La concejala y senadora del PP de Marbella, Ángeles Muñoz (centro) arropada por todos sus concejales este viernes en el Ayuntamiento. Foto/ marbelllaconfidencial.es
El PP de Marbella, con trece concejales en la oposición, mueve ficha en el plano urbanístico. La edil y senadora Ángeles Muñoz ha comparecido este viernes a las puertas del Ayuntamiento para anunciar que su grupo político pretende modificar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), para amparar a los llamados “terceros de buena fe”, propietarios de viviendas que han quedado fuera de ordenación, tras la anulación del PGOU de 2010 por parte del Tribunal Supremo.
En una clara demostración de fuerza, dada su primacía en la oposición de la Corporación municipal, frente a los 14 concejales que suman PSOE, OSP, IU y Podemos, la exalcaldesa ha presentado por Registro de Entrada una solicitud para forzar la celebración de un pleno extraordinario donde se trataría este asunto de la LOUA, así como otros muchos que los conservadores, muy insatisfechos con que sus mociones sean rechazadas por el tripartito, pretenden analizar en la futura sesión plenaria, a celebrar en el plazo de quince días hábiles. De no convocar el alcalde, lo haría automáticamente el secretario municipal.
Pretenden un pronunciamiento expreso sobre la modificación de la normativa urbanística
El PP presentará en la sesión plenaria una moción para que la Corporación emita un “pronunciamiento expreso” que inste a la Junta a introducir en la normativa regional modificaciones que amparen a los 18.000 vecinos que, según Muñoz, compraron sus viviendas desconociendo que eran irregulares.
El objetivo de la iniciativa es garantizar a los compradores de buena fe un sustento jurídico a través de la LOUA hasta que el Ayuntamiento cuente con un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que sustituya al de 2010, que el Tribunal Supremo anuló a finales del año pasado.
Los llamados compradores de buena fe, ha indicado la exregidora, “sufren un perjuicio patrimonial que se les podría evitar si el Gobierno regional introdujera modificaciones en la LOUA”.
Muñoz ha asegurado que los grupos municipales tienen que mantener un debate “serio y en profundidad” para compensar “la parálisis y la falta de gestión y de impulso político” del equipo de gobierno para estabilizar la situación urbanística del municipio después de la anulación del PGOU de 2010.
Ángeles Muñoz asegura que recurre a forzar un pleno extraordinario “tras diez meses de falta de trasparencia y participación con la oposición”, según ha denunciado ante los periodistas.
La exregidora ha explicado que la oposición puede convocar sesiones extraordinarias, siempre que la petición venga firmada por, al menos, la cuarta parte de los ediles y que el alcalde tiene quince días hábiles para hacerlo: “si no lo hace, quedará automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo”, ha precisado.
Muñoz habla de “rodillo” del tripartito, el mismo término que utilizaron PSOE, OSP e IU contra el PP
La dirigente del PP ha insistido en que su grupo ha recurrido a esta medida después de diez meses “soportando el rodillo” del tripartito. Además, ha lamentado que en las sesiones ordinarias, el tripartito “solo permite que el PP lleve a pleno dos mociones, pese a sus trece concejales, y siempre y cuando sean del agrado del equipo de gobierno, pues de lo contrario la dictaminan desfavorablemnte en comisión y no llega nunca a pleno”, ha recalcado.
“Hemos incluido asuntos urbanísticos, toda vez que despues de que el Supremo anulara el PGOU, desde el gobierno municipal no se ha adoptado ninguna resolución para amparar a los 18.000 propietarios que se han quedado con su vivienda en situación de irregularidad”.
También han presentado algunas iniciativas del ámbito social, después de detectar “problemas” en la gestión de los centros de mayores, las ayudas a las ONGs y el “desmantelamiento” de los puntos de emergencia social, que prestaban un servicio “esencial” en la ciudad y, a juicio del PP, “incomprensiblemente el equipo de gobierno ha abandonado”.
Muñoz ha enumerado otras propuestas que se han incluido en el orden del día, en relación con las infraestructuras, tanto educativas, como la del vívero de empresas o el cierre del Francisco Norte. Se trata ha dicho, de “asuntos que interesan a los vecinos y sobre los que el equipo de gobierno se tiene que posicionar”:
Si dejaran de legalizar a los “compradores de buena fe” y se empezara a derrumbar lo ilegal, dejarian de construir ilegalmente.
Eso no es así construir ilegalmente es in.negocio de los.poderosos con el.beneplácito de los.políticos los terceros de buena fe son necesarios para sus negocios eso sí los.problemas.para estos que no se han enriquecido ilícitamente Los otros han sido impune por ejemplo en el.caso Malaya y nadie dice nada sobre esto. En un estado de derecho la administración debe velar por la legalidad incluidas de las licencias y por los derechos de los ciudadanos no abandonarlos a su suerte después de haber permitido las ilegalidades de los.poderosos sin hacer nada