La abogada Gema Uriarte en el pabellón de Cantabria de Fitur, en una imagen e archivo de 2017. FOTO/ Gobierno de Cantabria
Ante la sorpresa de los periodistas, la toma de posesión de Gema Uriarte como Interventora General del Gobierno de Cantabria el 5 de febrero de 2008, fue uno de esos actos sencillos a los que, sin embargo, acudieron todo tipo de cargos del Ejecutivo que presidía Miguel Ángel Revilla en coalición con el PSOE. Al fin y al cabo, era bueno conocer a la persona que podría desbloquear pagos y dar el visto bueno a trámites.
Porque el Interventor General de un Gobierno es uno de los puestos más importantes de la administración. No tiene la visibilidad mediática de un presidente y sin los contactos de los consejeros, el Interventor se mueve entre la responsabilidad de advertir al Ejecutivo al que controla, sobre la toma adecuada de decisiones, y la difícil situación que hace que deba supervisar a quien no deja de ser responsable de su nombramiento.
Dicho de otro modo: un Interventor independiente sería más útil que una Fiscalía a la hora de detectar las zonas de sombra en la gestión de un Gobierno si no fuera por la evidente incomodidad que supone el hecho de que, pese a ser muy alto funcionario, fiscalizas al mismo Gobierno que te ha nombrado y con el que convives día a día. Es decir, hacen falta Interventores muy seguros y Gobiernos muy autocríticos para que la administración mejore como sólo se mejora cuando te señalan lo que está mal.
Eran unos años en los que el consejero de Economía, en estos momentos todavía presidente del PSOE cántabro –a pesar de un origen de militancia procedente de Izquierda Unida–, Ángel Agudo, impregnaba con su sello todo aquello que tocaba mínimamente: desde la Fundación Comercio hasta la empresa pública SODERCAN pasando por proyectos como el desastre del Racing de Santander (el equipo de fútbol cántabro fue malcomprado y malvendido por el Gobierno autonómico) o GFB, una fábrica de fibroyeso que tuvo al Ejecutivo cántabro como socio y que ya supuso unos altísimos costes antes siquiera de empezar a funcionar, todo siempre asuntos que pasaron por su despacho o por manos de sus colaboradores.
No se conocen de esa época actitudes muy críticas de Gema Uriarte a aquel gobierno, al que defendería públicamente poco después de su cese, en 2011, tras la llegada al poder del PP al Ejecutivo cántabro. Todo ello en medio de un contexto de polémica más política partidista que estrictamente funcionarial. Dicho de otro modo, el PP que sucedió a Revilla-PSOE criticaba (de forma cansina, todo hay que decirlo) la herencia recibida, y las respuestas vinieron de los militantes y la Interventora.
Es el único protagonismo que le conocemos entonces a la Interventora de aquellos años. En Cantabria el sucesor de Uriarte, nombrado por el PP y mantenido por el PSOE-PRC de Revilla –con lo que entendemos que siguen confiando en su labor—ha acaparado, posiblemente a su pesar, muchísimo protagonismo. Ha sido debido a una serie de informes muy duros en su contenido con la labor de los Gobiernos de PSOE-PRC en su anterior época (2003-2011) —y también le constan informes críticos con el PP, usados, de hecho, en el argumentario del Gobierno de Revilla–. Los reparos del actual Interventor han generado noticias y declaraciones públicas. Son otros tiempos, y otros perfiles.
El trabajo diario de un Interventor le hace presuponer un conocimiento exhaustivo del funcionamiento de la administración (sus normas, sus teclas, su complejo mundo interno), pero, también, del mundo de la empresa.
Conocimientos estos que le sirven a Uriarte para comprender cómo funciona el poder institucional desde fuera, en esta nueva faceta de empresaria privada en un paso que sorprendió a muchos: una empleada de alto nivel con trabajo de por vida y buenas condiciones vio más conveniente su paso a la siempre (en principio, o al menos para el común de los mortales) insegura empresa privada que, tal y como avalan los hechos, no es tal: la mayoría de los trabajos que ha desempeñado Uriarte a partir de entonces serían inviables sin el peso y la financiación pública.
Así, en una Cantabria en la que tarde o temprano todo acaba pasando por el Racing de Santander, con un Ejecutivo protagonista de sucesivos rescates tanto al club como a sus diferentes empresas propietarias, entre las que predominaron las del sector de la construcción, muchos descubrieron que la Interventora se había pasado a lo privado, al ver su firma en un informe del Racing que básicamente defendía que el equipo verdiblanco recibiera ingresos del Gobierno de Cantabria.
Ese exhaustivo conocimiento de la administración, la empresa (y el Derecho) le sirvió a Uriarte para detectar, con altas dosis de virulencia, unos errores en la tabla del Excel de la propuesta de adjudicación para una de las más jugosas adjudicaciones que tenía este curso político en la región, al margen de la obra pública o de los contratos más estables, el Gobierno de Cantabria: la gestión de los patrocinios del Año Lebaniego, una especie de Xacobeo cántabro que aspira a ser un gran evento religioso y turístico.
Fue una adjudicación disputada, un presagio de todo lo que vino después (dimisiones y adjudicaciones sospechosas de ser a medida incluidas, sin olvidar el fiasco monumental de Enrique Iglesias o la aplazada visita de los Reyes). A punto estuvo Uriarte de llevar al Gobierno a los tribunales, sugirió hacerlo, en relación con una supuesta prevaricación por adjudicárselo a otros licitadores con los que competía su empresa (Uriarte y Asociados). Quienes pugnaban con Uriarte por esta contrata eran una mezcla entre los nuevos dueños del Racing y quienes habían gestionado el mismísimo año Xacobeo.
Sin llegar a juicio, Uriarte consiguió quedarse desde su despacho con los patrocinios de las empresas que aportan a la cita, que llevan una comisión aunque parte de ellos provengan de las gestiones hechas por el presidente Revilla y su red de relaciones o, directamente, de empresas que evidentemente iban a aportar, dada su relación con Cantabria, como el Santander o Viesgo.
Y luego, en la misma Cantabria en la que los ayuntamientos del PP, casi como un bloque, tienen en común el mismo abogado experto en urbanismo, empezamos a encontrar ayuntamientos de PSOE y PRC que, en una especie de intento a destiempo de restablecer un equilibro entre dos bloques que ya no son los únicos, empiezan a contratar los servicios jurídicos de la asesoría de Uriarte. Pero eso es otra historia y deberá ser contada en otra ocasión.
Oscar Allende es fundador, junto a Guillem Ruisánchez, de Elfaradio.com, un medio digital de Cantabria dedicado principalmente a la información política, social y de investigación en esta comunidad autónoma, muy volcado en los colectivos ciudadanos y vecinales. Días atrás fueron ponentes en un curso sobre periodismo de investigación en la UIMP de Santander.
