El exconcejal del PA en Marbella, Pedro Pérez ‘Chotis’ (izqda) junto al prófugo Carlos Fernández (centro) , el exparlamentario andalucista Ildefonso Dell’ Olmo y la exedil María José Lanzat en 2005. Foto/J.C.Villanueva
Diez años después de cometer los presuntos delitos, el exsecretario provincial del PA y exteniente de alcalde andalucista en el Ayuntamiento de Marbella, Pedro Pérez ‘Chotis’, actual responsable de Instalaciones Deportivas del Consistorio marbellí, se enfrenta a una pena de siete años de prisión que pide para él la Fiscalía de Málaga en el llamado ‘caso PA’. Se trata de la presunta trama de corrupción destapada en las delegaciones municipales de la formación política, en septiembre de 2005, que acarreó la ruptura del pacto tripartito que presidía la exalcaldesa gilista Marisol Yagüe. La exregidora destituyó a Pérez y Carlos Fernández, prófugo de la Justicia desde el inicio de la ‘operación Malaya’ en 2006
Pérez se sienta desde este miércoles en el banquillo de los acusados de la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga junto a Antonio Fernández, hermano de Carlos Fernández y excargo de confianza del PA en aquellos años, así como Luis Labajos, pariente de Pérez y tercer encausado a raíz de la denuncia que interpuso el exagente de la Policía Local de Marbella Cristóbal Toro, ya fallecido, tras una serie de informaciones publicadas por este periodista en EL MUNDO de Málaga, entre el 2 y el 22 de septiembre de 2005.
Numerosos delitos
En el escrito de conclusiones provisionales del ministerio público, previo al juicio oral, al que ha tenido acceso Marbella Confidencial, se recoge la acusación contra ‘Chotis’ por un delito continuado de malversación de caudales públicos, fraude, y siete delitos consulados y cinco intentados, de los cometidos por funcionarios públicos contra los derechos individuales. También se enfrente a abultadas penas de inhabilitación absoluta (diez años) y para empleo o cargo público.
Uno de los aspectos más graves que recoge el fiscal son las presiones a trabajadores municipales a quienes Fernández y Pérez supuestamente pretendían forzar para afiliarse al PA, a cambio de renovarles sus contratos temporales por indefinidos en el Consistorio marbellí.
La alarma saltó en julio de 2005, tras una reunión en la Tenencia de Nueva Andalucía
La alarma saltó en julio de 2005, cuando los entonces tenientes de alcalde andalucistas convocaron una reunión en la Tenencia de Nueva Andalucía, cuartel general del PA, a la que asistieron en su mayoría trabajadores eventuales, a quienes les “exigieron” la afiliación al partido y el pago del 2% de sus nóminas, “amedrentándoles con no ver renovados sus contratos en caso contrario”, subraya la acusación pública.
Fue precisamente dicha reunión de la que se hizo eco EL MUNDO en su primera información periodística, de septiembre de 2005. Tras ella hubo veinte días seguidos de noticias contínuas en la edición malagueña del rotativo de Unidad Editorial sobre este escándalo ahora juzgado.
Siete fueron los trabajadores que denunciaron los hechos ante órganos municipales no controlados por el PA, tras haberse afiliado “bajo presiones” a la formación. Otros cinco, que también denunciaron, “no cedieron a estas exigencias”.
No se acusa a Carlos Fernández por estar prófugo
El fiscal del llamado ‘caso PA’ relata en su escrito que tanto Pedro Pérez como Carlos Fernández –respecto a quien no se dirige acusación alguna por estar prófugo de la Justicia– “cometieron graves abusos en la gestión y manejo de los medios personales y materiales del Ayuntamiento de Marbella y de las sociedades municipales referidas”, en alusión a las que controlaban los tres concejales andalucistas (la tercera, María José Lanzat, está condenada a más de 3 años de prisión en el ‘caso Malaya’).
Los dos extenientes de alcalde andalucistas “favorecían la contratación para el Ayuntamiento de Marbella, o las sociedades municipales, de personas afiliadas o afines al PA, aunque en ocasiones tales contrataciones no eran objetivamente necesarias, o en otros casos eran fraudulentas”, reza el escrito.
Antonio Fernández Gámez, acusado de no devolver casi 3.000 euros al Ayuntamiento
Antonio Fernández, acusado de un delito de apropiación indebida, para quien se piden seis meses de multa, (3.600 euros), está acusado de no devolver al Ayuntamiento de Marbella casi 3.000 euros de su nómina, cobrados indebidamente, “con la intención de enriquecerse”, sostiene el fiscal, “con el consiguiente perjuicio” para las arcas municipales.
A diferencia de otras personas, el hermano de Carlos Fernández no devolvió los emolumentos cobrados tras un “error” administrativo que propició que personal de confianza, que fue contratado con carácter indefinido en Turismo Ayuntamiento de Marbella 2000 S.L., cobrara por dos vías durante agosto y septiembre de 2005.
Las numerosas irregularidades que se enjuician diez años después abarcan también la contratación irregular del acusado Luis Jiménez Labajos, pariente de ‘Chotis’. A ambos el fiscal les acusa de “concertarse” para que Labajos “se enriqueciera a costa del patrimonio municipal.
Un pariente al que ‘Chotis’ contrató también está acusado
La Fiscalía sostiene que el edil andalucista favoreció a su pariente, que contaba entonces 67 años de edad, con un contrato de auxiliar administrativo en una sociedad municipal que Pérez Salgado dirigía. Se trató de una actividad laboral que Labajos “nunca ejerció”, en el marco de una actuación ideada para obtener beneficios y prestaciones en el ámbito de la Seguridad Social.
Jiménez Labajos cobró “de forma fraudulenta” 11.377 euros, por una “supuesta actividad laboral” desde diciembre de 2004 a agosto de 2005.
La trama de corrupción del PA que se enjuicia desde el miércoles incluía también, según el fiscal, el abuso de Pedro Pérez y Carlos Fernández, “en su propio beneficio y en el de conocidos o amigos suyos”, de los medios de la sociedad Control de Limpieza Suministro y Abastecimiento 2000 S.L.
A los dos andalucistas se les acusa de utilizar los talleres de la citada sociedad pública “para la reparación de vehículos particulares de personas de quien pretendían obtener su favor en beneficio de éstas, ya que no satisfacían importe alguno por el suministro de piezas y servicio de reparación, en claro perjuicio para la sociedad, sin que pueda concretarse el importe de lo distraído, por no quedar constancia escrita de tales servicios”, reza el escrito del fiscal.
‘Chotis’ sigue en el Ayuntamiento tras su condena firme en el ‘caso Malaya’
‘Chotis’, ya condenado en sentencia firme del Supremo por el ‘caso Malaya’ y a la espera de ejecución de sentencia para ingresar en prisión para cumplir una pena de tres años y seis meses, por recibir sobornos del cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, es trabajador laboral del Ayuntamiento de Marbella y a día de hoy permanece como responsable de Instalaciones Deportivas en la delegación municipal.
Además, sobre el exsecretario provincial del PA pesan también otras sentencias firmes, por delitos urbanísticos, producto de su antigua gestión como teniente de alcalde marbellí entre 2003 y 2005, tras protagonizar una moción de censura en la que se aliaron ediles gilistas, andalucistas y tránsfugas del PSOE, como Isabel García Marcos.
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