El fiscal federal Francisco Maldonado durante la celebración de un juicio en Argentina, en imagen de archivo. FOTO/ Cecida por el diario El Tiempo de San Juan
El fiscal federal Francisco Maldonado, conocido por su tenaz persecución en los tribunales contra represores argentinos, vinculados a la dictadura militar que arrancó bajo la presidencia de Videla, en 1976, y se prolongó hasta 1983, ha sido el representante del Ministerio Público asignado a la causa para decidir en los próximos 30 días sobre la posible extradición del prófugo del ‘caso Malaya’ Carlos Fernández. El exconcejal del PA marbellí fue detenido el pasado viernes en su domicilio de la localidad de Rivadavia (provincia de San Juan), tras once años huido de la justicia española.
Fuentes cercanas al proceso que se ha iniciado en Argentina, tras el arresto de Carlos Fernández Gámez por parte de la Policía Federal, y la negativa del expolítico a ser extraditado, han precisado a Marbella Confidencial que 30 días es el plazo máximo del que dispone España para enviar toda la documentación a las autoridades argentinas antes de que se celebre la vista en la que un juez deberá adoptar una decisión sobre su extradición, o no, a nuestro país.
Todo lo anteriormente expuesto irá en función de si han prescrito por completo las causas pendientes de este considerado ya delincuente, condenado en firme por el Tribunal Supremo, por apropiarse de 80.000 euros de las nóminas del club municipal marbellí Unión Deportiva San Pedro.
Trayectoria del fiscal Maldonado contra crímenes de lesa humanidad
Llegado al Tribunal Oral Federal de San Juan en 2013, el fiscal Maldonado ya protagonizó una importante carrera en destinos previos por casos de lesa humanidad. De hecho, fue el primer fiscal de primera instancia en investigar las atrocidades cometidas por jerarcas militares en la región de Cuyo, que engloba tres provincias: San Juan, Mendoza y San Luis.
De 52 años de edad se encarga de la jefatura de la acusación pública que tiene en sus manos desde el pasado viernes parte del futuro más inmediato de Carlos Fernández, de momento a la espera en el penal de Chimbas, la cárcel provincial.
Maldonado también se encargó de perseguir y enjuiciar al genocida Jorge Antonio Olivera, cuando fue detenido tras haberse fugado de un hospital militar y permanecer cuatro años fugado, junto al también represor Gustazo de Marchi. Previamente, Olivera, conocido como ‘el carnicero de San Juan’ había sido condenado a cadena perpetua, junto a otros represores militares, en la sede judicial donde ahora se verá el asunto de Fernández.
El mayor Olivera fue hallado culpable del secuestro y desaparición de la cotizada modelo Marie Ann Erice en octubre de 1976, bajo la dictadura militar. El caso alcanzó repercusión internacional, dada la fama de la joven, que había llegado a ser portada de la revista Gente, una de las más populares en Argentina.
Carlos Fernández a su salida de las dependencias de la Policía Federal Argentina, una vez detenido este viernes. FOTO/PFA
Se da la circunstancia de que ahora Carlos Fernández se encuentra en la misma prisión donde están diversos represores dela dictadura militar condenados, como Olivera y De Marchi.
Fuentes cercanas a la penitenciaria de Chimbas aseguran que el detenido español no estará, como se pensaba, con los presos comunes en las peores instalaciones del penal. Muy al contrario, ocupará un módulo especial junto a otros presos federales de su misma condición, como son los citados torturadores, así como narcotraficantes y traficantes de personas dedicados principalmente a la prostitución.
Fernández estará entre los que son considerados “presos privilegiados”, distintos a los comunes, por ser reclusos encausados por jueces federales
Las fuentes citadas llegan a hablar de “presos privilegiados” para referirse a los compañeros de Fernández en su módulo y aseguran que las instalaciones donde duerme el exedil del PA desde la noche del pasado viernes han sido remodeladas y no tienen la sobrepoblación reclusa que caracteriza a este destartalado penal, con capacidad oficial para 700 presos y que alberga a unos 1.300 internos.
Por lo que respecta a la batalla legal que se inicia a partir de ahora en España, para tratar de demostrar si las causas por las que fue procesado Fernández están prescritas, diversos juristas coinciden al afirmar que si el delito de malversación por el que se acusó al exgobernante marbellí es del tipo “agravada” no prescribiría a los 10 años, sino a los 15. De ser así, el reo podría ser extraditado a España.
Otro aspecto que no se ha descartado es la posibilidad de que Fernández pueda ser considerado autor de algún delito de falsedad documental, cometido en Argentina en los últimos once años: allí se denomina “adulteración de documentos” a este tipo penal. De conformarse su consumación, tendría que ser juzgado por el mismo en el país austral
Por el momento no ha habido pronunciamiento oficial alguno ni del presidente del Tribunal del ‘caso Malaya’, José Godino, ni de la Audiencia Nacional, que juzgó el llamado ‘caso saqueo 2’ en el que también debió haber comparecido Fernández. Tampoco lo ha hecho el fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero. El hecho de haber habido un fin de semana por medio, tras el arresto, no es baladí ante la ausencia de declaraciones oficiales.
No obstante, ahora mismo la respuesta más inmediata está en manos del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, el mismo que llevó la investigación de ‘Malaya’ desde que se incoaron las diligencias 4796/2005, a raíz de la declaración, en octubre de 2005, desvelada por el diario El Mundo, del jefe de los servicios jurídicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Jorge González, quien contó al juez Miguel Ángel Torres el poder, como alcalde de facto, que tenía Juan Antonio Roca en el Consistorio marbellí, en aquel entonces regido por Marisol Yagüe como alcaldesa.
