La Sección Primera de la Audiencia de Málaga, que ejecuta la sentencia del caso ‘Malaya’, ha dado luz verde a la venta por cuatro millones de euros de la finca denominada ‘La Morisca’, en Jimena de la Frontera (Cádiz), que era propiedad de una empresa vinculada al principal condenado en dicha causa, Juan Antonio Roca.
Este periodista desveló, en abril de 2003, la existencia de la citada finca, tras una investigación periodística publicada en aquellas fechas por el diario El Mundo en su edición de Andalucía. El inmueble figuraba en el Registro de la Propiedad de San Roque (al que pertenece Jimena de la Frontera), a nombre de la sociedad Inmuebles Urbanos Vanda S.L. En ella aparecían conocidos testaferros, abogados de profesión, como Juan Luis Soriano Pastor, Francisco Soriano Pastor y Manuel Sánchez Martín, que tenían casi como único cliente al entonces todopoderoso gerente de Urbanismo de Marbella.
Todos los citados letrados, hombres de paja de Roca, tenían su centro de operaciones en el gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta, ubicado en la calle Fernando VI de Madrid (también puesto al descubierto por este periodista en 2003) y que fue intervenido por la Policía en 2006. Al frente del mismo se contrata el patriarca del clan jurídico: Manuel Sánchez Zubizarreta, uno de los principales testaferros condenados por blanqueo de capitales en el macro juicio de ‘Malaya.
En 2005, cuando todavía no había actuado el juez Torres contra Roca, Inmuebles Urbanos Vanda pasó a denominarse Vanda Agropecuaria S.L., luego controlada por un administrador judicial y vendedora ahora de la finca ‘La Morisca’.
Un fotógrafo del periódico que dirigía entonces Pedro J. Ramírez pudo captar en 2003 con su teleobjetivo el impresionante cortijo ‘La Morisca’. No le faltaba de nada, incluida plaza de toros, así como un helipuerto, en el que aterrizaba Roca con su helicóptero cada vez que se desplazaba desde el helipuerto de Marbella, también de su propiedad a través de un testaferro. Además, la finca ahora vendida albergaba la ganadería ‘Toros de San Miguel’, también propiedad de Roca, tras comprársela a los hijos del torero Manolo González, a través de la sociedad Perinal S.L.. Las reses bravas también fueron incautada por el juez Miguel Ángel Torres en 2006.
En esta finca, con una superficie aproximada de pastos y montes de 363 hectáreas, se ejercieron labores de cría de reses bravas y había corrales y chiqueros. Asímismo, sobre la parcela existe un coto de caza menor, según la web donde se publicitan bienes intervenidos.
Cuenta con un cortijo de 1.385 metros cuadrados de una planta y que se compone de tres viviendas –principal, de caseros y de guarda–, una capilla, bodega-salón, cocinas y oficina, además de dos porches cubiertos. La finca tiene edificios de naturaleza agrícola, como una nave, y una plataforma de aterrizaje de helicópteros.
La administración judicial de los bienes intervenidos a determinados condenados en ‘Malaya’ pidió a la Sala la ratificación del contrato de compraventa suscrito entre Vanda Agropecuaria, como vendedora, y otra mercantil, como compradora; así como el alzamiento de las anotaciones preventivas y del embargo.
El Tribunal muestra en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, una postura “favorable” a la ratificación de la compraventa del inmueble “en los términos pactados y expuestos por la propia administración judicial” y, además, dio el visto bueno por varios motivos, como la necesidad de obtener dinero de bienes intervenidos.
Asimismo, se argumenta también en la ausencia de ofertas más favorables a la que ahora se presenta a pesar de que aparece en la web ‘www.ventadebienesmalaya-roca.com‘, con casi 3,4 millones de visitas, considerando “adecuado el precio de venta pactado según se deriva de los informes de tasación aportados”.
La Sala también apunta en su resolución a “la situación de incertidumbre que padece el mercado inmobiliario, así como el hecho de que la propuesta de venta sea acorde al precio actual de mercado, y ello a pesar de ser inferior a la media de los valores de sendos informes de tasación”.