El concejal del PP Cristóbal Garre ha emplazado este lunes al Gobierno local a que traslade al Patronato de Recaudación los valores catastrales del municipio para que el ente que depende de la Diputación Provincial los revise a la baja de cara al presupuesto de 2017.
El edil ‘popular’ ha señalado que el retraso que, según él, sufre el proceso de adaptación del PGOU de 1986 a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), necesario para restablecer la normalidad en el urbanismo del municipio tras la anulación del Plan de 2010, impedirá que se puedan revisar los valores catastrales a efecto de pago de algunos impuestos, como el IBI o las pluslvalías.
Los valores catastrales actuales se concretaron en 2011 con motivo del PGOU de 2010. Sin embargo, después de que el Tribunal Supremo anulara el planeamiento a finales del pasado ejercicio, los valores catastrales se deberían revisar para adaptarlos al uso de las parcelas del planeamiento de 1986.
Garre ha asegurado que existe una vía para revisar a la baja los valores catastrales al mismo tiempo que el Gobierno local continúa la adaptación del PGOU de 1986 a la LOUA, trámite que, ha indicado el concejal, dura unos seis meses.
Según el edil del PP, ambos procedimientos son independientes, por lo que el tripartito podría trasladar los valores al Patronato de Recaudación para que éste los supervisara. El ente de la Diputación Provincial necesita, según Garre, unos tres meses para culminar la revisión de cara a 2017, lo que obligaría al Gobierno local a facilitarle los valores catastrales antes de septiembre u octubre de este año.
“Hay que actuar sin pausa pero con prisas”, ha señalado Garre, que ha asegurado que el retraso en la adaptación del PGOU de 1986 conllevará también una merma en los ingresos en materia de urbanismo que recibe el Consistorio.
De no elevar los valores catastrales, ha señalado Garre, éstos se prorrogarían, lo que haría que en 2017 se computaran de nuevo los valores de 2011 y que experimentaron “una subida muy fuerte porque el PGOU de 2010 recogía una serie de derechos de aprovechamientos sobre inmuebles y calificaciones de parcelas que con el Plan de 1986 no se dan”.
“El Ayuntamiento de Marbella tiene que remitir los valores para que, en justicia, se le cobre a cada ciudadano lo que le corresponde pagar con la vigente ley urbanística, que es la de 1986”.
Respuesta de la edil de Urbanismo
La concejal de Urbanismo, Isabel Pérez, ha calificado de “cínica” la petición del PP para revisar a la baja el catastro ya que, ha recordado, las Corporaciones regidas por los ‘populares’ no bajaron el IBI a los vecinos durante los ocho años de gobierno.
“El PP, de nuevo, opta por la confrontación en materia de urbanismo cuando lo deseable para la ciudad sería que apoyara los pasos que da el Equipo de Gobierno en esta materia”, ha señalado.
La concejal ha señalado que la adaptación del Plan de 1986 a la LOUA está en proceso aunque ha admitido “complicaciones” debido a la casuística del municipio. “Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo”, ha asegurado.