Imagen del banquillo de los acusados este lunes en la primera sesión del juicio por el caso de la finca El Pinillo. Foto/ Europa Press
Un total de siete exediles de Marbella se han declarado este martes culpables de un delito de prevaricación en el caso ‘Pinillo’, que versa sobre la operación urbanística desarrollada en la finca del mismo nombre.
Así, se trata de los exconcejales del Grupo Independiente Liberal (GIL) Marisa Alcalá, Rafael González, José Luis Fernández Garrosa, Alberto García Muñoz, Tomás Reñones, Javier Lendínez y José Luis Troyano.
Éstos se han mostrado conformes con la petición de pena de ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público realizada por la Fiscalía Anticorrupción en esta causa.
El único cargo electo que no ha reconocido los hechos por los que se le acusa es el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, según ha informado la cadena SER de Málaga en su web.
Los exediles gilistas que se han declarado autores confesos del delito de prevaricación actuaron como miembros de la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Marbella y dieron el visto bueno a sucesivos actos administrativos que desembocaron en la expropiación y posterior adjudicación, a una empresa privada, de la finca El Pinillo, a sabiendas de que, en algunos casos, constituía una flagrante ilegalidad. De hecho, en el año 2000 enajenaron esta parcela, de 60. 000 metros cuadrados en el centro de Marbella, a una empresa privada por 3 millones de euros.
La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga continúa este martes el juicio por este caso en el que hay acusadas 21 personas, entre ellas el exasesor de urbanismo marbellí Juan Antonio Roca y el exalcalde de dicha localidad Julián Muñoz.
La Sala ha fijado por ahora 37 sesiones, con la previsión inicial de terminar la vista oral a finales de octubre. Esta causa, instruida en el Juzgado de Instrucción número 1 marbellí, es una de las abiertas por convenios tras una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de un informe de fiscalización del Tribunal de Cuenta.
Anticorrupción acusa al exalcalde de Marbella, al cerebro del caso ‘Malaya’ y exgerente de Planeamiento 2000, a exediles del Grupo Independiente Liberal (GIL), a exfuncionarios municipales y a empresarios por la operación urbanística desarrollada en dicha finca, con la que se permitió la enajenación de patrimonio municipal, supuestamente, en beneficio de los acusados.
En la primera sesión de este pasado lunes, las acusaciones y las defensa empezaron a plantear sus cuestiones previas, en las que los abogados de los acusados alegaron vulneración de derechos fundamentales y argumentaron que los hechos aquí investigados ya lo fueron en el caso ‘Malaya’.
