El fiscal jefe de área de Marbella, Julio Martínez Crazo (tercero por la derecha) junto a la exalcaldesa de Marbella Ángeles Muñoz, en imagen de archivo durante un acto del Colegio de Abogados. FOTO/ web Ayto.
Serio revés para los intereses personales de la exalcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, al oponerse el fiscal Julio Martínez Carazo al archivo del llamado ‘caso PGOU’ que pretendía la también senadora y aforada, contra quien iba dirigida inicialmente la querella presentada por el representante del Ministerio Público.
Según el escrito de Martínez Carazo dirigido al juez instructor, Gonzalo Dívar, y al que ha tenido acceso Marbella Confidencial, la acusación pública “se opone al sobreseimiento provisional de la presente causa instado por la representación de doña María Ángeles Muñoz Uriol, así como por la representación de don Alberto de las Cuevas Torres”, en alusión al coinvestigado vicesecretario municipal del Ayuntamiento de Marbella.
Como razón principal para oponerse al archivo del caso, el fiscal considera que el vicesecretario municipal, durante su declaración en sede judicial como imputado, “no pudo dar explicación alguna a que en el acuerdo final que se contiene en el acta de pleno y que obra en los folios 140 a 150 de las actuaciones, no se contenga mención alguna a la sustitución de 22 de los 71 planos que componían el PGOU de Marbella”, reza el escrito sobre el que tendrá que pronunciarse ahora el juez Dívar.
A lo largo de ocho folios fechados el pasado 20 de julio el fiscal razona, ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de Marbella, los motivos que le mueven a oponerse a las pretensiones de los dos investigados citados. No obstante, la única concesión que hace Martínez Carazo a las defensas se enmarca en su conformidad para que la imputación que pesa sobre la exedil de Urbanismo, Alba Echeverría, sea archivada.
“Nada tenemos que oponer al sobreseimiento provisional de la presente causa respecto de doña Alba Echeverría Prados, dado que de lo actuado en ningún momento ha quedado acreditado que tuviera participación alguna en el delito de falsificación de documento público investigado en las presentes diligencias”.
Sobre el papel que desempeñó el citado alto funcionario municipal investigado, el fiscal considera que la declaración judicial de De las Cuevas “no puede justificar lo acontecido”, en referencia a los cambios de planos y la falta de información a los ediles.
Carazo expone que el vicesecretario mantuvo en su declaración ante el juez Dívar que “la documentación que se presentó por el Equipo Redactor del PGOU de Marbella le fue entregada el mismo día 29 de julio de 2009, fecha en la que el Pleno del Ayuntamiento debatió ‘La segunda aprobación provisional de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Marbella’ y que la misma estuvo siempre a disposición de los concejales –hay que tener en cuenta que el pleno se inicia a las 11 horas y cinco minutos del citado día 29–”, recalca el fiscal sobre el escaso margen de los ediles para ver dichos documentos.
Aunque el acusador público no entrar a valorar el papel desempeñado por Ángeles Muñoz en la citada sesión plenaria, al ser aforada y estar exenta de ser investigada por el juez Dívar, Carazo sí se refiere a una frase de la entonces alcaldesa: “Incorporar nota como dice el Vicesecretario”, para luego preguntarse en voz alta “cómo con esa mínima información queda justificado lo que se hace constar en el acta del pleno”, sobre la sustitución de 22 de los 71 planos, como los relativos al deslinde entre Marbella y Benahavís, así como suelos de La Cañada, propiedad de Tomás Olivo, y el club de playa El Ancla, de San Pedro, entre otros.
Asimismo, el fiscal también reprocha que el vicesecretario “quiere justificar el contenido del acta del pleno y su coincidencia con lo que se informó a todos los concejales que formaban el Pleno de la Corporación Municipal, con la mención que hace una vez transcurrido el debate, al referirse al documento presentado por el equipo redactar que contenía las modificaciones expuestas […]”.
