El ‘número 2’ del PP de Marbella, Cristóbal Garre, en rueda de prensa reciente. Foto/ marbellaconfidencial.es
Al concejal del Partido Popular de Marbella Cristóbal Garre, ‘número 2’ de la lista electoral que encabezó Ángeles Muñoz en 2015, le tocó el pasado viernes defender la incomprensible postura de su partido, contrario a la hoja de ruta urbanística diseñada por el gobierno tripartito y que cuenta con el respaldo de importantes colectivos empresariales. Para ello, Garre no dudó en tratar de restar relevancia a CIT Marbella, considerada la patronal local, que aglutina a cerca de 500 empresas, así como a la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), vinculada a la patronal andaluza (CEA) además de a la CEM de Málaga.
En el marco de su polémica intervención plenaria, que ha causado un gran malestar en el seno de estas organizaciones empresariales, según distintas fuentes consultadas por Marbella Confidencial, Garre criticó al referirse al tripartito que, “dentro de su modelo de participación y transparencia, llaman al CIT Marbella como asociación empresarial y a otras asociaciones de Málaga, que no sé bien qué pintan en nuestra ciudad; sin llamar a asociaciones empresariales de Marbella, de mayor relevancia como Apymem, Apymespa, Dom 3, o REM entre otras”, criticó el edil conservador.
La mayoría de los empresarios, constructores y promotores, con los que ha hablado este medio digital, quienes prefieren no dar sus nombres para no empeorar más la situación, coinciden en que la soledad del PP ha quedado evidenciada tras la sesión plenaria del viernes al abstenerse. Un voto que, aunque los conservadores consideran “responsable”, se convirtió en irrelevante, gracias al respaldo de los dos concejales de Podemos, que sumaron mayoría absoluta.
A juicio del fichaje estrella frustrado de Ángeles Muñoz para ocupar la delegación de Urbanismo, aunque también sonaba para Hacienda, en caso de haber gobernado el PP en Marbella, el documento urbanístico que salió adelante con los votos de PSOE, OSP, IU y Podemos (en la oposición) “es arbitrario, incompleto y con muy poca o nula participación vecinal, y sobre todo no consensuando nada con los grupos”.
Se da la circunstancia de que la propia Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) a la que pertenecen en CIT y la ACP, mostró días atrás su respaldo a los movimientos que lleva a cabo el alcalde de Marbella, José Bernal, para tratar de garantizar seguridad jurídica cuanto antes a los inversores que pretendan apostar por el sector urbanístico local.
“Es una hoja de ruta y un camino que compartimos y que habíamos sugerido”, apuntó el máximo responsable de CEA. Sin embargo, González de Lara advirtió de que ambas medidas son una “solución transitoria con unas herramientas lo suficientemente creíbles para otorgar licencias o calificar los suelos”. Pidió, además, que la tramitación para contar con un nuevo PGOU, que reemplace al de 1986, actualmente en vigor, y sustituya al de 2010, sea la “más breve posible”.
La Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), a la que trata de ningunear especialmente Garre, a pesar de que su presidente, Emilio López, es también vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Emilio López, pidió el pasado lunes a los partidos políticos que “busquen el bien de la ciudad y no haya la posible lucha política que se está viendo en ocasiones y que no tiene nada que ver con lo que es bueno para la ciudad”.
Los agentes involucrados más directamente en el urbanismo salieron así al paso de las diferencias que han aparecido en los últimos días entre el equipo de gobierno y la oposición y que ponían en riesgo la aprobación de ambos documentos en el pleno celebrado este viernes.
