Francisco Conejo, en la sede de la Diputación malagueña. Foto: Europa Press
El portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, ha instado este miércoles al equipo de gobierno del PP a entregar “inmediatamente” ayudas sociales a 300 familias de la provincia que las solicitaron al organismo supramunicipal en marzo.
Conejo ha criticado, en rueda de prensa junto con la diputada responsable del Área de Servicios Sociales, Sonia Ramos, que las familias llevan esperando recibir una ayuda que se considera urgente siete meses.
“Unas 300 familias malagueñas esperaban recibir 255.000 euros en distintas ayudas. Han transcurrido las semanas, los meses, se ha publicado una resolución provisional de admitidos y no admitidos; pero el resultado final es que a final de septiembre las familias siguen sin cobrar lo que se anunció en febrero, y siguen esperando que la Diputación cumpla su compromiso de paliar las necesidades básicas”, ha manifestado.
Ha recordado que las subvenciones se aprobaron en febrero y la convocatoria se público en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado 16 de febrero. En marzo se estableció una resolución de solicitantes a los que se les había concedido, conformada por unas 300 familias de municipios de la provincia.
Moción al pleno de Diputación
Para solucionar esta situación, el portavoz socialista ha anunciado que van a presentar una moción al próximo pleno del ente provincial en la que piden al equipo de gobierno que “se abonen inmediatamente estas ayudas, para que las familias en situación de exclusión social puedan afrontar los gastos del comienzo de curso, la atención a la salud y la habitabilidad de sus viviendas”, ha indicado.
Carácter urgente
Por su parte, Ramos ha señalado que dichas subvenciones se destinan a residentes en municipios de menos de 20.000 habitantes que necesitan “ayuda urgente”, por lo que ha calificado estas ayudas como “una herramienta fundamental para cubrir esa urgencia social”.
Así, ha explicado que el dinero que reciben va destinado a cubrir gastos como el impago o apoyo al alquiler, habitabilidad y acondicionamiento de viviendas, cuidados para la salud, desplazamiento para actividades formativas, adquisición de material para formación y necesidades básicas, como ropa y alimentación.
Alrededor de 300 personas han sido admitidas para recibir dicha ayuda, que cuenta con un importe total de entre 300.000 y 315.000 euros, según la diputada. No obstante, Conejo ha precisado que la convocatoria está abierta todo el año y que “nos consta que hay otras familias que han solicitado estas ayudas, aunque no disponemos del dato total”.
Comisión técnica
La moción presentada por los socialistas también plantea la creación de una comisión técnica, en la que estén presentes todos los grupos de la Corporación provincial, que estudie un nuevo sistema de ayudas “más ágil” para el próximo ejercicio de 2016.
Además, ha indicado que por primera vez las familias tendrán que presentar justificaciones de las ayudas recibidas, y en el caso de no hacerlo se les solicitará el reintegro de las mismas.
Ante esta situación, el portavoz socialista ha abogado por estudiar “nuevas fórmulas de ayuda”, como por ejemplo, los bonos sociales para pagar algunos de los supuestos contemplados. Así, no tendrían que justificar el gasto, ya que el dinero iría directamente a satisfacer las necesidades de las familias.
Conejo ha puesto como ejemplo que el organismo supramunicipal adopte acuerdos con las compañías de suministro eléctrico para que “directamente abonemos el importe a la empresa y no tengamos que hacer ese trámite”
Ampliar el presupuesto
Asimismo, la moción también reclama una mayor dotación presupuestaria para atender a todas las familias que soliciten dichas ayudas, pidiendo a la Diputación que amplíe la partida del Fondo de Emergencia Social. “Planteamos que ninguna familia quede excluida por motivos económicos”, ha apuntado.
“Es una iniciativa muy importante para muchas familias y que va en la línea del blindaje de las políticas sociales en Diputación”, ha precisado el portavoz socialista, resaltando que “debería de contar con el consenso de todos los grupos”.
