El concejal del PP y parlamentario andaluz, Félix Romero, ha exigido este martes al equipo de gobierno de Marbella que “dé traslado a su grupo del expediente que supuestamente se abrió al subinspector de la Policía Local Santiago Montero, hombre de confianza del equipo de gobierno, tras haber sido condenado por coacciones”.
Romero, que ha reaccionado de tal forma después de el diario Sur desvelara la condena por coacciones contra Montero, tras un juicio de faltas por sacar su placa a dos árbitros de baloncesto en Málaga, ha preguntado también sobre la identidad y procedencia del instructor de dicho expediente, toda vez que en el caso de otro mando expedientado “se acudió a un instructor de fuera de la ciudad”.
“Desde el PP consideramos de enorme gravedad que se pueda estar actuando con discrecionalidad por parte del equipo de gobierno, con doble rasero en función de la identidad del agente”, ha afirmado Romero, al tiempo que ha incidido en la necesidad “urgente” de aclarar este nuevo episodio “lamentable” que supone otro revés para la imagen de la policía local, informa Europa Press
Nombrado por libre designación en el organigrama de la Policía Local.
Por otro lado, Romero ha recordado que Montero “es el cargo que el equipo de gobierno local nombró por libre designación en el organigrama de la policía local”, que fue impugnado por los sindicatos, que entendían que “dicho nombramiento debía hacerse por concurso de mérito y que ha venido actuando como comisario político desde que el actual equipo de gobierno llegó al Ayuntamiento”.
Por último, el concejal ha reclamado al equipo de gobierno de Marbella “que aclare las funciones que tiene Montero en el nuevo cargo, y si en algún momento desde que recibió la sentencia del juzgado hace un año que lo condenaba por coacción ha sido expedientado o no”.
El delegado de Seguridad Ciudadana, Javier Porcuna, ha asegurado este martes haberse enterado “por la prensa” de la condena a Montero. El edil, periodista de profesión, ha hablado de “filtraciones interesadas” para, a su juicio, “dañar el buen nombre de este señor”, en alusión al subinspector que se ha convertido en su brazo derecho y que estuvo abiertamente enfrentado al exjefe policial, José Andrés Montoya.
Llama poderosamente la atención la diligencia del PP por conocer si se tramitó el expediente administrativo contra Montero cuando, en el caso del exedil del PA Pedro Pérez ‘Chotis’, personal laboral del Ayuntamiento– finalmente condenado en el ‘caso Malaya’,– la exalcaldesa Ángeles Muñoz no sólo no le expediente nunca, tras su paso por prisión preventiva, sino que le premió con el cargo de coordinador de Instalaciones Deportivas.
El PP, pudiendo haber despedido a ‘Chotis’, lugarteniente del delincuente prófugo Carlos Fernández, nunca lo hizo, a pesar de que no era funcionario. Finalmente, el equipo de gobierno que preside el socialista José Bernal, despidió a Pérez tras la ejecución de su condenado firme e ingreso en prisión.
Sin embargo, el PP aplicó un rasero distinto al exjefe de Policía Local Rafael del Pozo, a quien suspendieron en sus funciones y apartaron del cargo. Fue condenado en ‘Malaya’ pero ahora la Audiencia de Málaga está a punto de dar a conocer la resolución del último recurso de súplica, interpuesto por el Ayuntamiento que, de darle la razón al expando, como parece probable, le abriría la puerta de forma automática para regresar a su plaza de superintendente.