El fiscal jefe de Área de Marbella, Julio Martínez Carazo, en imagen de archivo. FOTO/ La Opinión de Málaga.
El fiscal jefe de Área de Marbella, Julio Martínez Carazo, ha decretado el archivo de la denuncia que interpuso el actual equipo de gobierno tripartito local (PSOE, OSP e IU) contra el anterior Ejecutivo del PP, presidido por Ángeles Muñoz, al dejar prescribir multas urbanísticas por importe de más de 9 millones de euros.
En la resolución del ministerio público que da carpetazo a este asunto, Martínez Carazo aprecia que existieron indicios de prevaricación en la actuación del que fuera concejal delegado de Urbanismo, Pablo Moro, pero decide archivar las actuaciones por haber fallecido el exedil conservador y estar prescrita cualquier responsabilidad penal.
“En la conducta analizada, se darían todos los elementos que requiere el tipo penal sobre prevaricación”, según el documento de tres folios al que ha tenido acceso Marbella Confidencial. De hecho, el fiscal enumera que para que haya prevaricación será necesario “una resolución dictada por autoridad, o funcionario público, en asunto administrativo”; así como que sea “objetivamente contraria a derecho, es decir ilegal”, además de que la decisión de la autoridad pública en cuestión ocasione “un resultado materialmente injusto”, entre otros argumentos.
No menos relevante resulta el hecho, apreciado por el fiscal, de que la prescripción de multas pudo dictarse “con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad o funcionario, y con el conocimiento de actuación contra el derecho”.
Sin embargo, apostilla Martínez Carazo en su escrito, el artículo 130 del Código Penal “prescribe que la responsabilidad criminal se extingue por la muerte del reo, y constando el fallecimiento de D. Pablo Moro Nieto y la imposibilidad de acreditar que en la comisión de los hechos citados participaran terceras personas, procede el ARCHIVO de las presentes”, concluye el fiscal.
No obstante, el ministerio público deja la puerta abierta al Ayuntamiento para que, si lo estima oportuno, denuncie los hechos ante el Juzgado de Instrucción Competente.
El PP ha desvelado el archivo, pero sin explicar los motivos esgrimidos por el fiscal
Ha sido el concejal y parlamentario del PP, Félix Romero, quien ha desvelado este miércoles el archivo de la investigación penal, pero sin explicar el motivo aducido por el acusador público para tomar tal decisión. El que fuera portavoz del anterior equipo de gobierno (2007-2015) ha hecho públicos los tres folios del fiscal en los que éste contestaba a la exalcaldesa Muñoz que no había lugar para su personación en las actuaciones, por estar archivadas.
Una vez ha dado a conocer la resolución de Fiscalía, Romero ha exigido al tripartito sus “disculpas públicas” por haber lanzado, según ha dicho, “acusaciones falsas e infundadas” contra Ángeles Muñoz. Lo cierto es que, tal y como hace constar el fiscal Martínez Carazo, la denuncia del Ayuntamiento de Marbella no iba dirigida contra la exregidora, sino en genérico, para que se investigaran tales hechos, que causaron un gran revuelo mediático en su día.
“Cuando se ha acusado tantas veces a una persona como Ángeles Muñoz y al PP lo mínimo sería pedir perdón y decir que no había ninguna responsabilidad . No va a pasar, no ha pasado nunca. Sería lo que haría un gobierno honesto”, ha reprochado Romero al tripartito.
Paralelamente, el parlamentario ‘popular’ ha lamentado que desde el Ejecutivo que preside José Bernal, “no se haya dado ninguna publicidad a esta actuación de la Fiscalía de Área”.
Dos horas después de la rueda de prensa de Romero el portavoz del gobierno local, Javier Porcuna (PSOE) ha comparecido, de forma urgente, para aclarar los hechos. Ha sido entonces cuando el edil socialista ha dado a conocer ante los periodistas la resolución del fiscal, fechada el 18 de noviembre de 2016, meses después de interponerse la denuncia.
Respuesta del equipo de gobierno al PP
Porcuna ha informado de que el fiscal “sí detectó indicios de prevaricación en las causas urbanísticas que prescribieron bajo el gobierno del PP” y ha lamentado que la formación “intente utilizar políticamente el archivo de la causa, que se produjo a consecuencia del fallecimiento de su compañero y exconcejal de Urbanismo, Pablo Moro”.
Porcuna, que ha mostrado la “indignación del equipo de gobierno ante un gesto ruin y de desfachatez por parte del PP”, ha recordado que “en su momento se hizo una denuncia por los más de nueve millones de euros que prescribieron en el área de Urbanismo por dejar de actuar, por omisión en este caso, según entendíamos, en el cobro y en los requerimientos a aquellas personas y empresas que habían cometido alguna infracción urbanística”.
Así, ha detallado que el Ayuntamiento recibió el 18 de noviembre de 2016 el archivo de la causa, “donde el fiscal jefe recogía en el punto tercero que en la conducta analizada se darían todos los elementos que requiere el tipo penal sobre prevaricación, ya que recoge una resolución dictada por autoridad o funcionario público en asunto administrativo, así como que sea objetivamente contraria a derecho; es decir, ilegal”, informa Europa Press.
Los argumentos del fiscal
Además, según se recoge en dicho documento, “no hay ningún argumento técnico ni jurídico que sea mínimamente razonable para que se hayan archivado o prescrito esos expedientes”, ha remarcado el edil, quien ha señalado que “otros de los elementos que el fiscal entiende que se dan y que requieren el tipo penal sobre prevaricación son que ocasione un resultado materialmente injusto, así como que la resolución sea dictada con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad o funcionario y con el conocimiento de actuar contra el derecho”.
“Con estos argumentos, lógicamente debería haberse continuado la investigación o darle traslado al juez, pero se archiva porque se extingue la causa por la muerte del exconcejal de Urbanismo Pablo Moro”, ha remarcado Porcuna, quien ha explicado que “entonces no salimos a la luz pública porque entendimos que ni era el momento ni era la oportunidad, y que cualquier manifestación podía perjudicar a su familia y sus allegados más directos en un momento especialmente delicado”.
Así, ha señalado que “nos parecía de una falta de elegancia absoluta, incluso inmoral e indecente, por lo que lo que hicimos desde el equipo de gobierno fue adoptar la decisión del fiscal y obviamente, dadas las circunstancias, correr un tupido velo”.
“Por ello, ante las declaraciones realizadas hoy por el PP, lo único que sentimos es indignación; una indignación que va más allá del rifirrafe diario y continuo de dimes y diretes entre partidos políticos; una indignación porque son manifestaciones que entran en el ámbito de la familia y que afectan a una persona que no se puede defender”, según ha apuntado el portavoz municipal.
Por último, ha indicado que entienden que “en política no todo sirve y estar sometido al liderazgo de la señora Ángeles Muñoz no debería cegar al señor Félix Romero para hacer según qué cosas”, ha concluido el edil.
