Isabel Pérez ha sido la portavoz en asuntos urbanísticos del PSOE en la oposición que ha liderado el actual alcalde, José Bernal, frente al anterior equipo de gobierno del PP. Ahora esta arquitecta de profesión es la delegada de Urbanismo que sustituye en el cargo a su predecesor, Pablo Moro, pendiente de juicio oral por prevaricación, en el ‘caso Funky Buddha’, y envuelto en otros escándalos judiciales en los que ha sido denunciado.
En la extensa entrevista concedida a este medio digital, la delegada del ramo, que lleva poco más de cuarenta días al frente de este área tan compleja, asegura haberse encontrado desorganización en el departamento y defiende que no es el momento de elaborar un nuevo PGOU, porque cree que se pararía el actual desarrollo urbanístico que vive Marbella y la bonanza inmobiliaria que se incrementa, una vez superados los años duros de la crisis del sector.
PREGUNTA.- ¿Qué fue lo que más le llamó la atención al hacerse cargo de la delegación de Urbanismo?
RESPUESTA.-La verdad es que ya conocía desde fuera que el servicio era lento, pero sí que me he encontrado dentro una organización un poco desorganizada. No sé si en algún momento se intentó organizar la delegación y luego, por los condicionantes de la gestión, se ha estado enmarañado la situación, o directamente nunca se entró a organizar.
P.- O sea que lo que se encontró usted fue algo desorganizado
R.- Sí, la delegación funciona, porque es cierto que aquí la gente trabaja mucho, pero algunos de los procesos están como enmarañados. No hay una estructura clara de trabajo, aunque las cosas van saliendo. Quizás ordenando esa estructura se tengan los procesos más claros y algo ganemos en tiempo. Está por ver.
P.- Una de las quejas sobre el anterior gobierno que trasladaban los inversores era la falta de activación en la concesión de licencias, como que estaba todo muy paralizado. ¿Qué medidas se pueden arbitrar para poder agilizarlo?
R.- El departamento que lleva licencias, que es algo más reglado y aunque va lento son tiempos que pueden asumirse, en la zona de Planeamiento los procesos son más largos, pero me estoy encontrando con que hay expedientes de muchos años que siguen aquí enconados. Es cierto que algunas cosas no dependen de Urbanismo, porque necesitamos muchos informes sectoriales desde otros departamentos, pero yo creo que en el sentido que vamos habría que tutelar los proyectos desde que entran y hacer un seguimiento cada cierto tiempo con jefes de servicio y técnicos, para agilizar expedientes que no lleven un año sin haberse movido.
P.- Repasando la hemeroteca, el 22 de mayo de 2015 el actual alcalde se mostraba partidario de elaborar un nuevo PGOU ¿qué es lo que propicia que, una vez asumido el poder se cambie de opinión y se diga que no es el momento de hacer un nuevo Plan?
R.- Yo entiendo que cuando el alcalde comentó que haría falta hacer un nuevo Plan lo decía porque el PGOU actual tiene una gestión difícil. Yendo más allá, siempre he comentado que la realización de un nuevo documento sería ahora mismo inviable, no porque no tengamos necesidad de tener un Plan General más limpio, sino porque no podemos parar el desarrollo que está teniendo ahora Marbella con la realización de un nuevo Plan.
P.- ¿Puede aportar más datos?
R.- Sí claro, meternos en hacer un nuevo Plan implica suspensión de licencias y paralizar un poco la delegación de Urbanismo, a expensas de tener un Plan General que vayamos a gestionar mejor, que también está por ver cómo resolvemos todos estos sectores que todavía no tenemos gestionados. Con un nuevo Plan el paso de la normalización también tiene que estar justificado, entonces yo creo que lo mejor para el desarrollo de Marbella, que empieza a tener un cierto movimiento y más proyectos visados y licencias, es amparar todos esos desarrollos de suelos para ser urbanos y construir, sin bloquearlos en la creación de un nuevo Plan. En función de la no viabilidad de algunas zonas habrá que ver las posibles modificaciones puntuales de elementos.
