El grupo municipal de Izquierda Unida ha denunciado este jueves la “paralización y retroceso” de la delegación de Derechos Sociales durante los seis meses del gobierno bipartito PP-OSP. De hecho, la autora de estas duras críticas ha sido la anterior delegada del ramo, Victoria Morales, que se ha referido a la “moción-traición perpetrada el mes de agosto”, en alusión a la moción de censura que desbancó del Ejecutivo local a PSOE e IU.
Morales, que ha comparecido en rueda de prensa junto al portavoz y líder local de IU, Miguel Díaz, sostiene que el área que dirige ahora la edil ‘popular’ Isabel Cintado sufre “una paralización y retroceso que desemboca en una precarización de la atención a los colectivos más vulnerables, a la que se suma la descentralización en San Pedro Alcántara”. Esta última circunstancia provoca, a juicio de la concejala opositora, “desigualdades abusivas entre las subvenciones concedidas a diferentes asociaciones, que, de modo nominal, van a recibir hasta la mitad de cuantía que con el sistema de concurrencia pública que impulsamos desde el gobierno del tripartito”.
Durante los seis meses de gestión conservadora al frente de Derechos Sociales, los ediles de IU aseguran no haber visto “ningún proyecto nuevo” que no hubiera sido impulsado por la formación de izquierdas. En este punto, ponen como ejemplo la firma del Convenio con Cruz Roja, y la posterior inauguración del Centro de Atención Inmediata para los Sin Techo. Se refieren también a la “convocatoria tardía” tanto de la Mesa de Intermediación Hipotecaria como de la Mesa por la Accesibilidad. Según Morales, ambos proyectos “han tardado casi 6 meses en convocarse”.
Morales sostiene que “sólo se informó y debatió sobre el proyecto que impulsamos ya en julio sobre Proyecto de Accesibilidad de Marbella”.
“Queda patente que ha habido un cambio de rumbo en la gestión de los Servicios Sociales, pero totalmente antagónico a lo que veníamos desarrollando nosotros al frente de la Delegación”, inciden los opositores.
Díaz y Morales lamentan que “no se han impulsado mejoras presupuestarias para los colectivos más vulnerables, como hicimos cada año en la gestión de gobierno, pero sí se ha modificado de forma cualitativa la forma de atender a las personas en riesgo de exclusión”.
Con el actual Convenio con el Colegio de abogados, argumentan desde IU, “hay colectivos que perderán la atención a sus casos, como son los ocupantes de viviendas de entidades bancarias”. También consideran notoria “la vuelta al dedazo a la hora de designar las subvenciones de carácter social, perdiendo claramente calidad democrática”, incide la concejala de IU.
Morales acusa a la responsable de Derechos Sociales de “ocultar datos respecto al reparto de partidas económicas para las asociaciones de carácter social en el pasado Consejo Sectorial de Servicios Sociales.
La federación de izquierdas habla también de un “troceo” de la delegación de competencias de Derechos Sociales en San Pedro, como es sabido en manos de OSP, en un territorio del municipio vedado por completo a cualquier participación del PP.
A todo lo anterior se añade, según Morales, que existen “serios problemas” en el trámite de las ayudas económicas, ya que, acota la edil, “están tardando más en tramitarse que en Marbella por no estar claras las responsabilidades de su concesión”.
Morales culpabiliza al PP de esta “desastrosa gestión” de los Derechos Sociales, tanto en Marbella como en San Pedro, “habiendo sido consentidores de esta situación sin pensar en las necesidades de la gente, sino en complacer a sus compañeros de gobierno”.
Seis meses después de la llegada del PP, ha proseguido la exgobernante, tampoco se ha firmado el “tan innovador e interesante documento, que dejamos incluso aprobado por JGL, del Protocolo Socio-Sanitario como herramienta para dar la misma respuesta de las diferentes administraciones a los usuarios de los Servicios Sociales”.
La responsables de movimientos Sociales de IU sitúa “en un cajón guardado” el acuerdo trabajado con las asociaciones de carácter social, para que este colectivo creara empleo destinado a personas con discapacidad.
A juicio de la ‘número 2’ de Miguel Díaz “no se ha avanzado nada en la auditoría de las viviendas municipales, donde estaba implicada el área de Patrimonio”. Una actuación, afirma Morales, imprescindible “agravada por la falta de oferta de viviendas y el precio excesivo en nuestra ciudad y para poner orden en el patrimonio municipal y que las viviendas sociales se habiten por personas que realmente lo necesitan”, subraya.
A modo de conclusión ha criticado la actuación del teniente de alcalde de San Pedro, Rafael Piña, “sin acudir a los espacios propios de los Derechos sociales para escuchar las opiniones”. Así aseguran haberlo comprobado, tanto en la Mesa de Accesibilidad, como en el Consejo Sectorial de Servicios sociales, entre otros ámbitos sectoriales del Consistorio.