Carlos Fernández a su salida del Juzgado Federal 2 de San Juan (Argentina) tras asistir a la primera jornada de la vista. FOTO/ Tiempo de San juan
A falta del pronunciamiento final del titular del Juzgado Federal 2 de Santiago, Leopoldo Rago Gallo, a priori el futuro inmediato del exedil del PA y del GIL prófugo de la justicia española, Carlos Fernández, no puede ser más oscuro. El fiscal federal general que lleva este caso, Francisco Maldonado, solicitará mañana viernes su extradición, al considerar que el delito de malversación de caudales públicos por el que se acusa al político en el llamado ‘caso saqueo 2’, relativo Ayuntamiento de Marbella, no ha prescrito en el Código Penal del país austral.
Básicamente son tres los delitos por los que el Gobierno de España requirió al de Argentina la extradición de Fernández. Y el fiscal Maldonado entiende que uno de ellos no está prescrito: el de malversacion de caudales públicos.
Así pues, finalmente Fernández de 49 años de edad, se libraría de ser juzgado por el ‘caso Malaya’, así como por diversas causas en las que estaba imputado por falsedad documental y delitos contra la ordenación del territorio (urbanísticos). Este último delito tiene su equivalente en Argentina con el de fraude a la administración pública, según ha adelantado el diario digital Tiempo de San Juan.
En lo que respecta al ‘caso saqueo 2’, por el que de ser extraditado Fernández se celebraría un juicio contra él en la Audiencia Nacional, que ya acogió la macrocausa, el expolítico comparecería en calidad de exconcejal del Grupo Independiente Liberal (GIL), partido del que fue munícipe entre junio de 1991 y marzo de 1998. Fue en tal fecha cuando el entonces alcalde de Marbella, Jesús Gil, expulsó a Fernández, tras denunciarle por apropiarse de parte de las nóminas de la Unión Deportiva San Pedro, caso por el que luego sería juzgado y condenado, en 2005, por la malversación de 80.000 euros de las arcas municipales (Sentencia firme del Supremo en 2007).
La fiscal Anticorrupción Belén Suárez solicitó a la Audiencia Nacional que reclamara al Gobierno la extradición de Fernández por el llamado ‘saqueo 2’. El presidente de la Sección Tercera del citado tribunal con sede en Madrid, Alfonso Guevara, lo tuvo claro y a su vez se dirigió al Ejecutivo que preside Mariano Rajoy para que acceda a la petición y la curse ante Argentina.
Cabe recordar que la fiscal Suárez reclama a Fernández 7,8 millones de euros de indemnización para el Ayuntamiento de Marbella en ‘caso saqueo 2’, en concepto de responsabilidad civil, así como una petición de prisión de nueve años por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento público. Todo ello relacionado con su etapa como concejal de Deportes del GIL (1991-1998), como gerente de la sociedad Actividades Deportivas 2000 S.l., una de las 21 sociedades que creó Jesús Gil a su llegada al Consistorio marbellí, con el fin de escapar al control de los funcionarios municipales, especialmente el interventor, dada la opacidad que aplicaban.
El presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara, durante el juicio por el conocido como ‘caso saqueo 2’, en el que no pudo ser enjuiciado Carlos Fernández debido a su fuga.
La fiscalización del Ayuntamiento de Marbella por parte del Tribunal de Cuentas
La causa ‘saqueo 2’ también conocida como ‘caso Tribunal de Cuentas’ en sus inicios, dimana de una macro querella ante la Audiencia Nacional, interpuesta por el entonces fiscal jefe de Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, en marzo de 2003, a raíz de los informes contables que elaboró el Tribunal de Cuentas del Estado, después de la fiscalización del Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades municipales, durante el periodo 1991-1999.
Después de su abrupta salida del GIL, Fernández pasó al Grupo Mixto del Ayuntamiento de Marbella hasta las elecciones de 1999, en las que concurrió bajo las siglas del Partido Andalucista y cosechó un gran éxito, con dos concejales y la recuperación del PA en el Consistorio después de casi 20 años ausente. Ya en los comicios locales de 2003 el ahora encarcelado en Argentina fue a más y obtuvo un tercer concejal.
Gran parte de los delitos que se imputan a Fernández, prescritos para el fiscal Maldonado, son producto de su etapa como gobernante del PA, entre agosto de 2003, a raíz de la moción de censura contra el entonces alcalde Julián Muñoz, hasta septiembre de 2005. Su cese se produjo tras una investigación periodística destapada por el diario El Mundo, durante más de veinte días de información ininterrumpida.
Fernández fue destituido en el equipo de gobierno de la entonces alcaldesa, Marisol Yagüe (también condenada en’Malaya’) junto a su lugarteniente en el PA, Pedro Pérez ‘Chotis’ (condenado a prisión por ‘Malaya’ ) por una serie de irregularidades detectadas en las delegaciones municipales del PA.
Años después, en el juicio contra ‘Chotis’, llamado ‘caso de la trama del PA’, la práctica totalidad de los testigos que habían incriminado a ambos políticos durante la instrucción del caso se retractaron en la vista oral. El fiscal llegó a decir que en 30 años de ejercicio profesional nunca había visto nada igual.Tras aquellas retractaciones el exbrazo derecho de Fernández fue absuelto, pero siguió con el cumplimiento de su condena de cárcel por cobrar sobornos, en sobres, del cerebro del ‘caso Malaya’, el corruptor de políticos Juan Antonio Roca, exasesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella.
En el juicio de extradición contra Fernández se analiza si los delitos del país que requiere (España) prescribieron, o no, en el país donde está la persona buscada (Argentina)
El fiscal federal Francisco Maldonado durante la celebración de un juicio en Argentina, en imagen de archivo. FOTO/ Cecida por el diario El Tiempo de San Juan
Cabe recordar que la opinión del fiscal es clave para el futuro de Fernández si no lo acusara. Eso obligaría al juez Rago Gallo a poner en libertad al español y no extraditarlo, circunstancia que parece ya descartada, dada la firmeza del Ministerio Público en cuanto a la convicción sobre que la malversación no está prescrita en Argentina
Pero si el fiscal acusa, pidiendo la extradición, el juez federal Rago Gallo puede o no hacerse eco de la petición del fiscal Maldonado, al no ser vinculante en ningún caso la tesis del acusador público.
Todo esto se verá en la audiencia que arrancará a las 9 de la mañana de este viernes, tras la jornada de hoy jueves en la que están previstos los alegatos de las defensas. De hecho, los letrados de Fernández han llegado a aportar una encuesta al juez, elaborada entre los vecinos del barrio donde reside, para demostrar su arraigo y conocimiento social como ‘coach’, asesor de políticos, empresarios, deportistas y periodistas locales.
El juez federal Leopoldo Rago Gallo atendiendo a los periodistas en imagen de archivo. FOTO/Poder Judicial San Juan.com
Por lo que respecta a la declaración testifical de la mujer de Fernández, la periodista Carla Coppari, su testimonio se centró en demostrar el arraigo de su marido. Fuentes jurídicas consultadas por Marbella Confidencial recordaron que el Artículo 11 del Tratado de Asistencia Jurídica entre España y Argentina recoge que la extradición se podrá denegar: cuando la personal reclamada tuviere arraigo en la parte Requirente (Argentina) y ésta considerase que la extradición (a España) puede perjudicar la inserción social”.
