Imagen de una de las sesiones del juicio oral por el ‘caso Malaya’ celebrado en la Audiencia de Málaga. Foto/ Europa Press.
Este es el listado de condenas para los principales protagonistas de la que se convirtió en la mayor trama de corrupción municipal en España y que dio lugar a la disolución del Ayuntamiento de Marbella en 2006, en un caso sin precedentes, con la totalidad del equipo de gobierno en la cárcel en un escándalo político que dio la vuelta al mundo, como fue el ‘caso Malaya’.
Juan Antonio Roca. Condena: 17 años de prisión y 240 millones de euros de multa por cohecho pasivo continuado, blanqueo, fraude y prevaricación.
Principal acusado. Mano derecha del exalcalde de Marbella Jesús Gil. Era asesor de Urbanismo en el Ayuntamiento, donde comenzó a trabajar a principios de los años 90. Controló durante años la empresa municipal Planeamiento 2000, que gestionaba el suelo de la ciudad. En 2003, cuando Muñoz accedió a la alcaldía, fue destituído. Sin embargo, fue rescatado poco después por Marisol Yagüe, que accedió a la Alcaldía en abril de 2003 tras una moción de censura contra Muñoz apoyada por concejales del PSOE, PA y tránsfugas del Grupo Independiente Liberal (GIL).
La sentencia de ‘Malaya’ le considera el cerebro de la trama y determina que movía todos los hilos del urbanismo en Marbella, pactando convenios urbanísticos con empresarios y repartiendo sobornos. El fiscal pedía para él 30 años.
Roca cumple condena por otra causa, el ‘caso Saqueo’, relacionado con el desvío de más de 20 millones de euros de las arcas municipales, con sentencia firme desde 2010. Roca lleva en realidad entre rejas mucho más, ya que ingresó en prisión preventiva en 2006 cuando se destapó el ‘caso Malaya’.
Marisol Yagüe. Condena: 5,6 años de cárcel y multa de 2,3 millones de euros por cohecho, malversación y fraude.
Fue alcaldesa de Marbella entre 2003 y 2006 tras la moción de censura contra Julián Muñoz. El fiscal solicitaba para ella 20 años de cárcel. Yagüe ya estuvo en prisión preventiva por esta causa desde abril de 2006 hasta septiembre del mismo año. Obtuvo la libertad tras pagar una fianza de 60.000 euros.
Yagüe negó tajantemente en el juicio haber recibido dinero de Roca y aseguró que fue Jesús Gil quien decidió que se presentara la moción de censura en 2003 contra Muñoz, negando que recibiera recompensa alguna por apoyarla.
Isabel García Marcos. Condena: 3,6 años de prisión y multa de 700.000 euros por cohecho pasivo.
Ex primera teniente de alcalde de Marbella y una de las acusadas más mediáticas. Su propio arresto lo fue: se produjo en el aeropuerto cuando volvía de su luna de miel en Rusia. Poco después, en el registro de su vivienda, se encontraron más de 350.000 euros en efectivo. El fiscal pedía para ella 12 años de prisión.
Concurrió a las elecciones municipales de 1991 con el PSOE, partido que la expulsó en 2006 tras aliarse con el GIL. Como exedil socialista se convirtió en el principal azote de Jesús Gil, y de hecho, sus denuncias propiciaron la inhabilitación de éste para ocupar cargos públicos. En 2003 cambió de táctica y se unió a sus antiguos enemigos del GIL, suscribiendo la citada moción de censura.
Julián Muñoz. Condena: 2 años de prisión y 16 meses de inhabilitación para cargo público por delitos de fraude y prevaricación.
Actualmente se encuentra encarcelado por otra causa relacionada con el blanqueo de capitales conocida como ‘caso Saqueo’. Está acusado en más de un centenar de procedimientos judiciales, principalmente por delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación administrativa y malversación de fondos, acumulando ya 53 condenas.
Alcalde de Marbella entre mayo de 2002 y abril de 2003. Previamente fue concejal de Fiestas, primer teniente de alcalde y, finalmente, primer edil de la ciudad al sustituir a Jesús Gil, condenado por el ‘caso Camisetas’.
Para la ex pareja de la tonadillera Isabel Pantoja y habitual de la ‘crónica rosa’, el fiscal pedía 10 años de cárcel.
Tomás Reñones. El exdefensa del Atlético de Madrid y confidente del vestuario para Jesús Gil llegó a convertirse en alcalde tras la entrada en prisión de la exalcaldesa de Marisol Yagüe. Él también seguiría el mismo camino en el furgón policial con destino a Alhaurín de la Torre. El Supremo eleva la pena de prisión hasta los 5,6 años, frente a los 4 iniciales. Multa de 320.000 euros por cohecho, prevaricación y fraude.
