El tribunal del ‘caso Malaya’ que preside el magistrado José Godino ya alertó tiempo atrás de que los delitos imputados al exedil del PA prófugo, Carlos Fernández, estaban próximos a prescribir. Este jueves la cadena SER de Málaga ha adelantado que el hermano del fugado desde 2006, Antonio Fernández, se ha personado ante el Juzgado de Instrucción 5 de Marbella para solicitar información acerca de los plazos de prescripción de los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y cohecho pasivo a Fernández en su día cuando logró eludir la acción de la Justicia.
Antonio Fernández, ex cargo de confianza del PA en la Tenencia de Puerto Banús entre 2003 y 2005 –cuando su hermano fue destituido por la entonces alcaldesa, Marisol Yagüe– pretende que los jueces acrediten que los delitos imputables a su hermano han prescrito, once años después de eludir la acción judicial. El letrado defensor intenta que las causas pendientes queden ya archivadas, no sólo en el Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, sino también en el 3, sede judicial en la que se interpusieron denuncias urbanísticas contra extenientes de alcalde de aquel tripartito que presidió la regidora ahora en prisión.
La pista más fiable sobre el paradero de Fernández la publicó el corresponsal de El Mundo en Buenos Aires, Juan Ignacio Irigaray, el 1 de junio de 2008 cuando desveló que había entrado con su pasaporte por el aeropuerto bonaerense de Ezeiza. Fernández aprovechó que aún no había entrado en vigor la orden de busca y captura internacional, cursada a Interpol, por parte del entonces juez instructor de ‘Malaya’, Miguel Ángel Torres.
Tras conocerse ahora este movimiento del hermano de Fernández es obvio que quien pactara una moción de censura con tránfugas del PSOE y del GIL, en agosto de 2003, para derrocar al entonces alcalde Julián Muñoz, se plantea volver a España.
Fernández ya fue condenado en 2005 a dos años y medio de prisión y multa por un jurado popular. Todo ello por el llamado ‘caso jugadores’. Fue considerado culpable de un delito de malversación de caudales públicos junto al exasesor municipal del PA Antonio de Sola. –en sentencia firme del Tribunal Supremo– por apropiarse de 82.600 euros del Ayuntamiento de Marbella. Se trataba de las nóminas de los jugadores de la Unión Deportiva San Pedro, club dependiente del Consistorio marbellí. En aquel entonces el afamado periodista radiofónico José María García habló de “un robo a los jornaleros del fútbol”, como así definió a los humildes futbolistas de la segunda división B.
Los futbolistas declararon durante el juicio oral que Fernández les obligaba a firmar que recibían cantidades superiores a las que realmente reflejaban sus nóminas, de forma oficial, y él se quedaba con la diferencia.
Minutos después de que la emisora del Grupo Prisa avanzara la noticia sobre el ínterés del prófugo en conocer si han prescrito sus delitos la agencia Europa Press ha difundido un teletipo a las 14:18 en el que asegura que Antonio Fernández pretende que el actual titular del Juzgado 5 marbellí se pronuncie sobre la prescripción de los delitos que se le imputan, según han asegurado varias fuentes judiciales.
La Policía Nacional registró la vivienda de Fernández el 27 de junio de 2006, en plena segunda fase de la operación ‘Malaya’, y al día siguiente su entonces letrado remitió al juzgado un escrito en el que el exedil se ponía a disposición de la justicia para colaborar y aseguró que éste estaba haciendo el Camino de Santiago, aunque desde entonces se desconoce su paradero. Luego, fue declarado en rebeldía.
Un abogado y un procurador remitieron hace unos meses un escrito al juzgado planteando dichas cuestiones, según han señalado a Europa Press las fuentes, quienes han señalado que el órgano instructor desestimó, mediante una providencia dictada en abril la personación de los profesionales en nombre de Carlos Fernández, rechazo que fue reiterado en mayo en contestación de un recurso de reforma del letrado.
No obstante, el abogado presentó un recurso de queja ante la Audiencia, que la Fiscalía pidió que se desestimara y que se mantuviera la inadmisión de la personación, al recordar que el exedil estaba en busca y captura sin estar a disposición del juez o del Tribunal encargado del caso ‘Malaya’, ya en fase de ejecución de sentencia, según han señalado las fuentes consultadas.
La Audiencia ahora se ha pronunciado al respecto, desestimando las pretensiones del letrado en cuanto a la personación, declarando la firmeza de las resoluciones impugnadas, han apuntado, al considerarlas, al igual que la Fiscalía, ajustadas a derecho.
El Tribunal, coincidiendo con el instructor, entiende que Fernández está desde el principio del caso ‘Malaya’ huido de la actuación de la justicia, por lo que no se sostiene que pida la personación de estos profesionales sin haberse puesto a disposición del tribunal para poder ratificar ambos nombramientos.
En cuanto a la prescripción, el Tribunal señala que el juzgado deberá pedir a la Fiscalía y al resto de acusaciones que existen en la causa que se pronuncien expresamente sobre esta cuestión.