Imagen de la fachada de El Corte Inglés de Puerto Banús
Las sanciones urbanísticas contra grandes firmas, iniciadas por la antigua Comisión Gestora del Ayuntamiento de Marbella entre 2006 y 2007 vuelven al primer plano de la actualidad. El candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía de Marbella y concejal, Miguel Díaz, arremete contra “la gestión contraria al interés general de la alcaldesa”, Ángeles Muñoz (PP). Asegura que desde que llegó a la Alcaldía “está aplicando sucesivas rebajas en las multas a los promotores que incumplieron la legalidad urbanística que suman más de 15 millones de euros, una cantidad que jamás se ingresará en las arcas municipales”.
La coalición de izquierdas denuncia la elaboración, en 2010, de un informe técnico por parte de dos abogados, cargos de confianza de la alcaldesa en el Ayuntamiento, que “ha abierto la veda a las rebajas a los infractores en detrimento de las reivindicaciones de justicia y recuperación de lo robado de la ciudadanía”.
Para IU el citado informe jurídico “pone de relieve la voluntad del PP de articular fórmulas para reducir las multas a los grandes infractores como El Corte Inglés, La Cañada ó Ávila Rojas, que cometieron graves ilegalidades urbanísticas en Marbella en plena vorágine de la especulación y la corrupción”.
Según los datos aportados por Díaz, en la última semana se ha conocido que El Corte Inglés de Puerto Banús se ha beneficiado de una quita de 3,5 millones de euros, con respecto a la sanción que le impuso la Comisión Gestora. Tales hechos han sido posibles-acota el edil de IU- “tras la realización de un nuevo informe pericial que reduce en 5.000 metros cuadrados la superficie de ampliación ilegal de este centro comercial”.
En tono jocoso el alcaldable de izquierdas asegura que Muñoz “ha adelantado su ‘semana fantástica’ particular, para reducirle la multa en 3,5 millones” a la citada gran superficie”. Cree Díaz que la alcaldesa de Marbella “ha superado incluso las inigualables rebajas de las que presume El Corte Inglés, sólo que en las rebajas del PP no hay posibilidad de que a la ciudadanía le devuelvan el dinero si queda insatisfecha”, incide el concejal opositor.
Paralelamente, pone de manifiesto que el PP pretenda justificar en “un exceso de celo” de la Comisión Gestora las citadas sanciones, “queriendo ocultar que los informes periciales que valoraron la infracción en los años 2006 y 2007 los hicieron técnicos del Ayuntamiento”. Ahora son elaborados por cargos de confianza, asesores jurídicos externos.
Díaz recuerda que El Corte Inglés “cometió graves ilegalidades urbanísticas, realizó obras sin licencia, construyó en zonas de equipamiento e incurrió en excesos de edificabilidad”. Ahora, para IU “solo cabe esperar que sean las rebajas de fin de temporada de Ángeles Muñoz, y que la alcaldesa y sus rebajas a los infractores sean apeadas del gobierno local en la próxima primavera”.
Las rebajas de multas a La Cañada y Ávila Rojas
La coalición también apunta al centro comercial La Cañada, propiedad del empresario condenado en el ‘caso Malaya’ Tomás Olivo. ” Ya en noviembre de 2011 se le rebajaron 5 millones de euros, por la legalización de la tercera fase del centro comercial”. Una sanción que ha pasado de 23 a 18 millones.
Díaz aporta el argumento de la regidora: “Se ha vuelto a calcular la multa, al estimarse unas alegaciones presentadas por el propio empresario, que disminuían el valor de las obras”. Lamenta IU que, a pesar de la rebaja, ni los infractores pagan ni el Ayuntamiento cobra, “y no es de extrañar que Muñoz aplique una nueva rebaja a Olivo en fechas próximas, ya que el propietario de La Cañada parece dispuesto a pagar tampoco los 18 millones”.
En febrero de 2010, el equipo de gobierno del PP rebajó en 4,5 millones de euros a Ávilas Rojas la sanción impuesta al constructor por la obra ilegal del Francisco Norte, de tal forma que de los 6 millones de euros que tenía que pagar, la multa se queda en 1,5 millones de euros.
José Ávila Rojas, también condenado en ‘Malaya’, entre otros procesos judiciales, es, sin duda, uno de los promotores que más daños urbanísticos causaron en el término municipal de Marbella. Su promoción ‘Banana Beach’, sujeta a demolición, se convirtió en el paradigma de los delitos urbanísticos. Fue el primer caso juzgado en firme contra el exalcalde Julián Muñoz por prevaricación urbanística. Se trataba, según la sentencia, de “un urbanismo a la carta” del promotor.
El PP acusa a IU de mentir con los datos
El portavoz del Equipo de Gobierno, Félix Romero, ha asegurado que Izquierda Unida “se mueve constantemente en la mentira” y ha pedido a esta formación “más seriedad y honestidad en su labor de oposición”.
Romero cree que la federación de izquierdas “solo busca el rédito político” y responde que lo que él mismo califica como “supuesta rebaja” es una aplicación que la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía) establece “en actuaciones legalizables”. Además, añade, “el único documento que existe en el caso del Centro Comercial Costa Marbella es un informe pericial del juzgado”, que reduce la valoración de la superficie realizada por la Comisión Gestora.
“La LOUA prevé que si el hecho constitutivo de la infracción pudiera ser legalizado por no ser disconforme con la ordenación urbanística, la sanción que corresponda se reducirá en un 75 por ciento”, concluye Romero en un comunicado.
