La portavoz del PP, Ángeles Muñoz, junto a su ‘número 2’ y coordinador de Urbanismo, Cristóbal Garre, este miércoles en rueda de prensa. Foto/ marbellaconfidencial.es
Ángeles Muñoz parece centrar ya su precampaña electoral como candidata al Senado en la defensa de los llamados terceros de buena fe, compradores de viviendas que ahora el Supremo viene a considerar ilegales, tras el último fallo judicial que anula el PGOU de 2010. Los conservadores llevan dos ruedas de prensa seguidas centradas en este colectivos de afectados, que son la cara visible de las más de 16.000 viviendas que se encuentran al margen de la legalidad.
Todo apunta a que Muñoz rentabilizará esta coyuntura en su campaña al Senado. Al fin y al cabo las familias de afectados con casas compradas en Marbella que quedan en un limbo jurídico son un caudal muy importante de votos para el 20D. No sería extraño que surgieran en breve plataformas de ciudadanos considerados de buena fe, como ocurrió cuando la promoción del Banana Beach, entre otras, quedó al margen de la ley.
“Cobertura y un marco legal autonómicos”
Muñoz ha pedido este miércoles a la Junta de Andalucía una “cobertura y un marco legal autonómicos” que garantice a los compradores de viviendas del municipio que sus viviendas no serán demolidas y un “compromiso expreso” para que no pida al Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJA) que ejecute las sentencias de derribo.
La portavoz del PP, que ha comparecido en rueda de prensa junto al coordinador de Urbanismo del PP, Cristóbal Garre, ha lanzado esta petición después de que el Tribunal Supremo (TS) anulara el PGOU de 2010, que recogía un sistema de compensaciones para legalizar las propiedades que se edificaron de forma irregular durante los gobiernos del GIL.
Mensaje para las más de 16.500 familias con viviendas irregulares
“Hay que mandar un mensaje claro y expreso a las más de 16.500 familias cuyas viviendas quedan en situación de irregularidad. Hay que darles una cobertura jurídica que permita que no se ejecuten las sentencias previstas sobre la demolición de las viviendas”, ha señalado.
Muñoz ha recordado que el Gobierno regional instó al TSJA a que se ejecutaran las sentencias de demolición. Así, ha pedido a la Corporación municipal y a los grupos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía que trasladen un “respaldo claro” para que esos propietarios sepan que sus propiedades están garantizadas.
La que fuera alcaldesa de Marbella cuando el Consistorio aprobó el PGOU de 2010, ha calificado de “fundamental y prioritario” trasladar a estos propietarios un mensaje de “seguridad y tranquilidad”.
Críticas al equipo de gobierno
“El equipo de gobierno habla mucho de inversores y futuros promotores, a los que manda mensajes de tranquilidad. Que no se equivoque. La confianza vendrá si los compradores de buena fe saben que hay una cobertura autonómica y municipal que les mantengan sus casas”, ha explicado.
La portavoz ‘popular’ ha recordado que los vecinos pueden acceder al Sistema de Información Territorial de Marbella (Sitma), ubicado en el portal web municipal, para comprobar en qué situación quedan sus viviendas según el PGOU de 1986, que entra en vigor tras la anulación del de 2010.
También ha instado al Gobierno local a que ponga en servicio “con la máxima celeridad” una oficina en la que los vecinos puedan informarse sobre asuntos urbanísticos.
Respuesta del Equipo de gobierno
Por su parte, la delegada municipal de Urbanismo, Isabel Pérez, ha lamentado que el Partido Popular “lance noticias sin fundamento” en materia urbanística en lugar de “apostar por la unidad de toda la Corporación ante un tema tan trascendental como el PGOU”.
“El PP está demostrando un desconocimiento sobre el urbanismo y su funcionamiento, ya que se refiere a mecanismos necesarios sin tener en cuenta las posibilidades urbanísticas y legales”, ha señalado la edil del ramo.
Pérez ha asegurado que el equipo de gobierno “conoce las deficiencias de Marbella y San Pedro y su voluntad es trabajar para solucionarlas teniendo en cuenta el momento urbanístico actual y los procesos legales pertinentes”.
Además, ha recordado que en el último pleno municipal el PP “no estuvo a favor de aprobar un Plan Parcial de manera definitiva con el que se iban a obtener suelos de equipamiento para uso de la ciudad”.
Por último, ha señalado que el PGOU de 1986 que aparecía en el Sitma “no era operativo y estamos trabajando en su digitalización y contraste para su manejo en dicha plataforma”.
Es una verguenza que en casa ilegales,compradas de buena fe en el año 2005,y que aun no tengamos licencia de primera ocupacion,se nos este cobrando el IBI,y las basuras.No son ilegales?,porque se cobra una ilegalidad?.Y porque se nos da un contrato de luz y de electricidad?.Y porque ha firmado un notario su venta?.
Pienso que esto ha sido una estafa por parte de los promotores,algunos de ellos imputados en la operacion Malaya,y que estan millonarios y en la calle.
YO PIDO DEVOLVER MI CASA Y QUE ME DEVUELVAN EL DINERO PAGADO,`puesto que es una estafa.