La polémica después de la apertura en precario de Marbella International University Centre no cesa. Tras desvelar marbellaconfidencial.es el pasado miércoles que el centro había iniciado el curso sin la autorización de la Junta de Andalucía, así como que se enfrenta a una inspección y sanción correspondiente, la coalición Izquierda Unida exige explicaciones a la alcaldesa, la popular Ángeles Muñoz, por haber contribuido a la “inseguridad jurídica”, al inaugurar personalmente el complejo educativo.
En un comunicado difundido este domingo, el edil y candidato a la Alcaldía por IU, Miguel Díaz, ha lamentado el comportamiento de la regidora, al protagonizar el acto inaugural del curso académico y “conveniar una universidad que no cumple con los requisitos legales”. Algo que, a su juicio, “no es el mensaje que necesita Marbella para captar buenos inversores”.
Díaz considera que “si no hay universidad se está incumpliendo la concesión y haciendo un uso inadecuado de recursos públicos que requeriría la revisión de los acuerdos”.
Fuentes de la Dirección General de Universidades, dependiente de la Consejería de Empleo, Ciencia e Innovación, han asegurado a este medio digital que el primer paso que emprenderán será abrir un “expediente informativo, conocer la situación y analizarla”. A partir de ese momento estudiarán si se impone algún tipo de sanción por vulnerar la normativa vigente.
El también diputado provincial censura que Muñoz haya hecho una gestión “inapropiada” de los espacios y edificios públicos, como es el caso de la finca municipal de El Pinillo, “a pesar de el centro no cumple con las autorizaciones y requisitos legales para poder ostentar la condición de universidad”.
Posible incumplimiento de la concesión administrativa
El concejal opositor recuerda que la MIUC incumple lo previsto en el título octavo de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, para las universidades privadas. Entre ellos entre el artículo 58, que impone la necesidad de contar con el reconocimiento oficial de la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito territorial esté establecida.
Lamenta que “con las dudas en torno al proyecto, Muñoz empañe la viabilidad de Marbella como emplazamiento de iniciativas educativas e inversiones de prestigio”. Asimismo, el coordinador local de IU pone de manifiesto “la confusión que se está generando en torno al proyecto”.
Recuerda que en la inauguración de este centro educativo privado se aseguró que cerca de 4.000 estudiantes habían remitido ya su solicitud, cuando lo cierto es que el curso ha empezado con únicamente 80 alumnos. También se aseguró la creación de 150 empleos directos inicialmente, “pero tampoco la alcaldesa ha dado certezas de que se cumpla este requisito”.
Además, califica de “irresponsabilidad” el hecho de que Muñoz haya potenciado una institución educativa privada sin que cumpla todos los requisitos legales y “sin las garantías de que se están cumpliendo las condiciones de la concesión administrativa”.
Para IU también resulta algo “revelador” las ventajas que la alcaldesa da a la iniciativa educativa privada, ya que el canon anual que pagará la empresa concesionaria por los 10.800 metros cuadrados de terreno y los más de 2.500 metros edificados de los inmuebles cedidos por el Ayuntamiento, es de 55.000 euros anuales (4.600 euros mensuales), recuerda Díaz.
Con sólo la matricula de tres alumnos se paga el canon
La matrícula por alumno está en 18.900 euros por curso. De tal forma que “con solo tres alumnos la empresa paga el canon por usar este importante espacio y edificio público”, según los cálculos hechos por el alcaldable de la federación de izquierdas.
Por su parte, el concejal-portavoz de IU, Enrique Monterroso, pide a la alcaldesa que “explique a la ciudadanía qué medidas va a tomar para que este centro educativo cumpla con todos los requisitos legales de la legislación educativa de este país y si la mercantil que tiene la concesión administrativa de la finca y edificaciones de El Pinillo está cumpliendo todos los requisitos de dicha concesión.
El concejal subraya que se trata de un “valioso suelo y un magnífico edificio público” que se ha otorgado en concesión para una universidad. A tenor de lo acontecido hasta ahora cree que “si no hay universidad se estaría incumpliendo la concesión y haciendo un uso inadecuado de recursos públicos que requeriría la revisión de los acuerdos”, sentencia Monterroso.