P.- Dice usted que no se podría ahora mismo empezar a hacer un nuevo PGOU por la etapa de desarrollo que vive Marbella, pero parece un poco lo de la pescadilla que se muerde la cola, porque si todo va hacia arriba, como parece, ¿cuándo será el momento idóneo de hacer un Plan?
R.- Sí sí, es cierto, lo que pasa es que los Planes Generales en realidad se hacen con vistas de dos cuatrienios, normalmente duran algo más y ponernos ahora a cortar para comenzar un nuevo PGOU yo creo que aunque es díficil de gestionar el actual hay zonas en las que se puede seguir trabajando. Tenemos que hacer hincapié en las normalizaciones, es imposible que se vayan a ejecutar todas, pero tenemos que llegar a un número más alto. Sobre todo, esto se podrá ir pensando en cómo cambiar el Plan, porque a lo mejor no es necesario la redacción completa de uno nuevo pero sí mejorar algunas zonas o trabajar puntualmente.
P.- Le quiero preguntar sobre el asunto de las compensaciones para promotores relacionados con viviendas irregulares que plantea el PGOU. Recuerdo que la política que sugirió el expresidente de la Gestora, Diego Martín Reyes, era perseguir judicialmente a las mercantiles autoras de irregularidades y parece que nunca se llevó a cabo.
R.- Las compensaciones siguen siendo un punto negro en Urbanismo, porque han salido muy pocas, a lo mejor estará en torno al siete por ciento las que han salido y porque los promotores tenían cosas pendientes en Marbella y les convenía legalizar, como es el caso de Jardines del Príncipe. La idea es ver todos los expedientes de normalización abiertos. Algunos van a tener una viabilidad más inmediata, porque los promotores están tratando de normalizar. Después hay otros que tienen menos viabilidad, porque no se encuentra a los promotores, o porque algunas de las compensaciones son más injustas, o están más complicadas de resolver. En esas zonas que nos quedarían pendientes estudiaríamos la viabilidad de esos sectores en el Plan General y ver qué otras alternativas podríamos proponer.
P.- ¿Cómo es posible que no se haya tramitado ningún plan parcial en cinco años, tras la aprobación del PGOU, como informaba El Mundo días atrás y apenas se hayan regularizado mil viviendas? Cuesta creerlo.
R.- Los desarrollos han sido muy lentos, yo creo que algún plan parcial sí ha pasado por pleno su aprobación definitiva, pero muy pocos. Hablo de memoria. Uno pasó seguro, que es de la zona de la estación de autobuses de San Pedro, pero ese plan parcial todavía no es efectivo y no ha pasado por exposición pública. Es verdad que los desarrollos desde 2010 han sido muy lentos. Estos planes son un mecanismo de desarrollo de suelo muy necesario, más en Marbella que tenemos muchos sectores por desarrollar. Aunque parezca que no es cierto, el suelo urbano que tenemos ya es muy limitado y necesitamos desarrollar el Plan General para volver a conseguir suelo urbano y poder construir. No podemos estar entre dos y tres años para la tramitación de planes parciales.
P.- ¿No se han hecho demasiadas modificaciones puntuales de elementos con el PGOU de 2010 en estos cinco años?
R.- A nuestro entender las modificaciones puntuales de elementos no son malas, porque el Plan es un elemento vivo y sí que tenemos esa llave ahí para poder gestionar las partes que entendemos que son más complicadas. No obstante, nosotros hemos estado en contra de muchas de las modificaciones que se han presentado en la anterior legislatura, porque entendemos que cualquier modificación tiene que estar generada en el interés general y esa perspectiva se ha perdido en muchas ocasiones.
P.- Sobre las viviendas que quedaron fuera de ordenación, sujetas a demolición, ¿de qué se está pendiente?
