El concejal de IU, Miguel Díaz, ha asegurado este lunes que el incremento de las retribuciones a cinco directores generales del equipo de gobierno es “desproporcionado” y está injustificado. El edil ha emplazado a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, a que explique cuáles son los motivos que llevaron al gobierno local a aprobar complementos salariales por importe de 1.400 euros al mes a cinco directores generales, excargos de confianza de PP y OSP, que perciben de sueldo 54.000 euros al año. Ahora, con este incremento, sus emolumentos rondarán los 70.000 euros.
La aprobación de los pluses salariales hace que el director general de Urbanismo, José María Morente; el de Alcaldía, Mario Ruiz; la de Cultura y Educación en Marbella, Carmen Díaz; el de Hacienda, Daniel Mahíquez; y la de Cultura y Educación en San Pedro, Gema Midón ganen unos 6.000 euros más al año que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.
“El acta de la sesión en la que se aprueban los pluses por 1.400 euros al mes carece de motivaciones de peso. Señala que el aumento de los emolumentos se hace por ‘interés, iniciativa y esfuerzo’, tres actitudes que se presumen en cualquier trabajador, más aún en esta escala”, ha señalado Díaz.
El concejal de IU se ha preguntado si “¿quiere esto decir que el resto de directores generales y cargos de confianza que no han sido agraciados con el sustancioso complemento carecen de interés, iniciativa y esfuerzo?”.
Díaz ha señalado que, tras la subida salarial, “se encuentra un episodio más de despilfarro del PP y OSP salpicado, en esta ocasión, por la habitual opacidad”. El concejal se ha referido así al hecho de que Muñoz trató de ocultar a los vecinos y medios de comunicación el incremento de los salarios ya que la regidora obvió la información en la rueda de prensa que ofreció tras la junta en la que el gobierno local aprobó los suplementos.
“La opacidad va más allá ya que en los casos de los directores generales de Urbanismo y Alcaldía no se refleja la subida de sueldo, ni el Curriculum Vitae ni la declaración del IRPF que exige el Código de Buen Gobierno”, ha señalado.