Los actuales concejales de Izquierda Unida, Miguel Díaz y Victoria Morales, durante un pleno reciente
El Grupo Municipal de Izquierda Unida no ha querido desaprovechar la ocasión, tras el escándalo de las multas prescritas bajo mandato del PP, para recordar que los concejales Miguel Díaz y Enrique Monterroso denunciaron en julio de 2014 la “política de rebajas” de la exalcaldesa Ángeles Muñoz a grandes infractores. La suma ascendía por aquel entonces a 15 millones de euros perdidos por las rebajas, según un informe citado por IU, elaborado por cargos de confianza de los ‘populares’.
La última novedad sobe las multas que dejó prescribir la ha desvelado Marbella Confidencial este viernes, al publicar que sociedades de la familia del fallecido Jesús Gil se vieron beneficiadas por la prescripción de las sanciones
Díaz elogia la labor de la actual delegada de Urbanismo al desvelar las irregularidades
El portavoz municipal de IU, Miguel Díaz, valora el “buen trabajo” de la actual delegada de Urbanismo, Isabel Pérez, y aboga por “investigar a fondo estas circunstancias, así como el período de 2011 a mayo de 2015, según el comunicado difundido este viernes desde la federación de izquierdas.
“A la opaca gestión urbanística de los años del PP, censurada por Transparencia Internacional, y que mantiene al que fuera concejal de Urbanismo del PP, Pablo Moro, pendiente de resolución judicial por presuntos delitos urbanísticos, se le suma la negligencia de dejar prescribir más de 9 millones de euros en sanciones urbanísticas en solo dos años”. Para Díaz, lo anterior es un dato revelador del “continuismo claro” entre los gobiernos del PP con respecto al GIL.
El teniente de alcalde denuncia que “el neogilismo” de Ángeles Muñoz se realizó una amnistía a los años de la corrupción urbanística y los ciudadanos “nos hemos quedado sin compensaciones y sin el cobro adecuado de las sanciones urbanísticas”, lamenta.
La “falta de actuación” en la recaudación de multas durante ocho años
Del mismo modo, Díaz recuerda que durante los años de gobierno de Ángeles Muñoz, desde IU se puso de manifiesto, en diversas ocasiones, la “falta de actuación” en la recaudación por sanciones urbanísticas.
A la luz del informe ahora desvelado, para Díaz queda claro “por qué cuando elaboraba los presupuestos municipales, el PP incluía solo 500.000 euros por sanciones urbanísticas y rechazaba nuestras alegaciones para que se elevara esta cifra”.
Asimismo, desde IU recuerdan el informe elaborado por “los cargos de confianza del PP en la Asesoría Jurídica y la Dirección General de Urbanismo para rebajar las sanciones a los principales infractores urbanísticos”.
Febrero de 2010, rebaja de 4,5 millones a Ávila Rojas
En febrero de 2010, el gobierno del PP rebajó en 4,5 millones de euros a Ávila Rojas la sanción impuesta a este constructor por la obra ilegal del Francisco Norte, de tal forma que de los 6 millones de euros que tenía que pagar, la multa se queda en 1,5 millones de euros.
También Tomás Olivo, propietario de la Cañada, se vio beneficiado por esta política de rebajas del PP, de tal forma que ya en noviembre de 2011 se le rebajaron 5 millones de euros por la legalización de la tercera fase del centro comercial. Una sanción que pasó de 23 a 18 millones.
El argumento de la exalcaldesa para justificar esta reducción fue que se había “recalculado” la sanción al estimarse unas alegaciones presentadas por el propio Olivo, que disminuían el valor de las obras.
Díaz recuerda también la rebaja de la sanción a El Corte Inglés, que se vio beneficiado con una quita de 3,5 millones de euros. La exalcaldesa lo justificó en un nuevo informe pericial, que aseguraba, además, que la Comisión Gestora se excedió en la valoración de la ampliación ilegal de 5.000 metros cuadrados de este centro comercial.
“La punta del iceberg”
Ya en julio de 2014, IU cifraba en 15 millones de euros las rebajas a grandes infractores y consideraba que era “solo la punta del iceberg de reducción que el PP llevaba haciendo desde 2008 con las sanciones. Ahora, la información conocida esta semana da prueba de ello e, incluso, la agrava”.
A todo lo anterior cabe añadir la suma de cantidades económicas, suelo, bienes y aprovechamientos que los ciudadanos “no han cobrado por la no no ejecución de las cargas previstas en el proceso de normalización de las edificaciones ilegales”, señaladas en el PGOU de 2010.
El ahora gobernante sostiene que que a pesar de la obligación del Ayuntamiento de hacer ejecutables ejecutables las citadas cargas, “lo cierto es que el Ejecutivo del PP nunca obligó a ninguno de los infractores”, concluye Díaz.