R.- Ahora mismo el Plan General no los acoge como normalizables, al contrario del resto de las 16.500 viviendas legalizadas. Su situación no casaba con la idea que tenía el PGOU de hacer un corredor marítimo, o las indicaciones que el Plan General tuvo para su creación. Algunas tienen sentencia de demolición, que todavía no se ha ejecutado, y no sabemos si con el transcurso del Plan, o estudios posteriores, podrán entrar, o no, en el campo de viviendas del documento. Es duro que personas que creyeron comprar algo legal tengan esa losa encima y deberíamos seguir dándole vueltas para ver qué ocurre con ellos.
P.- Recuerdo unas palabras de Javier de Luis, como exasesor de Urbanismo de la Gestora, cuando dijo que si el PP no revisaba licencias de obras ilegales los promotores quedarían en una posición de preeminencia, frente al Ayuntamiento, a la hora de reclamar. ¿Se están encontrando con reclamaciones de este tipo por agravios, solicitando indemnizaciones?
R.- Le puedo decir que sí que tenemos pendientes muchos procesos judiciales, porque hay una persona que trabaja prácticamente contestando a los juzgados, pero no puedo concretar qué cantidad y cuánto afecta al Ayuntamiento, porque muchos están en vías de recurso. No sé si han ido en el sentido de lo que siempre dijimos sobre cierta responsabilidad que tenía el Ayuntamiento, a la hora de las normalizaciones, al dar licencias en base a un Plan que no tenía base legal y la gente entendía que las licencias eran correctas, incluso contaban con licencias de primera ocupación. Hay zonas del PGOU que quedaron en suspenso, tras la aprobación definitiva, precisamente por esos recursos que se presentaron.
P.- ¿Sería factible revisar el expediente de los locales del exdelegado de Urbanismo, Pablo Moro, denunciado en Fiscalía?
R.- La revisión amparada con la normativa de las licencias tiene unos puntos que cumplir y si se cumplen el expediente se manda al Consejo Consultivo para ver si es correcta la solicitud de licencia. Yo personalmente estuve viendo el expediente, con técnicos de Urbanismo, comprobando las ordenanzas que amparaban esa licencia. Desde el PSOE teníamos ciertos criterios de interpretación de esa ordenanza en la que tiene que basarse esa vivienda y los criterios que tomaron en Urbanismo eran explicables por parte de la delegación en otro sentido. Los puntos en los que teníamos dudas los fuimos consultando con técnicos municipales y ellos expusieron los motivos de las determinaciones. Es cierto que había unos pequeños desajustes en metros, pero proporcionalmente al tamaño de la licencia lo estimaron por bueno y en principio la licencia no se va a revisar porque no entra dentro de los condicionantes de la normativa para su revisión.
P.- ¿Usted llegó a analizar en profundidad el informe que hizo el arquitecto Jesús Flores al denunciar el caso de los locales de Moro?
R.- Sí, él ponía algunos de los puntos de la ordenanza en cuestión que no se habían cumplido. Tenía su criterio totalmente fundamentado en lo que él pensaba. Le explicaron por qué habían amparado esa licencia. Era una cuestión de criterios. Es cierto que las licencias son actos reglados, pero hay ciertos criterios interpretables. Hay asuntos como los sótanos de esta casa, que siempre pensamos que tenían la consideración de planta baja en un lado y no en el otro, pero la medición que habían realizado tomaba la mitad de ese sótano que estaba totalmente enterrado como no edificable y por eso la edificación podía ser mayor desde el otro lado. Tomaron unos criterios de cuantificación que entiendo habrán tomado con el resto de las licencias de esa legislatura para sacar el informe favorable.
P.- ¿Es cierto que usted recibió presiones del exdelegado de Urbanismo Pablo Moro?
