El cerebro de la trama de corrupción municipal, Juan Antonio Roca (drcha), junto al exalcalde de Marbella Julián Muñoz, durante una de las sesiones del juicio por el caso ‘saqueo 2’ celebrado en la Audiencia Nacional
El Tribunal Supremo ha rebajado de 6 a 3 años de cárcel la pena de prisión que le fue impuesta por la Audiencia Nacional en octubre de 2013 al que fuera asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca por un delito continuado de malversación de caudales públicos en relación con el caso “saqueo 2”.
No obstante, el Supremo mantiene la responsabilidad civil de 37 millones de euros que Roca tendrá que abonar de forma solidaria junto a otros condenados. El caso tuvo su origen en un informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión municipal del Grupo Independiente Liberal (GIL), de Jesús Gil, entre los años 1991 y 1999.
La resolución del alto tribunal, que se extiende a lo largo de 240 páginas y cuenta con un voto particular, ha sido dada a conocer este viernes y en ella se estiman parcialmente los recursos de casación presentados por Roca y otros catorce condenados inicialmente, entre ellos el ex alcalde Julián Muñoz, que ve reducida en un año su condena de seis por los mismos delitos
Además, el alto tribunal absuelve al empleado del Ayuntamiento de Marbella y director del Centro de Orientación Psicosocial y Familiar José Antonio Andrade y al exconcejal Antonio Romero, por falta de pruebas.
La nueva sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo modifica la de la Audiencia Nacional en tres cuestiones: la fijación de las penas -que son inferiores a las impuestas en varios de los condenados-, la absolución de los ya citados por falta de prueba y por prescripción del delito y la modificación de la responsabilidad civil fijada en la misma respecto a otros dos encausados.
Rebajas de penas
Las rebajas de la pena de prisión acordadas también afectan a Pedro Román Zurdo, y Modesto Perodia , cuyas condenas pasan igualmente de 6 a 5 años por el mismo delito continuado de malversación.
La pena a cumplir se queda en año y medio de prisión para Carlos Monteverde y de tres meses para Juan Manuel Blanco; mientras que para el exgerente de la sociedad municipal Tributos 2000 S.L., Francisco José Alarcón Echevarría la condena se queda en un año de cárcel y en cuatro para el exgerente de la sociedad municipal Gerencia de Obras y Contratación Marbella S.L Antonio Calleja; y los exediles del GIL María Luisa Alcalá Duarte y María Dolores Zurdo.
La sentencia explica que las nuevas penas son respetuosas con el principio de proporcionalidad, adecuadas a la gravedad de los hechos y al grado de culpabilidad, y tienen en cuenta la anterior condena que les fue *impuesta por el mismo delito -malversación continuada de caudales públicos- en el caso Saqueo I. Sobre este último aspecto, señala que las distintas acciones podrían haberse enjuiciado como un único delito continuado en un único juicio.
La Sala de lo Penal explica que los condenados son alcaldes, concejales del Ayuntamiento de Marbella y gerentes de empresas públicas municipales que se utilizaron para a través de ellas, desviar fondos públicos municipales a otras finalidades privadas.
Debieron justificar las pérdidas
Asimismo, indica que los gestores deben actuar con la transparencia y claridad que exige el manejo de caudales públicos, y ante la acreditación de no haberse destinado al fin público previsto, deben justificar de forma cumplida la pérdida, destrucción o sustracción de los mismos, o la entrega de tales fondos.
Nada de ello, subraya la sentencia, aparece en relación a la actuación de los condenados, que en modo alguno han acreditado la justificación de su destino público ni dado explicación de su destino.
El fallo explica que, entre los años 91 a 99, los concejales del Ayuntamiento de Marbella, a iniciativa del alcalde, decidieron gestionar los servicios municipales a través de sociedades mercantiles participadas íntegramente con capital público. Los concejales del GIL dispusieron de los fondos y patrimonio municipales en su propio beneficio y en perjuicio del erario público, mediante órdenes de pago, transferencias o disponiendo de los bienes municipales, con la intervención de Juan Antonio Roca, y *otro condenado que no es concejal, como gerentes de sociedades municipales.
En total, los condenados realizaron 93 operaciones, valiéndose de las citadas sociedades para derivar fondos públicos en el propio beneficio de las personas concernidas.
La sentencia de la Audiencia Nacional, de octubre de 2013, ya absolvió a otros 15 procesados entre los que se encontraban la exalcaldesa Marisol Yagüe y el exfutbolista y exconcejal Tomás Reñones.
Este tribunal aplicó en dicho momento la atenuante de dilaciones indebidas a Juan Antonio Roca, cerebro de la trama ‘Malaya’ de corrupción urbanística en Marbella, y Julián Muñoz, exalcalde del GIL, y además les absolvió de los delitos de asociación ilícita y contra la Seguridad Social que se les imputaban.
Las penas impuestas por la Audiencia Nacional fueron sensiblemente inferiores a las solicitadas por el fiscal Anticorrupción José Grinda, que solicitó en su informe definitivo de acusación, expuesto tras el juicio, una pena de 15 años y medio de cárcel para Muñoz y de 13 y medio para Roca.
UNA GRAN NOTICIA PARA MARBELLA: SAQUEO II EN EL TRIBUNAL SUPREMO
Por lo que se concluye de la noticia adelantada por Europa Press, Roca y Pedro Román continúan condenados por una responsabilidad civil de 37 millones de euros.
Roca se pone en unos 70 millones, entre Saqueo I, Saqueo II, MInutas y tres sentencias del Tribunal de Cuentas.
Pedro Román se pone en esos 37 millones más algunos flecos en el Tribunal de Cuentas. Está esperando si se confirma o no por el Tribunal Supremo la Sentencia del Tribunal de Cuentas que le condenó a 50 millones.
Son las dos personas que tiene localizado patrimonio. Roca unos 100 millones inmovilizados en Malaya y Pedro Román tiene diversos embargos de propiedades importantes.
Marbella puede recuperar una cantidad importante de dinero.
Buen trabajo de los letrados Alberto Pelaez y Manuel Madrid con el apoyo de la Asesoría Jurídica municipal.