Muñoz (2011-2015) no ha aportado excesivos detalles, pero sí ha confirmado que la denuncia se interpone por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Romero reconoce que aunque la acusación no se concreta de forma específica en persona concreta, sí ha matizado que se pretende aclarar la responsabilidad penal, por este orden: José Andrés Montoya, jefe de la Policía Local, que asumió toda la responsabilidad en el uso de los efectivos y caballos; Javier Porcuna, delegado de Seguridad Ciudadana, que se desvinculó de cualquier decisión, así como el propio alcalde, José Bernal, como “supuesto responsable máximo” de los hechos, recalca el también parlamentario andaluz por Málaga.
Una vez que la denuncia llega al ministerio fiscal el procedimiento que se sigue es abrir unas diligencias de investigación y, en caso de apreciar indicios de delito, Fiscalía enviaría a un juzgado de guardia de Marbella los hechos denunciados por el PP, para que un instructor se haga cargo de las pesquisas sobre este polémico asunto, que tuvo amplia repercusión en televisiones nacionales.
No parece que las explicaciones ofrecidas por el tripartito hayan sido suficientes para el PP que ahora, más de un año después de la toma de posesión de Bernal como alcalde, interpone la primera denuncia en la vía penal contra el Ejecutivo local. Sí han presentado más de 50 en la vía de lo contencioso-administrativo, al no conseguir recabar documentación municipal solicitada.