El candidato de IU a la Alcaldía, Miguel Díaz, junto a los terrenos de Olivo, junto a Victoria Morales (izqda) y Maica Machuca, integrantes de su lista electoral
El candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía de Marbella, Miguel Díaz, hay pedido este viernes a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que “defienda” a la ciudad frente a los “intereses” del conocido empresario Tomás Olivo, propietario del centro comercial La Cañada, en parte de cuyos terrenos está prevista la futura ubicación del recinto ferial.
Díaz, que se ha desplazado junto a miembros de su candidatura hasta los terrenos objeto de la polémica, considera que la regidora “aplica una política de brazos caídos en la defensa ante los juzgados, de la que salen ganando los infractores y pierde la ciudadanía”.
En el caso concreto de los terrenos de La Cañada, Díaz explica que “la sentencia implica que Olivo no está obligado a realizar todas las cesiones que establece el PGOU. Éstas quedan reducidas a la mitad, lo que significa un ahorro de más de 20 millones de euros” para el empresario. Se trata –acota– de una cantidad que no tendrá que aportar en cesiones de aprovechamiento y contribuciones a cargas complementarias.
Propuesta al Pleno
El concejal opositor ha anunciado que va a registrar una propuesta para que, en el próximo Pleno, la primera edil se comprometa a ejercer “todas las actuaciones judiciales necesarias para que el promotor del Centro Comercial La Cañada, Tomás Olivo, no se vaya de rositas y pague de una vez por todas a Marbella lo que le corresponde, por las actuaciones contrarias a la legalidad urbanística que emprendió en tiempos del gilismo”.
Díaz recuerda “las negligencias” de la actuación de los gobernantes del PP en el procedimiento judicial seguido a instancias de Olivo, “mostrando una clara inacción al no contestar a la demanda, ni aportar medidas de prueba, ni informes”, ha recalcado como hiciera días atrás.
Al final –lamenta Díaz– el suelo ha sido declarado urbanizable, “lo que significa que Marbella se quedará sin compensaciones y sale muy perjudicada”.
Para el candidato de la federación de izquierdas, la actuación protagonizada por Ángeles Muñoz y sus concejales “es un nuevo ejemplo de la política de brazos caídos de la alcaldesa”, en referencia a la acción judicial contra los infractores urbanísticos.
“Por no hacer nada, Marbella va a perder más de 20 millones y el futuro recinto ferial queda más en el aire que nunca”, augura el alcaldable. Considera, además, que la gestión de esta situación que afecta a uno de los condenados en el ‘caso Malaya’, como es Olivo, “es un ejemplo de libro del neogilismo en el que nos mantiene instalado el PP”.
Noveno aniversario de la disolución del Ayuntamiento de Marbella por ‘Malaya’
Díaz ha aprovechado la ocasión para recordar que esta semana se cumplen nueve años desde que el Consejo de Ministros disolviese el Ayuntamiento “por estar infectado por la corrupción”. El también diputado provincial asegura que “para celebrarlo Muñoz nos ha regalado tres perlas del neogilismo en estado puro”.
Así, ha enumerado la presencia institucional de “su gobierno” [el que preside Muñoz] en el corte de cinta de la nueva inmobiliaria del hijo de Jesús Gil en Puerto Banús; “la noticia de que el concejal de Urbanismo está esperando fecha para ser juzgado como acusado por prevaricación”; así como que “un actor habitual del urbanismo irregular de Marbella como Tomás Olivo va a salir de rositas por la inacción del gobierno del PP”, denuncia Díaz.
La Ley 29/98 reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa prevé la acción directa de los vecinos en la defensa de los intereses del municipio.
A veces no basta con la mera denuncia. Está muy bien como primer paso, pero si el Ayuntamiento, tras la denuncia, no reacciona, animo a los denunciantes a que lleven a cabo ellos la defensa de los intereses de la ciudad, haciendo uso de los mecanismo previstos en la ley, que es sabia y los prevé por algo.