A veces las malas noticias llegan cuando las buenas no pueden ser mejores. Es lo que le ha pasado esta semana a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. Con todo el viento a favor en esta recta final de su tercer mandato, sin sobresaltos relevantes, perfil bajo y justo en el momento en el que la encuesta anual de Deimos para Marbella Confidencial otorga al PP local una holgada mayoría de 13-14 concejales, el fiscal del ‘caso PGOU’, Julio Martínez Carazo, le ha pedido al juez marbellí Gonzalo Dívar que envíe esta causa penal al Tribunal Supremo (TS), al ser aforada Muñoz, como senadora en la Cámara Alta. De hecho, es portavoz adjunta de los conservadores, a la sombra de su mentor y padrino político, Javier Arenas.
El sondeo elaborado por la empresa que el pasado año algunos altos cargos del PP de Marbella –ahora colocados a dedo como asesores de confianza en el Ayuntamiento– denostaban, porque el resultado demoscópico no les era favorable, arroja un escenario que, de consumarse en 2019, permitiría a la presidenta local de la formación conservadora y candidata a la Alcaldía elegir a la carta a su socio de gobierno. Por un lado, Muñoz podría reeditar su actual pacto con OSP o, por el contrario, elegir como pareja de baile a Ciudadanos, considerado socio natural en el centro derecha español para el partido de Rajoy.
Lo cierto es que el futuro político de Muñoz, hasta ahora expedito y envuelto en una carrera triunfal por conquistar la Alcaldía, como candidata por quinta vez consecutiva, se ha visto ensombrecido días atrás por el contundente escrito de apenas dos folios frmado por el fiscal de Área de Marbella, Julio Martínez Carazo. Hasta el momento, el representante del Ministerio Público no había puesto negro sobre blanco, de forma tan explícita, los indicios racionales de delito que encuentra en la conducta de la regidora marbellí durante aquella sesión plenaria de julio de 2009, al considerar que incurrió en un presunto delito de falsedad documental por imprudencia grave.
“Se deducen fundados indicios o dotados de mínima verosimilitud, para considerar la presunta participación de Ángeles Muñoz Uriol en el delito investigado de falsedad documental”, apunta el fiscal a la hora de oponerse al archivo del caso que pretende el abogado de la alcaldesa, el conocido penalista marbellí Salvador Guerrero Palomares.
La carga de profundidad que introduce Martínez Carazo en el sumario provoca que el caso adquiera una nueva dimensión, si se tiene en cuenta, además, que el fallecimiento del otro denunciado, el exvicesecretario municipal, Javier de las Cuevas, abre las puertas del Supremo de par en par a la aforada Muñoz.
“No se hubiera faltado a la verdad en la narración del Acta del Pleno del Ayuntamiento de Marbella de fecha 29 de julio, si la Sra. Alcaldesa, Ángeles Muñoz, hubiera informado al Pleno y sometido a la votación de este, una cuestión tan trascendente como la modificación de 22 de los 71 planos que componían el PGOU de Marbella”, incide el Ministerio Público.
Así pues, y una vez que el TS se ha cruzado en el camino de Muñoz, la alta instancia judicial podría tener la última palabra, de forma indirecta, en la futura elección que quiera llevar a cabo la alcaldesa si logra, como es previsible, ser la lista más votada en 2019, y trata de formar gobierno, ya sea con OSP o Cs.
En el peor de los escenarios posibles para la alcaldesa, podría darse una imputación que conllevara su renuncia al escaño del Grupo Popular y le obligara a sentarse en el Grupo Mixto de la Cámara Alta, como hizo recientemente la senadora ‘popular’ de Murcia Pilar Barreiro, imputada en el ‘caso Púnica’. Ciudadanos forzó que Barreiro dejara la bancada conservadora si el presidente del Gobierno quería contar con ellos para apoyar los Presupuestos.
¿Se imaginan que la figura de Ángeles Muñoz, encausada en el Supremo, se convirtiera en moneda de cambio en el marco de la cruenta batalla que libran Albert Rivera y Mariano Rajoy, por el voto de centroderecha? Todo es posible y más con unas elecciones municipales a la vuelta de la esquina.
Es muy difícil hacer cálculos ahora mismo sobre cuándo decidirá el juez Dívar enviar la causa al Supremo. Primero se tienen que celebrar una serie de declaraciones testificales, luego podría archivar de nuevo el caso y la Audiencia reabrirlo. Así pues, si se tiene en cuenta la demora que puede rodear todo este proceso, el tiempo corre a favor de Ángeles Muñoz para llegar a la meta que para ella es revalidar la Alcaldía, dentro de poco más de un año.
Ningún escenario es descartable, ni siquiera el que se produciría si la alcaldesa y senadora es citada a declarar ante el Supremo meses antes de los comicios locales. Diversas fuentes cercanas a la dirección regional y nacional del PP, consultadas por Marbella Confidencial, reconocen que la foto de Ángeles Muñoz acudiendo a comparecer en el alto tribunal, como investigada (antes imputada), sería devastadora para su campaña electoral y la imagen de Génova, por no hablar de las peticiones de renuncia a su escaño que se producirían desde Ciudadanos y el resto de partidos de la oposición; al margen del calvario personal que afrontaría el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, al llevar a una imputada al frente de la lista marbellí.
La alcaldesa se muestra “convencida”, una vez más, de que el ‘caso PGOU’ se archivará porque, a su juicio, “tiene mucho componente político”. A tenor de esta afirmación de la aforada, cabría preguntarse qué interés político puede tener un fiscal como Martínez Carazo, que es garante de la legalidad y el interés público.
Dejemos trabajar a la Justicia y apliquemos de nuevo la famosa frase de Winston Churchill cuando, durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados debían decidir por dónde se iba a producir el desembarco de sus tropas en Francia, que finalmente tuvo lugar en las costas de Normandía: Es urgente esperar.