R.- Yo tuve una conversación telefónica con él y cuando hablé del tema de su casa entendía que no lo hacía de ninguna manera personal. Tal vez él lo puso en duda, pero también es entendible porque estaba en una situación muy complicada en esos momentos. Yo sigo manteniendo que en ningún momento personalmente tuve nada que decir y miramos técnicamente cómo podía ser el desarrollo de su casa, también porque teníamos que dar respuesta a la gente que nos pregunta, de la manera más aséptica posible.
P.- ¿Cómo está viendo el asunto de la multa de 300.000 euros que impuso el PP al arquitecto Flores antes de dejar la Alcaldía?
R.- La verdad es que hemos tenido reuniones en este sentido con el equipo de infracciones de la delegación y con el señor Flores. Cuando salió la noticia de su multa nos llamó a todos la atención, porque es verdad que anteriormente no se multaba a los técnicos en el proceso de una licencia. La cosa cambió en 2012 con la nueva normativa de la LOUA. A partir de entonces se comenzó a multar a técnicos, pero es cierto que no a una gran cantidad. Las cuantías de los expedientes que se ven en Urbanismo a veces son de gran tamaño y sobre ese procedimiento hay posibilidad de recurso y presentar los datos con los que se esté en contra. Todo lo llevan técnicos de la delegación y ellos son los que en definitiva tienen que comprobar que el procedimiento de infracción es correcto y amparado a ley.
P.- La cuantía de la sanción llama la atención aunque haya pasado de 500.000 a 300.000 euros
R.- Es cierto que se redujo porque había posibilidades para ello. Lo ideal sería ir viendo si desde el 2012, cuando se iniciaron las multas a técnicos en base a la LOUA, se puede hacer un proceso de licencias más relacionado con los técnicos para que vayamos a reducir ese número de infracciones a técnicos así como a promotores.
P.- Trascendió que ustedes iban a trasladar al secretario municipal la sanción para que la revisara
R.- Sí, no se le ha dado traslado todavía pero lo vamos a hacer. Vamos a pedir una opinión, más que nada por dar tranquilidad tanto a la persona más afectada, que es el arquitecto, como al gabinete jurídico de la delegación, para ver si su criterio ha ido en buena línea o no. Ya se ha hablado en la delegación
P.- ¿No va un poco contra los cánones actuales de la transparencia el hecho de no conocer quién está detrás del fondo de inversión norteamericano que pone los 150 millones de euros para la última promoción que han presentado para la zona de Santa Clara?
R.- Nosotros tuvimos una reunión aquí en Urbanismo, vino personal de Urbania y también con la persona que se va encargar de la venta de las villas. Del fondo de inversión no puedo asegurar que viniera alquien y no dímos importancia a la procedencia de ese fondo, porque aquí tutelamos el proceso urbanístico y no entramos en ello.
Afirmar desde la Delegación de Urbanismo que las normas urbanísticas son “interpretables” a criterio del técnico que las revisa, es abrir la puerta a la futura corrupción. Si hay algo en esta vida que es inmutable es la longitud del metro, la superficie del cuadrado, el volumen del cúbico, el número de todos ellos, o el hecho de que una vivienda unifamiliar se convierta en un Centro Comercial y se pueda luego escindirse en partes, para su posterior posible venta y obtención de lucro. Si al que le es aplicado este criterio es el anterior Delegado de Urbanismo, algo empieza a oler a podrido en las manifestaciones del nuevo, en este caso de la nueva.
Lo único que los nuevos promotores inmobiliarios necesitan ya saber son los requisitos para adaptar esos cambiantes criterios a sus necesidades. El Ayuntamiento debería publicarlos en su web, si lo que pretende es transparencia.
Y en cuanto a los arquitectos, absténgase hermanos de abogados que destapen situaciones irregulares de políticos, como existencias en sus patrimonios de inmuebles cuyo valor se multiplique por cien, cuentas en paraísos fiscales y mecanismos para evadir impuestos. Absténganse también, por si acaso, familiares de implicados en plataformas como la de antideslinde, de momento fuera del alcance de las represalias municipales.
Bueno, bueno, bueno.. Esto es oficializar el “mangoneo”