Declaraciones testificales dispares sobre si los cambios en el PGOU eran relevantes o no
El fiscal también llama la atención en su escrito acerca de una serie de declaraciones en las que los testigos no se ponen de acuerdo sobre si los cambios efectuados en el PGOU eran sustanciales o no. Por encima de la disparidad de criterios, Carazo sí considera que “era una cuestión trascendental” la modificación introducida para sustituir o alterar 22 de los 71 planos.“A tan importante cuestión tan sólo se hace referencia por los denunciados durante el Pleno del M.I. Ayuntamiento de la siguiente forma:”.
A partir del reproche anterior el fiscal reproduce la forma en la que el vicesecretario y la entonces alcaldesa dieron cuenta al resto de miembros de la Corporación municipal, a todas luces escasa y confusa, a tenor de las transcripciones literales recogidas en el informe del Ministerio Público sobre el que ahora debe decidir el juez instructor.
Cree el fiscal que la nueva documentación aportada el mismo día del pleno, que permitió la modificación de 22 de los 71 planos del Plan General de 2010, “debiera haberse sometido con carácter previo a una información pública, e informes técnicos preceptivos”.
Totalmente contrapuestas entre sí son las versiones de los testigos Sebastián Pérez Olmedo, asesor jurídico del equipo redactor del PGOU (dirigido por Fustegueras) y el jefe del Servicio de Planeamiento Urbanístico de la Junta, Antonio Becerra. El primero declaró ante el juez que no se trataba de una modificación sustancial de planos, contrariamente a lo afirmado por el segundo.
La citación de nuevos testigos
El fiscal propone citar como testigos, para arrojar más luz a los hechos investigados, a dos funcionarias municipales: Inmaculada Chaves y Yolanda López Romero, personas que, según el vicesecretario, “fueron las que procedieron a la transcripción del vídeo que contenía el Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de julio de 2009”.
Tal y como solicitaba el PSOE, el fiscal se muestra conforme con una serie de pruebas testificales solicitadas. Se trata del exconcejal del PP Diego Eizaguirre y la exedil y exportavoz del PSOE Susana Radío.
En el caso de la dirigente socialista, ahora concejala en Alhaurín de la Torre, Carazo hace constar que en el acta del pleno mencionada se recoge que Radío hizo alusión a “la pretensión de modificar las lindes del municipio, saltándose todos los procedimientos para ello”. Es precisamente en ese deslinde donde Muñoz y su familia tienen importantes intereses inmobiliarios, que hubieran sido objeto de importantes recalificaciones en caso de haberse consumado la entrega de más de 170.000 metros de suelo a Benahavís.
Se ha leido alguien el informe del fiscal. Dice que los planos los elabora Territorio y Ciudad. Expone que cambian los planos para adecuarse al informe del Consejo Consultivo. Y así podríamos seguir. Dónde quedan las denuncias de que el PP había manipulado los planos.
Enrique, le recuerdo que en la denuncia inicial de la plataforma antidesline, que dio pie a la querella del fiscal contra Ángeles Muñoz y el vicesecretario, nunca se personalizaron acusaciones concretas hacia nadie. Se expusieron hechos que podían ser constitutivos de delito.
Si el fiscal optó por personalizar con nombres y apellidos, al turnar la denuncia, es que encontró indicios racionales de delito, al margen del aforamiento del que goza Ángeles Muñoz como senadora, que le impide declarar ante un juez ordinario.
Qué pronto podría esclarecerse el llamado ‘caso PGOU’ si la senadora renunciara a su escaño en la Cámara Alta y, por consiguiente, a su aforamiento. Sería entonces cuando el juez Dívar podría tomarle declaración, sin más dilaciones procesales que supongan el envío de los autos al Tribunal Supremo.
Saludos.
Ese es otro debate, el de los aforados. Pero el de la falsificación de los planos se ha cerrado. No ha existido.