Los ediles de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Marbella, Miguel Díaz y Victoria Morales, este viernes a las puertas del polémico aparcamiento vinculado al excomisario Villarejo. FOTO/ IU
El grupo municipal de Izquierda Unida ha solicitado este viernes al Ayuntamiento de Marbella, gobernado por PP y OPS, que ejecute la sentencia condenatoria que considera ilegal la concesión del parking de la Avenida Jacinto Benavente, conocido como ‘Los Cipreses’, actualmente vinculado al entorno del excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo.
La citada formación opositora pretende que el actual equipo de gobierno retire la concesión administrativa otorgada a partir de 2003 por la junta de gobierno que presidía la exalcaldesa Marisol Yagüe, junto a exediles del PSOE (tránsfugas) y concejales del PA también condenados, a la sociedad Autocobermar S.L., en la que aparecía como administrador el trabajador municipal Antonio Codías, relacionado con Villarejo.
Díaz ha expuesto ante los medios de comunicación, a las puertas del polémico aparcamiento, que la resolución judicial de la Audiencia de Málaga, conocida este miércoles pasado, “prueba la ilegalidad que pesaba sobre el mismo y que Izquierda Unida ya había denunciado hace cuatro meses”.
Asimismo, el portavoz de IU ha recriminado al PP que “tras cuatro meses desde que se tomó el acuerdo en el pleno municipal a iniciativa de Izquierda Unida no se ha hecho nada para revisar una concesión que le ha costado a la ciudadanía de Marbella 3 millones de euros en sus 14 años de explotación”.
El que fuera teniente de alcalde del anterior gobierno tripartito (PSOE-IU-OSP) entre 2015 y 2017 ha incidido en que esta sentencia “deja en muy mal lugar al PP”, ya que el portavoz municipal, Félix Romero, sostuvo en el Pleno que esta era una de las concesiones otorgadas durante el gilismo (1991-2006) que “más visos de legalidad revestía”. Ahora se evidencia que todo lo contrario, a tenor del fallo judicial y tras la conformidad alcanzada por el tribunal con los condenados, por lo que no habrá recursos judiciales.
El Ayuntamiento ejerció la acusación en el juicio
La propia sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga refleja que el Ayuntamiento de Marbella ejerció la acusación en este proceso penal e , incluso, se adhirió a las tesis que mantuvo la Fiscalía a la hora de solicitar las penas.
Díaz y Morales han recordad también que “la revisión de las fraudulentas concesiones administrativas del gilismo, es una petición que Izquierda Unida viene realizando al equipo de Gobierno del PP desde 2007”.
El perjuicio económico para el Ayuntamiento
“Más allá del perjuicio legal para el Ayuntamiento, también existe un perjuicio económico para la ciudadanía”, ha indicado Díaz.
“Desde IU estimamos que, teniendo como base solo la tasación media que realizaba el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga por plazas de aparcamientos similares aquellos años, el Ayuntamiento ha dejado de ingresar en los 14 años de explotación realizados por esta sociedad relacionada con Villarejo más de tres millones de euros, y de explotarse los 75 años previsto por este hombre, el Ayuntamiento perdería unos 18 millones de euros”, precisa el edil opositor.
Al concurso de concesión administrativa de este parking, ubicado en una de las mejores zonas de Marbella, con unas condiciones de explotación muy beneficiosas “canon muy bajo y tiempo de explotación casi eterno”, denuncia IU, solo se presentó una empresa, Autocobermar SL, precisamente la misma que había solicitado por escrito el inicio del expediente a Marisol Yagüe.
Antonio Codías Berrocal, ya desde 2002, simultaneó sus funciones de administrador de Autocobermar SL, con su trabajo de inspector de obra del ayuntamiento, “lo que le hacía incurrir claramente en causa de incompatibilidad y por ende como posible causa de nulidad de la concesión concedida”, apunta Miguel Díaz.
La sentencia del pasado miércoles también confirma que la propia constitución de la mesa de contratación y el acuerdo de la concesión se realizó sin haber expirado el plazo de presentación de solicitudes. De hecho, la mesa de contratación “certificó que no había más ofertas cuando realmente sí las había”, ha advertido Díaz.
Los antecedentes del ‘caso Autocobermar’
El llamado ‘caso Autocobermar’ fue destapado por este periodista desde las páginas del diario El Mundo, concretamente el 12 de abril de 2005, con un titular a cuatro columnas que decía así: El Ayuntamiento de Marbella adjudicó un parking a un exinspector municipal de obras. Se trataba de Antonio Codías.
Reproducción de la primera información que publicó El Mundo, en abril de 2005, cuando destapó este caso sobre la adjudicación irregular del aparcamiento.
La sociedad Autocobermar se constituyó el 17 de julio de 2002 y tuvo como socios al citado Codías, así como a Francisco Javier López Crespo. Según los datos recabados por Marbella Confidencial en el Registro Mercantil, en agosto de 2011 la sociedad pasó a ser de un socio único: Club Exclusivo de Negocios y Transacciones S.L., domiciliada en la Torre Picasso, donde el comisario Villarejo tenía su principal despacho en Madrid. La conexión con su hijo de nuevo es evidente, porque en Club Exclusivo de Negocios figura como administrador único José Manuel Villarejo Gil.
El informe de tasación valoró individualmente estas plazas de aparcamiento en 6.010 euros, cuando el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga, tasaban plazas similares en 22.500 euros, y en el mercado se pagaban entre 25.000 y 30.000 euros.
El informe de valoración complementario que debía ser emitido por los servicios técnicos municipales, solicitado vía reparo por el Interventor Municipal del Ayuntamiento de aquellos años, no fue elaborado, tal y como ha recordado Izquierda Unida este viernes.
Cabe recordar que el exedil del GIL Alberto García Muñoz, ya como edil opositor, presentó una querella ante la Fiscalía de Málaga contra la comisión de gobierno que presidía Yagüe por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. La entonces titular del Juzgado de Instrucción 1 de Marbella, Carmen Rodríguez Medel, conocida ahora por el llamado ‘caso master’ citó como imputados a Yagüe y los siguientes tenientes de alcalde: Isabel García Marcos, Carlos Fernández y Pedro Pérez ‘Chotis; el tránsfuga del PSOE José Jaén y los entonces ediles gilistas Victoriano Rodríguez, Carmen Revilla, Rafael Calleja y Tomás Reñones.
Se da la circunstancia de que el llamado ‘caso Autocobermar’ es una de las causas que se declararon prescritas en el proceso de extradición que se lleva a cabo sobre el prófugo del ‘caso Malaya’ Carlos Fernández. Fue en septiembre de 2017 cuando el Juzgado de Instrucción 1 de Marbella declaró, mediante un auto la prescripción para Fernández, si bien el juicio oral se habría celebrado contra el resto de acusados, incluido Antonio Codías y el exsecretario municipal Leopoldo Barrantes. A los delitos inicialmente denunciados por García Muñoz el juez sumó los de fraude, falsedad e información privilegiada a la ahora de adjudicar la concesión del parking.
