El abogado Juan Germán Hoffman durante el juicio por el caso Malaya, en 2011 y el alcalde de Estepona, José María García Urbano.
“Es un pelotazo antológico con el que se dan la mano el gilismo y el neogilismo del PP”. Esta es la primera reacción oficial del grupo municipal de Izquierda Unida en Marbella ante los hechos desvelados por Marbella Confidencial el pasado miércoles, relacionados con la venta del edificio de Urbanismo a una sociedad en la que participan el alcalde de Estepona, Jose María García Urbano (PP); el prófugo condenado en el ‘caso Malaya’ Juan Hoffmann (testaferro de Juan Antonio Roca y Pedro Román, exprimer teniente de alcalde del GIL) y el conocido constructor Bonifacio Solís.
En declaraciones a este medio digital el coordinador local de IU y portavoz, Miguel Díaz, sostiene que lo que la delegada de Urbanismo del PP, Kika Caracuel, ha denominado “expropiación” es una “mala operación para Marbella”.
El exteniente de alcalde entre 2015 y 2017 denuncia que “comprar ese edificio es entregar en bandeja un negocio redondo a un grupo de promotores del núcleo duro del gilismo y el neogilismo, con prófugos de la operación Malaya y personas íntimamente relacionadas con el PP como el propio alcalde de Estepona”, enumera el munícipe de IU.
Diaz afirma que el gobierno bipartito local, formado por PP y OSP, “se va gastar 3 millones de euros en adquirir tres plantas de un edificio, construido ilegalmente, empleando fondos de patrimonio municipal de suelo, cuyo destino por ley debe ser de forma prioritaria para política de vivienda protegida”, recuerda.
Aunque Caracuel manifestó el pasado miércoles que dicho inmueble era legal, porque fue regularizado por el Ejecutivo de Ángeles Muñoz en 2012, lo cierto es que en octubre de 2015 –bajo gobierno de PSOE, OSP e IU– el Tribunal Supremo anuló el PGOU de 2010, por lo que el edificio de marras pasó de nuevo a estar en un limbo urbanístico.
“Con estos tres millones se podrían construir 30 viviendas de VPO para familias de Marbella, en lugar de la compra de un edificio que no va a resolver los problemas de la gestión urbanística en la ciudad, ni el atasco ni los déficit existentes”, recalca el candidato para las municipales.
A juicio del máximo dirigente local de la federación de izquierdas, lo que pretende Ángeles Muñoz “es trasvasar casi tres millones de euros para pagar un edificio construido ilegalmente y que no es el idóneo para el servicio que tiene que prestar una delegación de Urbanismo”, dado que se trata de apartamentos.
Miguel Díaz, en la Plaza de Los Naranjos. FOTO//IU.
Argumenta Díaz que “una cosa es recepcionar tres plantas como compensación y otra pagar un precio desorbitado por uno de los edificios más emblemáticos de las atrocidades urbanística del gilismo, precisamente como sede de la delegación de Urbanismo”, rememora el exvocal de la Gestora que precintó este inmueble en 2006, tras la disolución del Ayuntamiento de Marbella a raíz de la ‘operación Malaya’, en la que dos de los propietarios del edificio, uno de paja y otro real (Hoffmann y Román) fueron condenados.
Desde IU consideran que lo que habría que “programar” es incluir en el nuevo PGOU la reserva de suelo para un gran edificio institucional, que acogiese a todas las delegaciones municipales en un lugar “perfectamente accesible, funcional y eficiente”.
Con tal proyecto, propuesto por la formación opositora, “se prestaría un mejor servicio a la ciudadanía y con menos costes de funcionamiento”.
