Los concejales de IU, Miguel Díaz y Victoria Morales, este martes en rueda de prensa. Foto/ IU
El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Marbella ha reclamado este martes la elaboración de un censo de los bienes incautados en procesos de corrupción municipal que van a revertir en las arcas del Consistorio.
Miguel Díaz, portavoz de la coalición, ha comparecido en rueda de prensa junto a la edil Victoria Morales para proponer que “habrá de elaborarse un censo público que se exponga en la página web corporativa del Ayuntamiento con todos los bienes o cantidades económicas que se hayan recuperado o se recuperen en virtud a la ejecución de las sentencias de los casos de corrupción sufridos en Marbella”.
El exteniente de alcalde entre 2015 y 2017solicita que “se indique el destino que se le da a cada una de estos bienes o cantidades económicas, para que se permita de forma transparente un seguimiento a tiempo real de la situación del proceso por parte de la ciudadanía”.
Díaz recuerda que IU ya realizó en 2011 tal petición, “con la negativa del PP”, formación que argumentó, recuerdan desde el partido opositor, “que aún no se conocía cómo iba a quedar la sentencia firme sobre el caso Malaya”. Ante esta justificación el coordinador de la federación de izquierdas recalca que “ahora ya se conoce”, por lo tanto, entienden que se va a aceptar esta enmienda propuesta y que “no va a haber excusas”.
Con el fin de que tales acciones sean eficaces, IU pedirá que se solicite a la administración competente, en este caso la Audiencia de Málaga, “la retirada de aquellos bienes que puedan tener un aprovechamiento para el fomento de actuaciones de utilidad pública, o de interés social del municipio de Marbella”, de la web ‘ventadebienesroca-malaya.com’.
Además, Izquierda Unida pide añadir a los cuatro bienes inmuebles obtenidos por procesos judiciales señalados, otros dos que se hallan en la misma situación y que en la actualidad se encuentran a la venta por parte de la Audiencia Provincial. Se trata de una parcela en Cascada Camoján, con una superficie de 6.702 m2 (a la venta para la mejor oferta que se reciba) y una vivienda unifamiliar pareada en La Alzambra (Precio de venta: 1,5 millones de euros).
Miguel Díaz ha explicado, durante su comparecencia junto a Morales, que “son 16 millones de euros los que desde el equipo de gobierno se va a plantear poder revertir a las arcas del Ayuntamiento de Marbella y cinco inmuebles, cuatro fincas y una vivienda céntrica que pertenecía a Juan Antonio Roca”, en clara alusión al piso de más de 500 metros cuadrados ubicado en el edificio Poseidón, cercano al Paseo Marítimo.
Enmiendas a la propuesta de la alcaldesa
La iniciativa del grupo opositor se enmarca como una de las enmiendas al pleno extraordinario de este jueves 5 de julio, donde la alcaldesa, Ángeles Muñoz, dará cuenta de todos estos inmuebles para conseguir su reversión en el patrimonio municipal, tal y como anunció la pasada semana cuando recibió el talón de 12 millones de euros, de manos del presidente del tribunal del ‘caso Malaya’, José Godino.
“Es necesario resarcir al municipio de las consecuencias de los delitos de corrupción, del daño infligido a la ciudad, de los equipamientos perdidos, la suma económica robada, pero en las propuestas del PP falta ese elemento fundamental, la participación ciudadana, de ahí que la seis enmiendas que presenta IU vayan dirigidas a garantizar dicha participación”
Consulta ciudadana
IU quiere que tal devolución “cuente con la participación de los vecinos”, los mayores afectados de ese “saqueo institucional”, y en las cuatro iniciativas que el gobierno del PP va a llevar al próximo pleno extraordinario sobre el particular “no se contempla esa posibilidad”, lamenta Miguel Díaz.
De forma paralela, solicitarán que se realice una consulta para que la ciudadanía decida a qué proyectos de utilidad pública, o interés social, se destinan las cantidades económicas recuperadas de las sentencias por corrupción.
Por último, reclaman la creación de un “Grupo de Trabajo” compuesto por representantes de todos los grupos municipales, para que en un plazo máximo de un mes consensúen propuestas de proyectos de utilidad pública, o interés social que sirvan de base a dicha consulta a la ciudadanía.
