El exedil del PA Carlos Fernández (centro), junto al exsecretario municipal del Ayto de Marbella, Leopoldo Barantes, y el exdirigente del PA y exedil Pablo Núñez en una imagen de 2002. FOTO/ JAVIER MARTÍN
El fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos Lopez Caballero, ha solicitado la extradición del exconcejal del Gil y PA Carlos Fernández por dos nuevas causas penales, en este caso ambas urbanísticasiniciados por delitos contra la ordenación del territorio. Para la Fiscalía no ha pasado el tiempo de prescripción, al considerar que ese plazo es de diez años, al llevar ese tipo delictivo aparejada una pena de inhabilitación de hasta diez años.
La primera de las dos nuevas causas por las que se pide la extradición es el llamado ‘caso Obarinsa’, tramitado por el Juzgado de Instrucción 3 de Marbella y en él se solicitaban deos años de prisión e inhabilitación especial para cargo público o empleo por diez años, en relación con un presunto delito de prevaricación urbanística. Se trataba de la concesión de una licencia para 80 viviendas que no se ajustaba al PGOU vigente del 86. De hecho, el resto de miembros de la junta de gobierno local de 2004 fueron procesados.
La otra causa está en el Juzgado 5 de Marbella y es un delito urbanístico. Fue el llamado ‘caso Cristo de los Molinos’. y correspondió a a licencia de ejecución del proyecto para diez viviendas.
Respecto al resto de causas, la mayoría por delitos de prevaricación urbanística, que tenía Fernández cuando se fugó, unas diez, la Fiscalía ha recibido la documentación de los juzgados marbellíes correspondientes y está analizándola para determinar su prescripción o no, según han indicado fuentes fiscales.
En el otro caso, también por ordenación del territorio y que está en Instrucción 3, se acordó la detención en mayo de 2009 y se decretó la rebeldía en diciembre de ese año, fecha que para el ministerio público se debe tomar como punto de partida para contabilizar la prescripción.
De hecho, ya ha pedido en dos de ellas que el juzgado correspondiente proponga al Gobierno que solicite la extradición, añadiendo también en los escritos, a los que ha tenido acceso Europa Press, que “dada la urgencia del caso”, y según lo dispuesto en el convenio bilateral, “se solicite la detención preventiva del mismo, como paso previo a la solicitud de extradición”. También pide que se dicte auto de prisión.
Así, en uno de ellos, que se lleva en el Juzgado de Instrucción número 5 marbellí, se dictó auto de apertura de juicio oral por un delito contra la ordenación del territorio y hubo escrito de acusación en marzo de 2009, decretándose la rebeldía al no poder encontrarlo en mayo de 2010, fecha desde la que habría que contar el plazo para el fiscal.
La condena del ‘caso jugadores’ prescrita
Por otro lado, en el caso de la condena de dos años de prisión y tres de inhabilitación absoluta por un delito de malversación, juzgado por el procedimiento de jurado, la Fiscalía entiende que está prescrita, tal y como adelantó Marbella Confidencial
ya que el Código Penal establece un plazo de prescripción de cinco años para penas menos graves de menos de tres años de prisión, como es este caso. En este caso, insta a que se declare extinguida la responsabilidad penal.
Esta condena se produjo después de que un jurado popular lo considerara culpable de malversar 82.639 euros de subvenciones del Consistorio marbellí para el pago de los jugadores de la Unión Deportiva San Pedro en la temporada 1997-1998. En este procedimiento, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmó la sentencia en abril de 2006.
