El exjefe de la Policía Local, Rafael del Pozo (drcha) en imagen de archivo entrando a los Juzgados de Marbella junto a su abogado
El que fuera jefe de la Policía Local de Marbella entre 1991 y 2006, Rafael del Pozo, condenado en sentencia firme por el llamado ‘caso Malaya’, podría volver a ocupar su plaza como superintendente, al haberse cumplido la pena de dos años de inhabilitación a la que ha sido condenado y no existir pena alguna privativa de libertad. Así lo ha confirmado este martes el portavoz del equipo de gobierno tripartito (PSOE, OSP e IU), Javier Porcuna, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local.
A preguntas de los periodistas el teniente de alcalde socialista ha asegurado que “en el caso de reincorporarse lo haría con la misma categoría que cuando fue suspendido”. Así pues sería superintendente. Ello no impediría que un nuevo jefe de la Policía Local, que cumplió tales funciones en Vélez-Málaga, José Andrés Montoya, estuviera por encima de Del Pozo, que no sería exactamente el ‘número 2’, según ha aclarado Porcuna.
Del Pozo fue condenado por el Supremo días atrás al pago de una multa de 60.000 euros por ser hallado culpable de un delito de cohecho, así como a la citada pena de dos años de inhabilitación ya cumplidos. La pena de inhabilitación inicial fue de cinco años y 18 meses de prisión.
El portavoz gubernamental ha querido dejar claro que el reingreso de Del Pozo “no es un nombramiento”, porque el citado funcionario policial “tiene una plaza en este Ayuntamiento que le corresponde”, ha precisado Porcuna.
“Si hay una sentencia que lo libera de ir a la cárcel, o de suspensión de empleo público él puede solicitar su reincorporación”, ha adelantado el también delegado de Proyectos Estratégicos, que ha comparecido junto al coportavoz Miguel Díaz (IU).
Sostiene el edil socialista que “si [Del Pozo] ha pagado la multa habrá que valorarlo y lógicamente lo normal será, como ya ha ocurrido en otros casos, que se incorpore a su plaza y está por encima de lo que el equipo de gobierno pueda decidir o no”.
Porcuna ha dejado claro que los actuales gobernantes municipales “tienen que ceñirse a la ley, que es la que determina su incorporación, o no, y no es una decisión del equipo de gobierno, que tendrá que pedir los informes jurídicos pertinentes”.
También se ha referido al “acuerdo” que adopten los altos funcionarios habilitados nacionales, principalmente el secretario, a la cabeza de la actual asesoría jurídica: “posiblemente el equipo de gobierno no tenga mucho que decidir y simplemente se le dé cuenta de esta circunstancia para que se produzca la incorporación”, ha concluido el munícipe del PSOE.