Pedro Román Zurdo. Exprimer teniente de alcalde del GIL, condenado a 3,6 años de prisión y multa de 6,7 millones de euros por un delito contra la Hacienda Pública. Se le rebaja la pena de prisión inicial, que se elevaba a 4 años, pero se eleva la multa, puesto que inicialmente era de 3,5 millones. Fue considerado como ‘la sonrisa del régimen’ de Jesús Gil, la cara amable que acudía a todas las fiestas y saraos como sempiterno alcalde accidental. En 1998, cercado por las denuncias de Isabel García Marcos, látigo y luego báculo del expresidente del Atlético de Madrid, tiró la toalla y se dedicó por completo a su actividad como promotor inmobiliario.
Pedro Pérez ‘Chotis’. Exlugarteniente del prófugo del Partido Andalucista Carlos Fernández. Condenado a 3,6 años de prisión, inhabilitación de 5 años y multa de 84.000 euros por cohecho (recibió sobornos de Roca). Es uno de los exediles perjudicados por el Supremo. La Audiencia de Málaga le condenaba a 2 años de privación de libertad e inhabilitación por 5 años. En breve el alcalde de Marbella, José Bernal, deberá tomar una decisión sobre ‘Chotis’, personal laboral (no funcionario) del Ayuntamiento y adscrito a la delegación de Deportes. El PP llegó a aumentarle el sueldo con un complemento de productividad, retirado recientemente por el primer edil socialista. Cabe recordar que también fue secretario provincial del PA.
Rafael ‘Koke’ Calleja. Yerno de la aristócrata Pitita Ridruejo, este exedil del GIL es condenado a 3,6 años de prisión, 5 años de inhabilitación y multa de 380.000 euros por recibir sobornos de Roca. Las penas aumentan con respecto a la sentencia de primera instancia. En las hemerotecas queda la famosa frase de Calleja durante el juicio oral celebrado en Málaga: “lo diré hasta en mi lecho de muerte; jamás he recibido una peseta [de Roca]”.
Rafael del Pozo. Exjefe de la Policía Local. Sin duda uno de los grandes beneficiados por la sentencia definitiva. Se le retira la pena inicial de 18 meses de prisión, 5 años de inhabilitación y y 120.000 euros de multa por cohecho. Ahora queda sin condena a prisión, 60.000 euros de multa y dos años de inhabilitación, tiempo que ya habría cumplido tras ser apartado por el equipo de gobierno del PP, a pesar de ser funcionario, al contrario de lo que hizo Ángeles Muñoz con el condenado Pedro Pérez ‘Chotis’, personal laboral fijo y no funcionario.
Leopoldo Barrantes. Exsecretario municipal. Sin cambios en su situación con respecto a la primera condena:18 meses de prisión, 4 años de inhabilitación y multa de 36.000 euros.
Rafael Gómez ‘Sandokán‘. Condena: seis meses de prisión, sustituible por multa de 12 meses y otros 150.000 euros.
Empresario vinculado a negocios inmobiliarios y de joyería. Compartía partidas de póquer con Juan Antonio Roca, al que conocía personalmente, y de donde salieron luego sus negocios con el Ayuntamiento de Marbella.
En 2011 se convirtió en concejal del Ayuntamiento de Córdoba, tras conseguir 25.000 votos, y pese a ser el mayor deudor de multas con este Consistorio.
Carlos Sánchez y Andrés Liétor. Condenas: 6 años y tres meses de prisión para cada uno. El juez, detendidos durante la segunda parte del caso Malaya, decretó prisión incondicional para ambos empresarios en julio de 2006. Ambos constructores estarían relacionados con el cerebro de la trama, Juan Antonio Roca.
Montserrat Corulla. Condena: 4 años de prisión. Acusada de ser uno de los principales testaferros de Roca, fue enviada a la cárcel por blanqueo de dinero el 3 de abril de 2006. Corulla era uno de los principales ‘hombres de paja’ más destacados de la “estructura societaria” desarrollada por el asesor de Urbanismo para ocultar los delitos con los que obtuvo “millonarias cantidades”.
Jesús Ruiz Casado, Jenaro Briales Navarrete y José Andrés León. Condenas: 3 años por cohecho y fraude. Responsables de la promotora inmobiliaria Aifos, detenidos en la tercera fase. El fiscal les acusaba de abonar a Roca más de cuatro millones de euros a cambio de licencias.
