La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, junto al concejal de Urbanismo, Pablo Moro, en imagen de archivo d
El grupo municipal del PSOE de Marbella solicita una pena de siete años de inhabilitación especial para empleo, o cargo público, para el todavía concejal de Urbanismo en funciones, Pablo Moro, en el marco del conocido como ‘caso Funky Buddha’ como autor responsable de un delito de prevaricación administrativa por omisión, al no haber paralizado una serie de obras irregulares del club de playa, ni haber impuesto las correspondientes multas coercitivas al establecimiento.
Así se recoge en el escrito de acusación aportado por los socialistas ante el juez instructor, al que ha tenido acceso marbellaconfidencial.es. En estas conclusiones provisionales, previas al juicio oral contra el edil del PP, se reclama para el acusado una indemnización de 537.810 euros, en concepto de responsabilidad civil, de forma solidaria junto a la empresa Adventure Beach S.L., responsable de las obras que se acometieron y no fueron paralizadas. Dicha cuantía iría destinada a las arcas municipales, según han aclarado fuentes jurídicas al precisar el importe total de la sanción reclamada a Moro.
Moro tenía la obligación de firmar los decretos
En el escrito de siete folios que obra ya en poder del titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Marbella, Miguel Ángel Gómez Torres, se relata que Pablo Moro Nieto, como autoridad municipal urbanística competente, que tenía delegadas las funciones en la materia, “tenía la obligación de firmar los decretos analizados en la incoación y ampliación del expediente de restablecimiento de la legalidad y de paralización de las obras y reiteración de la paralización e imposición de multas coercitivas”, en base a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
“[…] y sin embargo y sin justificación alguna ajustada al ordenamiento jurídico, hizo manifiesta y arbitraria dejación de su competencia y devolvió sistemáticamente sin firmar los sucesivos borradores […]”, reza el escrito de la acusación popular que lidera el portavoz del PSOE y candidato a la Alcaldía, José Bernal.
Para los socialistas, “queda demostrado de la prolija testifical practicada” que Moro devolvió los decretos a los servicios de disciplina sin firmar. “Discriminando qué decretos se firmaban y cuáles no”.
“Queda así mismo demostrado que el acusado llevó a cabo mediante la injustificada inhibición del impulso procedimental administrativo actos que condujeron a que no se interpusieran las multas periódicas coercitivas, que correspondían según la LOUA contra la mercantil Adventure BeacH S.L.”.
Perjuicio patrimonial para las arcas municipales
A raíz de la conducta de Moro, como teniente de alcalde delegado de Urbanismo se produjo, siempre según la acusación popular, “un perjuicio patrimonial para las arcas municipales y por ende y como contrapartida, un beneficio lucrativo objetivo, cuantificable y cierto para con un tercero que es en este caso que nos ocupa Adventure Beach S.L.”.
Paralelamente, la acusación popular sostiene que Moro llevó a cabo dicha inhibición en sus obligaciones “consciente de que estaba con ello beneficiando a la mercantil Adventure Beach S.L..; considerándose objetivo pues, dado que la previsión legal de imposición de multas coercitivas periódicas no es de carácter potestativo, sino que es una obligación legal de la que se ha sustraído el señor Moro”.
La calificación provisional de los hechos protagonizados por Moro también recoge que no se ha llevado, “salvo error de apreciación en el contenido de los autos que obran en la causa”, imposición de sanción coercitiva periódica alguna hasta la fecha del 8 de septiembre de 2014.
Transcurrieron 196 días hasta la primera multa
En consecuencia –advierte la acusación– desde el inicio de las obras, o al menos desde que hay constancia del primer borrador de paralización de las mismas transcurren 196 días, “dado que el primer borrador tiene fecha de 24 de febrero de 2014 y la primera multa fecha de 8 de septiembre de 2014”, precisan.
“Con esto se determina que transcurrieron 19 períodos de 10 días, sin que se impusiese multa coercitiva alguna según determina la LOUA, sustrayéndose el imputado D. Pablo Moro a su obligación legal de forma activa, al no firmar los sucesivos decretos que se le presentaban para distintas actuaciones administrativas en el sentido anterior”.
En base a lo anterior, el PSOE indica que la suma de las sanciones no impuestas ascendió a 417.810 euros, cantidad a la que habría que sumar 120.000 euros “como multa no impuesta a día de hoy a Adventure Beach S.L.”
La “inacción” de Moro acarreó “beneficio” para el club de playa
La acusación popular concluye que “se ha demostrado ya en este momento de la instrucción que por la inacción del imputado D. Pablo Moro se deduce un beneficio para Adventure Beach S.L., y en consecuencia para sus partícipes de 417.810 euros más 120.000 euros, esto es, 537.810 euros”, cantidad reclamada como responsabilidad civil.
