El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Marbella ha solicitado este viernes, por Registro de Entrada del Consistorio, una petición para que el equipo de gobierno saque a concurso la licitación “inmediata” del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, tras la anulación del anterior Plan vigente de 2010, por parte del Tribunal Supremo.
Ha sido el parlamentario andaluz y edil Félix Romero el encargado de ejercer como portavoz de la formación conservadora ante los periodistas a las puertas de la Casa Consistorial. Una vez más, los ‘populares’ se han negado a hacer uso de la sala de prensa municipal, habilitada para todos los partidos políticos que tienen representación plenaria.
Romero cree que “se ha perdido mucho tiempo” desde que el pasado mes de octubre se produjera el fallo judicial del Alto Tribunal que anulaba el anterior PGOU de 2010. De hecho, a los conservadores no les parece suficiente la solución que ha arbitrado el Ayuntamiento de Marbella junto a los técnicos de la Junta de Andalucía, tras las reuniones bilaterales entre ambas administraciones para adaptar el Plan del 86 a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Al PP no le parece razonable que el urbanismo de Marbella se rija “por un documento de hace más de treinta años”, ha explicado Romero tras recordar que en 1986 “la ciudad tenía 70.000 habitantes y ahora cuenta con 140.000”.
El edil opositor cree que solamente otro PGOU es la única opción para crear un “marco jurídico estable que atraiga la inversión y dé seguridad a los ciudadanos”, por lo que también ha instado al gobierno local a “no perder ni un minuto” en el inicio del procedimiento para elaborar el futuro planeamiento.
“Tristemente, constatamos que el borrador de los presupuestos locales de 2016 no incluyen una partida suficiente. Tampoco se ha previsto una cuantía suficiente en los presupuestos de la Junta de Andalucía”, ha expuesto Romero sobre la redacción del futuro PGOU. En este punto, ha recordado que el arquitecto que dirigió la redacción del Planeamiento de 2010, Manuel González Fustegueras, cobró “no menos de un millón de euros”.
El portavoz ‘popular’ ha asegurado que con el transcurso del tiempo se podrá valorar si la solución que ha tomado el gobierno local para solventar de forma provisional el desarrollo urbanístico, adaptar el PGOU de 1986 a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), de rango autonómico, es la “más correcta o no”.
A juicio de la formación política opositora, la solución “transitoria” que ha elegido el Ejecutivo local provocará que el urbanismo del municipio se desarrolle con una “visión” de hace 30 años, en alusión a la época en que se aprobó el planeamiento que se ha ajustado a la LOUA.
Romero ha enmarcado el despido de varios arquitectos de Urbanismo en el mismo periodo de toma decisiones, desde octubre hasta ahora, que ha desembocado en la adopción de la LOUA como marco para la adaptación del PGOU del 86.
“En un momento en el que hace falta aún más arquitectos para salir de esta situación, es una irresponsabilidad despedir a estos técnicos. La medida provisional no estará aprobada, como mínimo, hasta finales del año que viene y no contempla las necesidades de la localidad”, ha indicado.
Asimismo, ha destacado que, entre otros equipamientos que no recoge el PGOU de 1986, se encuentran el Hospital Comarcal Costa del Sol, cuya ampliación está paralizada desde hace algunos años, el Puerto de La Bajadilla o el trasladado del Polígono Industrial de La Ermita, y además, deja fuera de ordenación las cerca de 16.000 viviendas edificadas al margen de la ley durante los gobiernos del GIL.
El citado parlamentario andaluz por Málaga opina que “el Ayuntamiento tiene un planteamiento provisional, cortoplacista y que no tiene en cuenta la solución para las 16.000 viviendas ni para las grandes infraestructuras que están pendientes de ejecución”.