Imagen de los edificios del Banana Beach, emblema del urbanismo ilegal de Gil, en segundo plano tras el arco de entrada a Marbella. Foto/ MARBELLLA IMAGEN
El exprimer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella con el Partido Popular, Félix Romero, ha desvelado este lunes en rueda de prensa que cuando su formación gobernaba la administración municipal, presidida entonces por Ángeles Muñoz, “recibimos decenas de órdenes de demolición”. El testimonio del ahora edil en la oposición es novedoso, hasta ahora desconocido, por cuanto estos hechos tuvieron lugar tras la aprobación del PGOU de 2010 y los exgobernantes no lo habían hecho público hasta ahora.
“Yo estaba en la Junta de Gobierno Local (JGL) y en varias ocasiones, por lo menos en decenas de ocasiones, se recibieron peticiones de ejecución de sentencia. Esas peticiones llevaban invariablemente a una situación de demolición”, ha precisado el también parlamentario autonómico por Málaga.
Romero sostiene que la JGL, “basándose en un fundamento legal, que era precisamente la existencia del Plan General, que establecía mecanismos de legalización, nos opusimos a esas ejecuciones que entendíamos no colaboraban, de ninguna forma, al interés público”.
No se recuerda que Romero informara de estos hechos en las ruedas de prensa posteriores a las JGL
Las revelaciones del exportavoz gubernamental y exbrazo derecho de Muñoz en la Alcaldía han llamado la atención, por su trascendencia, así como por el hecho de que no se recuerda que en las ruedas de prensa habituales de los martes, tras las JGL, Romero diera detalle alguno de lo que ahora cuenta. No obstante, tampoco es de extrañar, porque la política de comunicación del PP consistía habitualmente en ocultar las resoluciones judiciales adversas y dar a conocer únicamente los logros obtenidos por los letrados municipales en los tribunales.
Cabe recordar, como referencia para arrojar luz a lo que ahora cuenta Romero desde la oposición, las numerosas críticas que la abogada experta en urbanismo Inmaculada Gálvez dirigió por escrito y a través de los medios de comunicación contra el anterior Ejecutivo local de Ángeles Muñoz, al que acusó de desobedecer “de forma sistemática” las resoluciones judiciales.
No son pocos quienes sostienen, ahora y en el pasado, que el interés de la exalcaldesa estuvo más en proteger a los grandes promotores y empresarios que al ciudadano de a pie.
Proposición No de Ley en el Parlamento de Andalucía
El testimonio de Félix Romero sobre las demoliciones ha eclipsado, en parte, su comparecencia ante los periodistas de este lunes sobre la Proposición No de Ley en el Parlamento andaluz, que presentará el Grupo Popular, para que la Junta de Andalucía impulse un instrumento legislativo que evite la ejecución de las sentencias de demolición que pesan sobre muchas de las viviendas irregulares.
“Nuestra prioridad son los terceros de buena fe”, ha dicho Romero, quien ha recalcado que el Gobierno andaluz “tiene que legislar para dotar de cobertura legal y jurídica a esos propietarios de viviendas irregulares que son las víctimas de todo lo que ocurrió en la ciudad en torno al urbanismo”. Lo cierto es que el Tribunal Supremo no reconoce a los llamados terceros de buena fe en sus tres sentencias firmes que anulan el Plan de 2010.
El parlamentario andaluz ha recordado que el PP está “actuando en todo momento desde la lealtad institucional, con un espíritu de colaboración y de participación, como no puede ser de otra manera habida cuenta de que somos el grupo mayoritario de cuantos conforman la corporación municipal”, informa Europa Press.
“Situación jurídica complicada y compleja”, tras la anulación del PGOU de 2010
“La anulación del PGOU por parte del Tribunal Supremo ha creado una situación jurídica complicada y compleja”, ha asegurado el también concejal ‘popular’ en Marbella, apuntando que “nosotros vamos a estar en la búsqueda de soluciones factibles para todos los afectados”.
Romero ha pedido tanto al Ayuntamiento como a la Consejería, “información permanente sobre la hoja de ruta que se va a llevar en ambas administraciones” y ha insistido en la necesidad de “buscar soluciones a corto plazo para dar tranquilidad a las miles de familias afectadas por la anulación del PGOU.
desde cuando no obedecer una sentencia es delito
¿Quién ha hablado de delito?