La coalición Izquierda Unida llevará al próximo pleno ordinario del viernes una moción para buscar el apoyo institucional del resto de grupos políticos una Iniciativa Legislativa Popular. Se pretende establecer una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de protección de la Seguridad Social. Así lo han anunciado este lunes sus dos concejales, Miguel Díaz y Victoria Morales, durante un acto reivindicativo en el que han participado junto al veterano dirigente Andrés Cuevas, exsenador, exparlamemtario y exedil, y otros miembros de Comisiones Obreras.
El objetivo de esta iniciativa plenaria es “reforzar el actual sistema de protección social y aportar soluciones”, ha subrayado Victoria Morales, Secretaria de Acción Política IULV-CA Marbella-San Pedro.
“La protección de las personas resulta escasa, e incluso nula en ocasiones si hablamos de cobertura social pública. Resulta imprescindible dar un paso adelante cuando sabemos que en España hay 12,8 millones de personas que se encuentran en riesgo de pobreza o de exclusión social, entre ellos los menores de 16 años”, ha expuesto la concejala de Derechos Sociales.
Cifras de pobreza infantil
La cifra de pobreza asciende a 2,1 millones de niños en riesgo o en pobreza infantil, “situación a la que Marbella y San Pedro no son ajenas”, ha apuntado Morales.
Desde la federación de izquierdas solicitan incrementar el gasto social, para que a todos los ciudadanos el sistema de protección social les garantice unos recursos mínimos. Pretenden también que haya una mayor dotación presupuestaria, de recursos humanos y técnicos suficientes, para dar “una respuesta adecuada” a las nuevas necesidades que se pretenden atender.
Díaz y Morales reclaman al legislador intervenir con nuevas prestaciones, cuyo objetivo final siempre debe ir dirigido, recalcan, al refuerzo de las prestaciones actuales, y “nunca al detrimento o a la sustitución de otras preexistentes”. Otra de sus reivindicaciones es que la prestación de ingresos mínimos sea configurada como una prestación de “derecho subjetivo”, enmarcada en el nivel no contributivo de la Seguridad Social.
A su juicio, la financiación debe garantizarse vía impuestos, a través de los Presupuestos Generales del Estado, y tendrá que responder a criterios de eficiencia, y suficiencia, además de contribuir a lograr una mayor cohesión social y territorial.
Finalmente, los ediles han enmarcado la prestación en los principios de “universalidad, exigibilidad, subsidiaridad, incompatibilidad y derecho personal”.