Empresas de la familia del fallecido exalcalde Jesús Gil aparecen en el listado de expedientes relacionados con sanciones urbanísticas que el anterior equipo de gobierno del PP, liderado por Ángeles Muñoz, dejó prescribir y cuyo montante total ascendió a 9,7 millones de euros entre los años 2009 y 2011.
Cabe recordar que el apoyo institucional del antiguo equipo de gobierno del PP a la inauguración de una nueva sede de la inmobiliaria GilMar creó un gran revuelo la pasada Semana Santa, debido a que los herederos de Jesús Gil y Gil deben hacer hacer frente a indemnizaciones millonarias contraídas por su difunto padre, en el marco de diversos procedimientos abiertos en el Tribunal de Cuentas. Concretamente se les reclaman cerca de 100 millones de euros, incluidos intereses.
Se da la circunstancia de que la directora comercial de la nueva oficina de Gilmar en Puerto Banús, Setareh Moreghi, es la esposa del exedil de Urbanismo Pablo Moro y empleada de la inmobiliaria desde hace años.
Las reacciones de los distintos partidos en la oposición no se hicieron esperar tras la asistencia del entonces concejal de Comercio, José Eduardo Díaz, a la inauguración del nuevo local en Banús. Izquierda Unida llegó incluso a convocar una concentración silenciosa con una pancarta a las puertas de la inmobiliaria, como acto de desagravio.